Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entregó, alrededor de las 08:30 horas del 7 de octubre de 2024, a la Mesa Directiva del Senado de la República. a entregar las iniciativas de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la elección de jueces, magistrados y ministros.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, dijo al recibir el paquete de reformas, que el desahogo de las iniciativas en el Pleno del Senado se realizaría la tarde del miércoles 9 de octubre de 2024, después de su dictaminación en comisiones.
“Damos por recibido las iniciativas y las turnaremos para su análisis, esperaría que el miércoles en la tarde las revisemos en el Pleno”, indicó Fernández Noroña. Por su parte, Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, descartó que se fuera a tratar de un ‘fast track’.
“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein acudimos al @senadomexicano a entregar las iniciativas de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo que nos permitirá avanzar en la construcción de una nueva estructura de impartidores de justicia en #México”, escribió Rodríguez Velázquez, en su cuenta de la red social X.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salon Tesorería del Palacio Nacional-, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), detalló las fechas clave del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, que se incluyeron en las iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado.
16 de octubre de 2024. Senado emite convocatoria general para los Poderes. El 31 de octubre del mismo año, la instalación de Comités de Evaluación. El 4 de noviembre, la publicación de convocatorias para la ciudadanía. El 24 de noviembre, inscripciones de aspirantes. El 15 de diciembre, comités verifican requisitos de elegibilidad.
El 31 de enero de 2025, los comités realizan entrevistas y seleccionan finalistas idóneos. El 4 de febrero del mismo año, poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a comités. El 5 de febrero, comités insaculan, depuran listados y devuelven a poderes. El 7 de febrero, poderes aprueban listados depurados y los remiten al Senado. El 12 de febrero, el Senado integra, revisa y remite listados al Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, Godoy Ramos detalló que la votación popular para elegir a los juzgadores se llevaría a cabo el 1 de junio de 2025 y sería el INE y los organismos locales, los encargados de organizar todo el proceso.
Asimismo, la funcionaria federal dijo que los aspirantes podrían participar de manera simultánea, en dos o más convocatorias emitidas en los poderes para el mismo cargo, por circuito o circunscripción. Detalló que al INE “le toca aprobar la boleta [electoral], administrar el tiempo en radio y televisión y emitir reglas y pautas para garantizar el derecho”, tanto del voto, como a ser votado.
Según la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al INE y a los organismos locales también les corresponderá organizar foros de debate “y establecer las bases para que el sector público o privado brinden espacios de manera gratuita para la difusión de la elección”.
Además, al INE y a los organismos locales deberán vigilar que ninguna de las personas que participaran en la elección de jueces, magistrados o ministros, recibiera financiamiento público o privado durante su promoción, así como determinar los topes máximos en gastos de campaña y garantizar que nadie contrate espacios en radio, televisión, internet o cualquier medio de comunicación, para promocionarse.
En su turno, Sheinbaum Pardo detalló que la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF) se llevaría en dos etapas, cuyas votaciones serían en los años 2025 y 2027, aunque aseguró que en el primer bloque se elegiría a los ministros que integrarían la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta expuso que, en el caso de los juzgadores locales, “la Constitución dice que deben modificarse las [constituciones] estatales y la de la Ciudad de México, para hacer su elección. En esas constituciones locales pueden tomar la decisión de que sea una parte en el 2025 y otra en el 2027 o todo en el 2027″.
“¿cómo sabremos las vacancias? El Consejo de la Judicatura [de la Federación] tiene que enviar al Senado el número de vacantes para ser tomados en cuenta”, indicó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo reconoció que “hasta ahora no lo han enviado, lo dijo el senador Fernández Noroña; entonces, si no lo envía, lo que dice la ley es que el Senado buscará saber cuáles son las vacantes y con ello emitirá la convocatoria”.
La mandataria nacional aclaró que serían tres las convocatorias que se emitirían para la elección de jueces, magistrados y ministros: una por el Poder Ejecutivo Federal, otra del Poder Legislativo y una última del PJF.
“Primero, la convocatoria del Senado, y a partir de ahí el Poder Ejecutivo Federal va a lanzar una convocatoria para todas y todos quienes cumplan con requisitos para inscribirse como jueces, magistrados o ministros. Lo mismo hacen el Congreso de la Unión y la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte debe emitir su convocatoria si quiere participar”, dijo Sheinbaum Pardo.
