Vamos a trabajar en algunos estados en particular, con mayor presencia, inteligencia, investigación, en coordinación con las y los gobernadores”, dijo el 7 de octubre la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, al presentar la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 días.
Las estadísticas de incidencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubican a Tijuana y Baja California en los primeros tres lugares de esa lista de entidades prioritarias denominada “10 municipios y 5 estados”.
“Harfuch (Omar García) y su gente anduvieron aquí”, comentó en Tijuana un integrante de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad la última semana de septiembre, quien aseguró desconocer la razón de la visita de quien fue designado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
Todavía la noche del 30 de septiembre, al tomar posesión como alcalde de Tijuana, el morenista Ismael Burgueño Ruiz aseguró que su secretario de Seguridad sería el Teniente Coronel, Julián Leyzaola, pero la sesión de Cabildo programada para el 1 de octubre para nombrarlo no se convocó.
El viernes 4 del mismo mes, empezaron a trascender mensajes de que había nueva propuesta para secretario de Seguridad de Tijuana; el 5 de octubre, por la mañana, Burgueño reiteró en declaraciones de banqueta que Leyzaola seguía en la terna. Sin embargo, por la tarde del mismo sábado circuló extraoficialmente la copia de una propuesta con tres nombres que no incluían al militar en retiro, con la aclaración de que “el bueno” era Juan Manuel Sánchez Rosales. El alcalde había cedido su facultad de proponer al responsable de la seguridad municipal al Gobierno Federal.
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La lista se oficializaría y con ello la reculada de Burgueño, cuando el lunes 7 de octubre declaró: “Hemos trabajado de manera coordinada con la Federación; en esta ha habido acercamiento, esta propuesta (el nuevo secretario) viene de la Federación”.
Para que todo el cabildo de Tijuana votara a favor -sólo la regidora morenista reelecta, Rogelia Arzola Santillán, se abstuvo- de la designación del licenciado en Derecho con estudios en Relaciones Internacionales y de Seguridad Nacional por la UNAM, Juan Manuel Sánchez Rosales, la única información que recibieron los ediles fue el currículum que el profesional ya tenía publicado en la plataforma Linkedin, en la que se presenta como especialista en planeación estratégica y operativa.
Tampoco presentó un programa de trabajo, pero esta insuficiencia sólo fue reclamada por dos regidores. Como punto a favor, los ediles que lo respaldaron por mayoría comentaron que el nuevo secretario “ya había estado en Baja California”; pero cuando se les pregunto en qué fechas, no supieron responder.
EXPERIENCIA Y RESULTADOS INSATISFACTORIOS
Sánchez Rosales tiene 64 años, nació en la Ciudad de México, y la biografía en poder de los regidores indica que, de enero 2020, a la fecha, es “Freelance Especialista en Inteligencia, Investigación y Análisis Estratégico. Desarrollador de acciones de reingeniería en estructuras de inteligencia estratégica y policial y desarrollador de capacitación en materia de Inteligencia, técnicas de investigación y metodología de Plan de Búsqueda sobre objetivos específicos”.
Sin embargo, de acuerdo a registros públicos, fue responsable de la Unidad de Investigación en el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 2022-2024, en el Estado de México; con ese cargo, en octubre del 2023, fue conferencista en el Foro Internacional de Ciberseguridad e Inteligencia, organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. También formó parte del Comité de Honor y Justica de ese municipio, del cual sólo existe un acta publicada en internet (en julio del 2022), donde revisaron denuncias contra ocho policías, con resultados favorables para los uniformados: dictaron dos acuerdos de “no inicio de procedimiento”, cinco sobreseimientos y una prescripción.
Además, también de acuerdo a su currículum, de “marzo 2020 a septiembre 2021, fue Subsecretario de Inteligencia y Análisis Policial en el Gobierno del Estado de Chihuahua”, en la administración del ex panista Javier Corral, actualmente senador protegido por Morena. Estuvo dos años en la dependencia, y de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Nacional, su gestión no tuvo gran impacto: recibió el estado con dos mil 580 muertes al año y lo entregó con 2 mil 445 víctimas de homicidios anuales, pero en su primer año sumaron dos mil 684 asesinato; aunque de acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad, las victimas ese año fueron en realidad dos mil 716, y acusaban maquillaje de cifras.
