Cuando las sentencias en Estados Unidos se prevén merecedoras de la máxima cadena perpetua, pero en su lugar se condena con años de prisión, esto significa, la mayoría de las ocasiones, que hubo un acuerdo entre el procesado y la autoridad procuradora de justicia, con el objetivo de ser depositario de una condena menor.
A Benjamín Arellano Félix, por ejemplo, quien fuera líder criminal del cártel que lleva sus apellidos, el juez Larry Burns en la Corte de Distrito Sur de California, en la ciudad de San Diego, anticipó una vez definida la culpabilidad del capo que, por sus delitos y su “liderazgo despiadado e inhumano al frente del cártel”, le habría impuesto cadena perpetua. Sin embargo, debía sujetarse al acuerdo de culpabilidad del narcotraficante y a la pena máxima que en esas condiciones tenía a su alcance: 25 años de prisión. Una muy condescendiente y generosa sentencia para quien por más de 20 años encabezó una de las organizaciones criminales más violentas de México, asesinó enemigos, ciudadanos, periodistas y trasegó toneladas de droga. Pero acuerdos con la autoridad, son eso.
Pese a haber presumido su inocencia durante los casi 60 meses que estuvo en prisión en la Unión Americana, el ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna y sus abogados, solicitaron al juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito en Brooklyn, Nueva York, que fuese benévolo con la sentencia. Para ellos, eso significa recibir una pena de 20 años de prisión ante la petición de la fiscalía norteamericana de una cadena perpetua.
Sin un acuerdo de culpabilidad por parte del acusado y ante la deliberación del Jurado de hallarlo culpable de los cinco delitos por los cuales fue procesado -conspiración internacional para distribuir cocaína, conspiración para distribuir y posesión, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y falsas declaraciones-, Cogan, cuyas férreas deliberaciones sobre la conducta de García Luna contrastaron con la sentencia emitida, le consignó a purgar 38 años y cuatro meses de cárcel. Fue magnánimo. Ni la cadena perpetua que solicitaba la fiscalía, ni los 20 años que pidieron los abogados: una condena intermedia que le haga pasar el convicto, el resto de su vida productiva en prisión, considerando que, de sobrevivir la condena, abandonaría la cárcel cercano a los 90 años de edad, cuando le esperarían cinco años de libertad condicional.
En México, a pesar de la arenga presidencial, particularmente del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, si partimos de la veracidad de la evidencia presentada ante la Corte en Estados Unidos, García Luna permanece impune. En este país ni se le investigó, ni se le procesó, ni se le detuvo en los siete años posteriores a su salida de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y en 2019, cuando fue aprehendido en la Unión Americana y AMLO ya gobernaba el país.
López Obrador, Sheinbaum y el fiscal de ambos, Alejandro Gertz Manero, pecan de omisión criminal al no investigar a quien fue catalogado por el juez de Nueva York de tener “la misma matonería que tenía el Chapo, solo que la manifiesta diferente”. ¿Cuántos más como él en México?
A pesar del discurso anticorrupción con el cual ganó la Presidencia de la República, pocos criminales de alto impacto y menos políticos o ex funcionarios corruptos fueron procesados en el sexenio pasado y, a como se escucha en el discurso actual presidencial, la impunidad se mantendrá en su movimiento llamado 4T, que, en todo caso, no ha transformado la procuración de justicia en México de corrupta y promotora de impunidad, a eficiente y con castigos ejemplares.
De acuerdo al juez Cogan, a Genaro García Luna le evidenciaron y probaron haber recibido sobornos millonarios durante los años que fue funcionario público, por parte de los cárteles (con especial inclinación al de Sinaloa) para favorecerles no sólo en el trasiego de droga por territorio mexicano y hacia EU; también en asesinatos y la comisión de otros delitos.
“Él ayudó al cartel, él protegió al cartel, él era el cártel”, dijo Cogan, quien además lo sentenció a pagar una multa de 2 millones de dólares, evidentemente de dinero mal habido, pues el juzgador le dijo: “Estoy seguro de que tiene algo de dinero escondido”.
A la justificación de presunción de inocencia por parte del acuso con fotografías que lo mostraban con altos funcionarios de Estados Unidos y recibiendo premios por su labor como el “súper policía” que se catalogó en el sexenio de Calderón, el Juez no lo demeritó, y en cambio, lo utilizó para cuantificar la gravedad de sus delitos: “Usted tenía una doble vida, pero una de ellas dominó a la otra y fue la que provocó un daño tremendo”.
Efectivamente, los delitos cometidos por funcionarios públicos ejerciendo un abuso del poder que se les confiere, suelen cargar dos o tres tantos más de años de castigo, precisamente porque tenían el poder para servir y lo tergiversaron para dañar. Quizá por eso el juez Cogan fue más severo con García Luna que el juez Larry Burns con Benjamín Arellano, concediéndole 38 años de prisión en comparación con los 25 sentenciados al líder del CAF.
Al final del día, la condena es suficiente, y así lo creen ellos, para mantenerlo tras las rejas el resto de su vida, considerando que los 90 años no son la máxima en la expectativa de vida dentro de una fría prisión.
Los mexicanos que buscan justicia, Estado de Derecho y castigos ejemplares, aquellos que se manifestaron a las afueras de la Corte de Brooklyn, se conforman con ser testigos de la caída del ex secretario de Seguridad federal ante el peso de la Ley aunque sea en otro país, porque en México y en los tiempos de la mal llamada Cuarta Transformación todo sigue igual: impera la corrupción, la impunidad y la injusticia.
