Aunque autoridades estatales lo han negado de manera sistemática, familiares de internos en el penal del Hongo insisten en denunciar irregularidades en tal Centro de Reinserción Social (Cereso), entre éstas:
* Pago a cambio de privilegios, como buenas camas, servicio de lavandería, limpieza, espacios exclusivos
* La existencia de una mafia interna que realiza cobros irregulares
* Tráfico de drogas, uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos.
Este tipo de irregularidades y excesos permiten que reos que pertenecieron a alguno de los cárteles que delinquen en Baja California, léase Arellano Félix (CAF), Jalisco Nueva Generación (CJNG) o de Sinaloa (CDS), continúen con la operación criminal desde la reclusión, como quedó evidenciado el 5 de noviembre en audiencia inicial por homicidio calificado, cuando un testigo reveló que, desde el penal, El Chiquilín orquestó y ordenó el asesinato de Cristian Vázquez el 27 de mayo y de por lo menos tres personas más.
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A través de llamadas telefónicas desde el interior del penal, el capo, de nombre Ismael, estaría relacionado con el CJNG, de acuerdo a investigadores del asesinato de quien fuera colaborador del ex alcalde tecatense Darío Benítez.
Ismael se encuentra recluido desde 2020, pero de acuerdo a indagaciones, ha estado involucrado en múltiples ataques posteriores, entre éstos la muerte de Olivia Martínez, policía de Tecate, en 2021.
Un investigador reveló a ZETA: “No sólo operan con su gente que va ingresando, sino que ahí mismo, al interior del penal, captan a más, particularmente al que tiene condenas breves por pagar, para que al momento de salir del penal, presten sus servicios o formen alianzas”.
La operación de los criminales desde el interior no es el único problema detectado. Tráfico de drogas y de tabaco es otro de los temas que la autoridad penitenciaria no ha podido controlar. Los estupefacientes ingresan al penal en mulas, alimentos, bebidas, incluso drones que esquivan las bardas perimetrales de más de tres metros, erigidas alrededor de las instalaciones, como quedó registrado el 31 de marzo de 2021, cuando un dispositivo que sobrevolaba el Bloque I fue interceptado con marihuana suficiente para elaborar 193 cigarrillos, y al menos 4 mil 770 dosis de heroína.
Cifras registradas por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, colocan en primer lugar incautaciones de marihuana y drogas en polvo principalmente en el Bloque I, donde se encuentran internados 3 mil reos acusados de todo tipo de delitos; en los bloques II Y III las incautaciones disminuyen, derivado de fuertes medidas de seguridad como filtros de revisión y la limitación de reos en zonas de aislamiento.
En el Bloque II son confinados 600 reclusos, mientras que en el III se alberga a prisioneros considerados más peligrosos.
Aunque las autoridades han intentado asegurar que al interior del penal permea la disciplina y la desintoxicación, así como la nula presencia de aparatos electrónicos, hechos como el registrado en mayo lo ponen en duda. Ese día un recluso fue encontrado muerto en su celda, la presunta causa del deceso se asentó como “paro cardiorrespiratorio secundario a probable abuso de sustancias ilícitas” por parte del médico Jesús Manuel Solís Andrade. El reo, identificado como José Ramsés Lerma, de 39 años, estaba en el módulo G de la Estancia 4, y cuando su cuerpo fue localizado, se encontraba de rodillas en estado de rigidez, y en sus brazos, marcas visibles de haber recibido alguna sustancia.
Algunos familiares confiaron a ZETA que sus reclusos ingresaron al penal sin algún tipo de adicción, y durante su estancia se han tornado dependientes a múltiples drogas, todas obtenidas al interior.
La presunta participación de agentes penitenciarios en las irregularidades dentro del penal El Hongo ha sido señalada constantemente, no sólo por consanguíneos de los reos, que en múltiples ocasiones se han manifestado al exterior de las instalaciones o sobre la carretera Tecate-Mexicali, a la altura del camino de acceso al penal; también han sido señalados en narcomantas, como la colocada y asegurada el 20 de enero de 2024 al exterior de una propiedad en venta sobre la Carretera Libre, acompañada de una corona de flores:
“Julián Lara Ceja, por trato injusto e ideas estúpidas que tiene en contra de los internos y hasta su propio personal, si usted gobernadora no toma cartas en el asunto, tráigase toda su fiscalía para que los cuiden”.
Acusaban entonces al comisario Lara de actos de hostigamiento, maltrato y nexos con el crimen organizado, permitiendo a la fracción de Los Chapitos, del CDS, el ingreso y venta de estupefacientes al interior del penal. También a custodios como Avilés, Coronel, Villalbaso, Flores Castro y Figueroa.
A pesar de los señalamientos, la Fiscalía General del Estado informó que no existe investigación alguna sobre directivos, mandos o custodios, ni siquiera para esclarecer el señalamiento realizado por un testigo que acusa a un reo de orquestar el asesinato del ex asesor de Darío Benítez a raíz de una alianza de Ismael con presuntos integrantes del CJNG que recientemente obtuvieron la libertad.
