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jueves, noviembre 21, 2024
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Piden a Sheinbaum decreto para importar autos y revisar corrupción en aduana de Tijuana

A unas horas de que llegue a Baja California la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vendedores de autos usados, choferes y trabajadores de agencias aduanales pidieron que sea publicado el decreto que permitía importar vehículos usados con una tasa preferencial a la región fronteriza.

La expiración del decreto desde el 30 de septiembre de 2024 está provocando severas afectaciones económicas a 7,500 empleos directos, en perjuicio de la actividad económica de la región, pues están pendientes de ser importados legalmente hasta 2 mil automóviles en Estados Unidos con los límites de Tijuana.

El llamado a la mandataria federal también es para que se investigue la corrupción en la aduana de Tijuana, por donde ingresan irregularmente alrededor de 300 automóviles “sin placas o con placas sobrepuestas” que se comercializan en el mercado informal en Tijuana.

Miriam Flores, una de las 200 personas choferes que se quedaron sin trabajo y sin los 30 dólares que ganaba por cruzar legalmente un vehículo diario al no publicarse el decreto, dijo que pese a “cumplir con todo” quedaron desprotegidos, “porque muchas personas que tienen doble nacionalidad americana-mexicana, cosa que muchos choferes no tenemos, ellos sí pueden cruzar los carros de Estados Unidos a México, entonces está siendo un problema muy grave en el comercio informal”.

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Relató que le han ofrecido entre 50 y 60 dólares por internar irregularmente vehículos. Situación a la que se ha negado porque “nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en la ilegalidad” y de hacerlo podría quedar embargado el vehículo y ella fichada en la aduana

Olivaldo Paz, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana, aseguró que han bajado las ventas de los centros cambiarios de la región entretanto cerca de 4.5 millones de dólares se está yendo al mercado informal de San Ysidro por la venta de autos internados irregularmente a México.

Jorge Macías Jiménez, vicepresidente del grupo de autos de la Canaco Tijuana, mencionó que este tema lo han tratado con los últimos administradores de la aduana. “Lo que nos dicen es que es un tema difícil, que detienen carros y devuelven, pero que no pueden parar todos, pero sí hay mecanismos para identificar a quién los pasan, son las mismas personas siempre”, indicó.

En otro tema en que no ha sido resuelto es el cobro de Banjército, de 50 dólares, por el Repuve (un trámite que es gratuito). “Aquí se pusieron de acuerdo el gobierno del estado, Banjército y la aduana de Tijuana para cobrarlo y no tuvimos escapatoria”, aun cuando en el gobierno pasado de Jaime Bonilla se quitó la obligatoriedad. “Ahora para poder darnos placas nos exigen el pago del Repuve si no, no le entregan placas a los carros”, añadió.

Manuel Herrera, representante de la Asociación de Vendedores de Autos y Camiones de Mexicali, se unió al llamado para que se renueve el decreto para que se importen los vehículos a la zona fronteriza, ya que al no existir esa opción también se está afectando a la población que no puede adquirir un automóvil nacional y se ve orillada a comprar uno en el mercado informal en el que no tiene una garantía legal.

Kathya Torres, representante de la agencia aduanal Grupo Logix, señaló que al no existir el decreto que daba el 1% del Impuesto General de Importación, por lo que ahora se debe pagar el 50% Un auto Civic, 2015, pagaba a la frontera impuestos 4,900 pesos, al no renovarse el decreto tendría que pagar 69 mil 900 pesos. Una camioneta Tacoma, pagaba 15 mil pesos, sin el decreto pagaría 240 mil pesos de impuestos, ejemplificó.

“La aduana o el gobierno federal nos puede decir que no paró las importaciones, que sí se puede hacer el pedimento de importación, pero sin ese beneficio se tiene que pagar el IGI al 50%, más el 16% de IVA, entonces no es viable pagar cantidades”, añadió en conferencia de prensa este 25 de octubre de 2024.

 

 

 

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Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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