La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ajustó, el 24 de octubre de 2024, las remuneraciones de 330 altos mandos, incluidos los 11 ministros, por debajo de las que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras aprobar su solicitud de presupuesto para 2025, por 5 mil 922 millones 911 mil 164 pesos.
Con 8 votos a favor y 3 sufragios en contra, los integrantes del Pleno del máximo tribunal constitucional aprobaron, en sesión privada, la propuesta presupuestal de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que en términos reales representó una disminución de 1.4 por ciento con respecto al año anterior, considerando la inflación.
La propuesta aprobada será entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más tardar el 5 de noviembre de 2024, para que lo integre al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025.
En otra votación de 10 contra uno -con el sufragio disidente de Lenia Batres Guadarrama-, el Pleno de la SCJN acordó ajustar a la baja las remuneraciones anuales de cada ministro, de 5.5 millones de pesos a 2.8 mdp, lo que implicó un recorte de 48 por ciento.
El ajuste fue aplicado conforme al artículo séptimo de la reforma judicial y al 127 de la Constitución, que establecen que las remuneraciones de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) no podrán ser mayores a las establecidas para el o la titular del Ejecutivo Federal.
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Las remuneraciones no sólo comprenden sueldos y salarios, sino también aguinaldos, gratificaciones, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, dietas, gastos propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
En la actualidad, el salario bruto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 297 mil 403.77 pesos mensuales, mientras que el de la presidenta de la República asciende a 186 mil 93 pesos.
Según el máximo tribunal constitucional, en términos reales, el presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos solicitado para el 2025, era 23.7 por ciento inferior al autorizado para el ejercicio fiscal de 2018.
“Es importante señalar que, para 2024, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de, por lo menos, los últimos diez años a los recursos solicitados por la Suprema Corte, equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3 por ciento de lo solicitado)”, dijo la SCJN.
“A pesar de ello, con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, este Alto Tribunal ha podido ampliar los servicios que ofrece y atender su creciente demanda, mejorando la eficiencia del gasto. Así, en los últimos cinco años, la Suprema Corte ha ejercido, en promedio, casi 99 por ciento de los presupuestos que le ha autorizado la Cámara de Diputados”, explicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La SCJN indicó que el proyecto de presupuesto presentado se construyó con base en su configuración organizacional actual y sus necesidades operativas, considerando que estaría sujeta a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar nuevos ajustes para el año siguiente.
Del total de 3 mil 805 plazas vigentes en el máximo tribunal constitucional, dos terceras partes correspondían a funcionarios que se desempeñaban directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
El plan aprobado por el Pleno de la SCJN contemplaba destinar 8 de cada 10 pesos solicitados al rubro de servicios personales, es decir, 4 mil 813.2 pesos. Con relación al presente año, representaba una disminución real de 4.1 por ciento
Con esos recursos, la SCJN tenía contemplado cubrir las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el pago de pensiones, conforme lo dispone el artículo décimo transitorio del Decreto de reforma judicial.
Batres Guadarrama criticó que la propuesta de presupuesto de la SCJN, para el 2025 se aprobara sin ninguna modificación y, según su opinión, sin modificar las remuneraciones de los ministros.
En su cuenta de la red social X, la ministra aseguró que el presupuesto aprobado de 5 mil 923 millones de pesos significaba un aumento de 135.8 millones, un 2.3 por ciento por encima del autorizado para el 2024.
“Después de tres sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas. Básicamente, observé: 1. Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la Ley. 2. No hay medidas de austeridad”, enfatizó Batres Guadarrama.
“Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras. 3. No se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN (de 14 del Poder Judicial), de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación”, escribió la ministra.
“Las remuneraciones de ministras y ministros según el proyecto de presupuesto de la SCJN 2025, no sólo no suman las prestaciones adicionales (ver hilo), sino que incluyen hasta conceptos expresamente prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana”, señaló Batres Guadarrama, al referirse a los seguros de gastos médicos mayores u de separación avanzado.
La ministra agregó que también se aprobaron incrementos a algunos conceptos “ajenos” a las funciones inherentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como servicios comerciales, gastos en actividades culturales y deportivas.
