El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homónimos locales, son los que siguen en la lista de enemigos públicos del flamante gobierno morenista dirigido por Claudia Sheinbaum Pardo, quien mantiene la tangente de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en contra de cualquier ente público que pueda representar un contrapeso.
Es poco lo que se ha dicho por parte de la mandataria federal, pero sus declaraciones son contundentes hacia uno de los pocos órganos que mantiene un ápice de credibilidad y ha representado una de las principales llaves de la transparencia en el manejo de recursos públicos y acciones de gobierno.
La Ley Federal de Acceso a la Información Pública, es una lucha de décadas, con gobiernos neoliberales o no, han sido descubiertos en sus actos de corrupción y abusos por medio de estas herramientas que buscan garantizar los Derechos Humanos, entre éstos uno tan importante como la información pública.
Ha tomado más de 20 años hacer que un ente como el INAI (antes IFAI) y sus homólogos locales cimienten bases suficientemente fuertes y se vuelvan parte de las herramientas de la ciudadanía para conocer el manejo del recurso pública. Hoy en día, no sólo periodistas, sino abogados, activistas y líderes sociales, utilizan las herramientas de transparencia cuando hay cerrazón por parte de los gobiernos por informar sobre temas específicos.
Hoy, bajo el argumento de la austeridad, el Gobierno de México pretende acabar con esa lucha.
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Si bien, la capacidad del órgano garante local se ha evidenciado por deficiente y las consecuencias son claras al ver que las solicitudes de información han decaído desde 2017, periodo en que Baja California alcanzó su más alto nivel de peticiones de transparencia -más de 800- y actualmente registra hasta 250 por año, la realidad es que aun así, representaban un espacio para hacer contrapeso.
En la última semana, el INAI dio a conocer en sus plataformas de acceso a la información que, en la última semana, la mayoría de los recursos de revisión interpuestos en contra de los órganos garantes fueron para la Secretaría de la Función Pública, confirmando que las dependencias no desean que se conozca la información relacionada con el combate a la corrupción -o la falta de ella- por parte de los gobiernos.
Nos encontramos ante un nuevo escenario político, donde los gobernantes actuales añoran dirigir un país como lo habría hecho el PRI en los años 70, y se recurre a la Ley y el discurso ideológico para justificar los abusos y el autoritarismo.
Más allá de posiciones ideológicas o políticas, estamos viendo un gobierno que plantea “novedades” para dirigir un nuevo régimen, muy parecidas a las recetas que ya vimos -y fracasaron- en gobiernos anteriores.
Acabar con el INAI y concentrar absolutamente todo el control de la información a un gobierno que ha sido abusivo, autoritario y poco transparente, es retroceder en los grandes avances de nuestra joven democracia.
La gran diferencia es que, contrario al Poder Judicial Federal, los órganos locales de transparencia carecen de una fuerza lo suficientemente cimentada para enfrentar a un Gobierno de México que sólo conoce el mayoriteo como forma de dirigir a un país.
Nadie va a abogar por el INAI ni el ITAIP, y no será enjuiciado por sus resultados, sino por el interés de un régimen a ser todo poderoso… a costa de lo que sea.