La presidenta detalló que una vez se emitiera la convocatoria, “nosotros debemos elegir a cinco personalidades, el Congreso, cinco, y la Corte, cinco, ésos son el comité de selección. Ese comité emite la convocatoria, se inscribe la convocatoria pública y luego esos comités pueden buscar asesoría para hacer una primera selección”.
“A partir de ahí se pueden hacer entrevistas donde se puede saber quién tiene las capacidades para estos cargos”, aseguró la titular del Ejecutivo Federal, quien también agregó que “después de eso, tenemos que enviar tres [propuestas] por cada puesto, que se definen porque el comité va a seleccionar 10, es decir, del Ejecutivo serán 90 [propuestas] para ministros y ministras, y de ésos, en una sesión pública, se seleccionan a 3 por cada cargo, y esos van a votación organizada por el INE”.
“Estas leyes [que enviamos al Senado] lo que hacen es aterrizar estos problemas que se presenten, para que no todo recaiga en la convocatoria del Senado. Finalmente, frente a cualquier problema, el INE tiene sus instrumentos para resolver cualquier controversia”, comentó Sheinbaum Pardo.
INE SOLICITA AL TEPJF, NO FRENAR ELECCIÓN DE JUZGADORES
El 6 de octubre de 2024, el INE demandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no frenar los preparativos para la elección de ministros, magistrados y jueces, en 2025.
A través de un juicio electoral, el órgano constitucional autónomo argumentó que los jueces no tenían competencia para suspender actos de naturaleza electoral, y que las suspensiones otorgadas frenaban los preparativos de la elección judicial.
“Las autoridades responsables carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos de contenido materialmente electoral, al tiempo que dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones conferidas a la Suprema Corte y a las Salas del Tribunal Electoral”, indicó el INE.
“Dichos recursos están encaminados a la obstaculización de la función estatal de organizar elecciones conferida al INE”, abundó el recurso interpuesto por el Instituto Nacional Electoral, que fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
De las 71 suspensiones que habían emitido jueces de diversos estados en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, el INE había recibido 25 notificaciones hasta el viernes 4 de octubre de 2024, que le orden abstenerse de implementar el proceso electoral para 2025.
DIPUTADO DE MORENA PRESENTA INICIATIVA PARA IMPEDIR A SCJN REVISAR REFORMAS
Un día después de que la SCJN abriera una controversia para decidir si tenía facultades para revisar la reforma al PJF, el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna presentó, el 4 de octubre de 2024, una iniciativa para impedir que el máximo tribunal constitucional se pronunciara respecto a reformas constitucionales.
La iniciativa con proyecto de decreto que reformaría y adicionaría el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, buscaría establecer con claridad los alcances y competencias de la SCJN, reafirmando que las controversias que dicho órgano jurisdiccional debiera resolver, serían aquellas que surgían en su interior o dentro del PJF, esto, luego de que el máximo tribunal constitucional se pronunciara por revisar la reforma al PJF, cuando estuviera imposibilitada para hacerlo.
“En particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […] Es inaceptable que la Corte pretenda hacerse valer más que la voluntad del pueblo por defender sus privilegios”, se lee en la iniciativa.
Gutiérrez Luna resaltó que el poder reformador de la Constitución no podría ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que representaba al pueblo. “Debe quedar plasmado en la ley que ocho personas no pueden suprimir la voluntad del pueblo. La Suprema Corte no admite que la mayoría y la decisión está en el Congreso y que ya se tomó una decisión”, señaló el diputado.
El legislador también consideró que la reforma era esencial para evitar interpretaciones ambiguas respecto a las competencias de la SCJN, reafirmando la autonomía del PJF y garantizando que su actuación no interfiriera con las funciones del Poder Constituyente Permanente, encargado de llevar a cabo las reformas constitucionales.
La modificación también reforzaba la estabilidad institucional del Poder Judicial de la Federación, al evitar que la SCJN fuera utilizada en disputas de carácter político o ideológico. “Las reformas constitucionales, como expresiones de la soberanía popular, no pueden ser objeto de controversia judicial ante la Corte”, puntualizó el diputado federal.
Gutiérrez Luna también explicó que el proyecto de decreto “destaca la necesidad de delimitar claramente las competencias de la SCJN, garantizando que su función se limite a la resolución de controversias internas, lo que contribuirá a la transparencia y la seguridad jurídica”.
“La reforma subraya el respeto al principio de supremacía constitucional y el equilibrio entre los poderes del Estado […] Debemos fortalecer el Estado de Derecho en México, asegurando la independencia y objetividad del Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones”, abundó el legislador de Morena.
