Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), rechazó, el 29 de octubre de 2024, que los elementos del Ejército que proporcionan labores de seguridad pública violaran de forma sistemática los derechos humanos.
Al participar en la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el general fue cuestionado respecto a la revelación realizada por el diario Reforma, que en su nota principal de su versión impresa del 24 de octubre de 2024, informó que un hombre denominado como “Alexis”, viajaba en su camioneta sobre una avenida en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán de Rosales, cuando fue detenido por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), los cuales intentaron ejecutar extrajudicialmente al civil -al cual hirieron con disparos de arma de fuego-, con el pretexto de que transportaba a presuntos delincuentes.
Sin embargo, según el relato del citado rotativo, los elementos de la SEDENA y de la GN, se retractaron de su intento de ejecución extrajudicial al civil, quien era inocente de los señalamientos en su contra, debido a que se percataron de que existía una cámara de seguridad, que grabó todo el incidente. El hombre fue liberado por falta de pruebas en su contra.
Ante ello, el titular de la SEDENA aseguró que todos estos operativos eran investigados por las autoridades militares y civiles, e insistió en que el personal del Ejército recibía capacitación para respetar los derechos humanos.
“Sistemáticamente no se violan los derechos humanos porque también hay en muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacuan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya”, describió Trevilla Trejo.
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Por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), respaldó los dichos de el mando militar, de que los casos en los que hubiera agresiones entre elementos de la SEDENA y grupos de la delincuencia organizada, eran investigados y, en su caso, sancionados.
“No hay un sólo caso, uno de un enfrentamiento entre militares y civiles, con bajas por parte de ambas partes, que no haya iniciado una carpeta [de investigación] de inmediato, independientemente de la de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer por los delitos militares, por los delitos del orden civil. En todos los casos de inmediato se ha iniciado la carpeta, hemos judicializado una gran cantidad de estos casos; tenemos varios militares que están ya en la cárcel”, apuntó Gertz Manero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 24 de octubre de 2024, que elementos de la SEDENA se defendieron a ataque, por lo que 19 personas murieron, en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de dicha institución de las Fuerzas Armadas, durante el operativo de detención de Edwin Antonio Rubio López, “El Oso” y/o “El Max”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa en dicha entidad y en Baja California.
“Fue una detención y ahí hubo ataque a las fuerzas que iban a detener a esta delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe de seguridad y ahí se pueden dar más detalles de este operativo”, dijo Sheinbaum Pardo.
“En todos los casos de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente”, indicó la mandataria nacional.
“Entonces si quieren que se informe claramente, pues fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron”, precisó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Ante la pregunta sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante el operativo de detención de “El Max” -llevado a cabo el 21 de octubre de 2024- y las acusaciones de que civiles inocentes podrían haber sido afectados, Sheinbaum reiteró que las Fuerzas Armadas, incluyendo la SEDENA, contaban con mecanismos internos de investigación.
Sheinbaum Pardo insistió en que su Gobierno mantenía una política de evitar enfrentamientos innecesarios y reiteró que no se buscaba regresar la conocida guerra contra el narcotráfico.
Luego de que una reportera le preguntara respecto a otro incidente en Culiacán de Rosales en el que, presuntamente, un grupo de ocho militares intentaron asesinar a un civil inocente, la titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que su Gobierno no permitiría ejecuciones fuera de la ley.
“No es llegar a un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunto delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia e investigación carpetas de investigación o en el caso de flagrancia la detención de un delincuente”, detalló la mandataria nacional.
“La instrucción que hemos dado es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar la guerra contra el narco, no es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
“En particular en estos casos que mencionas hay investigaciones por ejemplo en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas que fue un caso que vivimos cuando entramos al Gobierno y, en los otros casos, cuando hay situaciones como estas hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no”, comentó la presidenta.
“Distinto es en un marco de violencia, cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. En todos los casos en que hay una presunta irregularidad las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público […] Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre, no vamos a entrar a una situación fuera del marco de la ley. Por más difícil que sea la situación de inseguridad de grupos criminales, siempre tenemos que actuar en el marco de la ley”, insistió la mandataria nacional.
“Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia”, agregó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
La SEDENA confirmó, el 22 de octubre de 2024, que 19 personas murieron por un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de dicha institución de las Fuerzas Armadas, durante el operativo de detención de “El Oso” y/o “El Max”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa en dicha entidad y en Baja California.
“La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de manera preliminar que, en el marco del Plan de los 100 días, el 21 de octubre del presente año, el Ejército Mexicano aseguró a un generador de violencia, un inmueble, armamento, equipo táctico y vehículos, en la comunidad rural de Plan de Oriente, a 11 kilómetros al este de Culiacán, Sinaloa”, indicó la SEDENA, en un comunicado.
“Como resultado de las acciones para fortalecer el Estado de derecho en el país, se detuvo a Edwin Antonio ‘N’ alias ‘El Max’, presunto jefe de una célula delictiva, afín a la facción ‘Mayo Zambada’ del Cártel del Pacífico, que ha participado activamente en la reciente violencia suscitada en el municipio de Culiacán, Sin”, detalló la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Durante el evento, se registró una agresión contra el personal militar por más de 30 individuos, integrantes de citada célula y la escolta cercana del detenido, siendo repelida por las fuerzas federales en defensa de su integridad física, resultando 19 agresores fallecidos, logrando el resto darse a la fuga”, abundó la SEDENA.
“En este hecho, el personal militar actuó con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos y a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. Además, en el lugar se aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas, 1 fusil Barret, múltiples cartuchos de diferentes calibres, 13 chalecos tácticos, 9 cascos balísticos y 7 vehículos”, dijo la Secretaría de la Defensa Nacional.
“El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sin., para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales respectivas. De esta manera, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, refrendando su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”, finalizó la SEDENA.
Fuentes oficiales, citadas por el periódico local Noroeste, indicaron que los decesos se registraron por una confrontación derivada de un operativo directo, llevado a cabo, entre la tarde y la noche del 21 de octubre de 2024, en una finca color blanco con un portón negro, ubicada en el poblado Plan de Oriente, conocido como El 12, en la zona rural al oriente del municipio de Culiacán de Rosales, Sinaloa.
Rubio López, quien también estaba supuestamente ligado a grupos bajo el mando de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo” -de 76 años de edad y preso en Estados Unidos-, fue localizado en la calle Unión, de la localidad Plan de Oriente, de Culiacán de Rosales.
La SEDENA -que utilizó tareas de seguimiento e inteligencia para la captura del presunto narcotraficante- trasladó al detenido -de 1.78 metros de estatura, complexión robusta y cabello negro-, a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.
“Le describen como un hombre de aproximadamente 35 años de edad, tez morena clara, complexión regular. Al momento de su aprehensión, vestía playera, pantalón y botas color negro”, informó el diario local Noroeste.
La captura se llevó a cabo tras una serie de enfrentamientos reportados por vecinos. Al detenido se le atribuía el envío de drogas sintéticas y cocaína desde Sinaloa a Estados Unidos, vía Tijuana.
Según lo reportaron medios locales, durante el operativo, el Ejército utilizó un helicóptero. “El Max” y/o “El Oso” ya estuvo preso, en 2013, en el Centro de Readaptación Social (CERESO), La Mesa, ubicado en Tijuana, por portación de arma de fuego de uso exclusivo y homicidio calificado.
