A tres días de realizada la insaculación por medio de la cual, de forma aleatoria, fueron seleccionados los cargos de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) que serán despedidos en 2025 para sustituirlos con nuevos impartidores de justicia a través de un procedimiento de elección popular, el Pleno del Senado de la República aprobó la convocatoria pública para integrar los listados de personas candidatas que participarán en los referidos comicios, a celebrarse el primer domingo de junio del año entrante.
Primero, el lunes 15 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por medio de fórmulas de mayoría relativa y voto directo. Ahí se establece que las campañas durarán 60 días, y los gastos personales de los candidatos serán regulados por el Instituto Nacional Electoral (INE); en tanto, se prohíbe el uso de recursos públicos o privados y la contratación de medios de comunicación para la promoción de candidaturas.
Luego, en tiempo récord, la reforma de leyes secundarias fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El dictamen establece el procedimiento por medio del cual serán electos mediante voto popular las y los integrantes del PJF. Por su parte, la reforma en materia de medios de impugnación regulará las quejas que puedan presentarse en ese proceso.
El martes 16 de octubre, el Senado aprobó la convocatoria para la elección de 881 personas candidatas a juzgadores, con 78 votos en favor y 39 sufragios en contra.
En las elecciones a realizarse el primer domingo de junio de 2025 se votará por cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales del TEPJF; 464 cargos de magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, así como magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación. Y desde luego, 386 jueces y juezas de Distrito.
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Habrá seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
Aunque en las candidaturas pueden postularse quienes actualmente se encuentran en alguna de las funciones judiciales señaladas, desde el 13 de octubre, el CJF informó al Senado de la República que 25 magistrados y cuatro jueces de Distrito no participarán en dichas elecciones en 2025, ni en 2027. Quienes desistirían son cuatro jueces de Distrito de Guerrero, Nuevo León y dos de Ciudad de México, así como de 25 magistrados de Circuito que pertenecen a tribunales colegiados de materia Civil, Penal, del Trabajo, Administrativa y Apelaciones.
Al conocer esta información, la primera mandataria Claudia Sheinbaum invitó a los juzgadores a participar en el proceso: “Las y los jueces actuales, magistrados, ministros, tienen derecho a participar, con excepción de los que terminan sus funciones, es decir, que prácticamente ya cumplieron sus funciones, pero todos tienen derecho a participar. Más bien, la invitación es a todos los jueces, a todas las personas juzgadoras, participen en la elección, porque la convocatoria va a ser muy transparente y abierta, y si consideran que cumplen bien sus funciones, que participen en la elección”.
LA TÓMBOLA
Cuando el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió el 30 de julio de 2024, establecer una “tómbola” o sorteo para seleccionar a personas que aspirarían a competir por un cargo en el Poder Judicial de la Federación, se creyó que era una más de sus múltiples ocurrencias. “¿Cómo se llama la rifa? Insaculación, para que no se burlen, para hablar físico, la suerte, órale, vamos, y democrático, que el pueblo decida. Que tengan tiempo para dar a conocer, ¿cómo decía Chava Flores? ‘¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?’”, dijo entonces el mandatario.
La ocurrencia se convirtió en realidad para elegir las plazas en disputa. El sábado 12 de octubre, en el Salón de Sesiones del Senado de la República se realizó una “tómbola judicial”, en la que mediante un sorteo con la supervisión de notario público y los once consejeros del INE, se decidieron los 881 cargos sujetos a elección popular en junio de 2025. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, abrió la sesión y casi inmediatamente fueron ingresadas al recinto dos tómbolas de acrílico para efectuar el sorteo. La presencia de once senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) permitió que se alcanzara el quórum.
Durante la sesión se advirtieron situaciones específicas como la insaculación de ocho juzgados encabezados por mujeres actualmente en condición de embarazo y lactancia, y que irían a la elección de junio de 2025; sin embargo, dadas las circunstancias se postularán hasta la elección de junio de 2027.
Fernández Noroña celebró la posibilidad que tendrán los mexicanos para elegir a sus juzgadores, a la par de felicitar a los legisladores por lo que considera el inicio de “un proceso electoral histórico en el que irán a las urnas las personas juzgadoras”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado refrió: “El procedimiento ha sido muy claro: queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de personas juezas de Distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario 2025, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad”.
Fernández Noroña insistió en que “por primera vez para la humanidad, de ese tamaño es la reforma que en su momento envió el compañero Presidente López Obrador: por primera vez un pueblo va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo (…) No existe otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su Poder Judicial, y creo que esta gama de senadores debe sentirse muy honrada y orgullosa de que hayamos sacado esta tarea adelante”.
REACCIONES
El procedimiento de la tómbola no cayó nada bien en diversos sectores sociales y políticos. Mucho menos a la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que a través de un comunicado emitido el domingo 13 de octubre, consideró “verdaderamente humillante” dejar al azar la vida profesional de las personas juzgadoras. La agrupación elevó una “enérgica protesta” en contra de la insaculación organizada un día antes en el Senado de la República, con la que se sortearon las plazas de magistrados y 361 de jueces que deberán quedar vacantes el año próximo para ser ocupadas a través de un proceso electoral.
“En un acto verdaderamente humillante, que en forma alguna encuentra sustento legal, se jugó al azar la vida profesional no sólo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos. A través de la intromisión de un poder distinto al Judicial Federal se decidió la terminación arbitraria de la función del 50 por ciento de juzgadores de carrera en el año 2025, y el resto en 2027, violando todas las reglas de acceso a la jurisdicción nacionales y convencionales”, señaló la JUFED.
Sobre todo, la asociación reclamó que se hubiera incurrido en un nuevo incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal en juicios de amparo, expresando que los actos del Poder Legislativo violan el Estado de Derecho y rompen con el orden constitucional.
“El procedimiento en cuestión es a todas luces un acto nulo que debe dejarse sin efecto (…) La JUFED informa que brindará todo el apoyo y acompañamiento jurídico a las personas juzgadoras cuyos derechos humanos y laborales fueron atropellados, a través de esta acción arbitraria”.
En efecto, se habla de más de 70 suspensiones desacatadas por diversas autoridades que han participado tanto en el Legislativo como el Ejecutivo y órganos autónomos.
Después de que trabajadores anunciaron el levantamiento del paro nacional laboral, decidieron prolongar su ausencia en los tribunales, por lo que en diferentes sedes del PJF declararon días inhábiles 16, 17 y 18 de octubre, debido a protestas y mítines pacíficos que se efectuaron en varias entidades del país, calificando como una burla y un agravio la actuación de los senadores que instalaron una tómbola para sortear las plazas de jueces y magistrados.
Apoyados por el jurista Luis Octavio Cotero Bernal, empleados del Tercer Circuito judicial con sede en Jalisco, instalaron un módulo de recolección de firmas en Plaza de la Liberación, operará todos los domingos con el fin de recabar apoyos para demandar se recule con la reforma al Poder Judicial.
“Vamos a estar aquí hasta que logremos que esta situación cambie, porque es una traición garrafal la de los senadores y diputados de la dizque mayoría calificada. ¿Por qué están haciendo las cosas de tal manera, que esto está llevando al país un caos?”, cuestionó Cotero Bernal.
Por su parte, Sandra Karina Ibarra Carbajal, jueza sexta de Distrito en Materia Mercantil en el Estado de Jalisco, reclama la actuación de los legisladores, quienes violando suspensiones, lo cual es un delito, aprobaron una Ley Secundaria a la reforma judicial. Advirtió que diputados y senadores han pasado por encima de la Ley y de resoluciones en juicios de amparo.
“Todo es violando suspensiones, más de 70 juicios de amparo cuentan con suspensión, lo que implicaba que el sábado ni siquiera se podía llevar a cabo la tómbola, pero bueno, ya sabemos que desde el Consejo de la Judicatura Federal, con votación de cuatro a tres, con una mayoría de cuatro a tres decidieron entregar esa lista al Senado, eso les permitió hacer la tómbola, que es la cosificación de los funcionarios federales”, reflexionó.
Ibarra Carbajal no ve un fin cercano del paro nacional de labores: “Puedo adelantar que en Jalisco ya votamos, precisamente desde el viernes 11 y por mayoría absoluta de los juzgadores y juzgadoras, decidimos continuar el paro hasta que se respeten las suspensiones de amparo. Estoy segura que más estados de la República se van a ir sumando, estamos pidiendo a JUFED nacional una nueva votación, dadas las condiciones tan violentas que acontecieron el sábado con esa tómbola”.
Adolfo Aldrete Vargas, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con sede en Jalisco, se ha hecho escuchar en las manifestaciones: “Lo hemos tomado como una afrenta a la carrera judicial. Para nosotros es indignante, una falta de respeto a toda la trayectoria de jueces y magistrados que estamos dando la vida”.
Trabajadores del PJF adelantaron nuevas movilizaciones para demandar la derogación de la reforma judicial, en tanto, luego de una reunión de alto nivel que el 15 de octubre sostuvieron empresarios de México y Estados Unidos con Claudia Sheinbaum, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, demandó certidumbre jurídica y Estado de Derecho para garantizar las inversiones:
“Las empresas estadounidenses manifestaron que lo que necesitan para hacer sus inversiones en México es que haya reglas claras, certidumbre jurídica y respeto al Estado de Derecho”.