Respecto a otros delitos, recibió cinco mil 300 lesiones dolosas al año y entregó cinco mil 500 denuncias de lesiones anuales; 32 feminicidios y se fue con 46 feminicidios; 414 carpetas por otros delitos contra la vida y dejó 552; entró con 22 secuestros anuales y dejó 55 en su último año; recibió 946 carpetas de otros delitos contra la libertad y dejó mil 255.
Continuando con su currículo, “de diciembre 2018 a enero 2020 fue director General de Análisis e Inteligencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX” en la jefatura de gobierno de la hoy presidente Claudia Sheinbaum.
Durante el año que laboró, los homicidios se mantuvieron como el año previo, en las mil 500 víctimas; los feminicidios crecieron de 47 a 71 víctimas; y las extorsiones se alzaron de 536 a 883 víctimas. A la baja se reportaron los otros delitos contra la vida, otros delitos contra la libertad (fueron 500 carpetas menos en cada uno) y el secuestro se redujo de 295 a 195 víctimas.
Su jefe era Jesús Orta, quien renunció al cargo para enfrentar un proceso judicial por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en su cargo anterior como secretario general de la Policía Federal.
EL PASO POR BCS
Se refiere en su hoja de vida que durante 32 años, de marzo 1986 a noviembre 2018, fue miembro del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN, hoy CNI), donde ocupó cargos de analista de inteligencia, Subdelegado Regional, Jefe de Investigación, Delegado estatal, Subdirector Nacional de Investigación y Operación, Director de Seguridad y Contrainteligencia, Titular de la Unidad de Atención a Delitos en Paraestatales y Coordinador General de Contrainteligencia, además de fungir como representante en el exterior.
“Es muy bueno en su trabajo”, aseguró un excompañero de Sánchez en el CISEN, quien también informó que estuvo en Baja California nueve años, de 1993 al 2001.
Él encabezaba la delegación del CISEN en el estado cuando en marzo de 1994 fue asesinado en Tijuana el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta; su subalterno, Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del CISEN fue señalado en la escena del crimen como presunto responsable por su parecido con Mario Aburto, hoy homicida confeso.
En aquellos tiempos en que Sánchez Rosales estuvo de delegado de inteligencia en Baja California, sucedieron hechos violentos de alto impacto originados en el cártel Arellano Félix: en abril 1994, el asesinato de Federico Benítez, director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana; en abril de 1996, el homicidio del ex delegado de la PGR en BC, Arturo Ochoa Palacios. En mayo asesinaron al también exdelegado, Sergio Moreno Pérez; en enero de 1997 al fiscal estatal, Hodín Gutiérrez Rico. Y en noviembre hubo un atentado contra el codirector de ZETA, Jesús Blancornelas, en el cual le quitaron la vida a su escolta.
De acuerdo al contenido de la averiguación previa PGR/UEDO/071/2003, dado a conocer por el periodista José Reyes en la revista Contralínea en 2009, elementos de las fiscalías estatal, federal y del Ejército, colaboraron con el Cártel Arellano con información y protección, por lo menos del año 1997 al 2000: “…el teniente Marco Antonio Benítez Armijo avisó -al CAF- desde el (CISEN) sobre un operativo militar en contra de Gilberto Higuera Guerrero “El Gilillo”, que se realizaría en Tijuana en marzo del 2002”.
En 2002, Sánchez fue enviado a otra comisión y en su lugar quedó Juan José Palafox Cadena, quien fue asesinado a balazos el jueves 25 de julio de ese mismo año, al salir de las oficinas en la calle Corona fraccionamiento Lomas de Agua Caliente en la delegación la Mesa.
Ahora, Sánchez Rosales es la opción del Gobierno Federal, basado en su relación con Sheinbaum y Harfuch, y “la experiencia de 38 años en temas de fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la consolidación del Gabinete de Seguridad en coordinación con las entidades federativas”.
Sánchez deberá coordinarse con la federación que lo impuso para cumplir con los ejes de la estrategia de seguridad de Sheinbaum: “Disminución de la incidencia delictiva, principalmente de homicidios dolosos y delitos de alto impacto. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales”.
Sin embargo, en Tijuana aún no se conocen los compromisos del secretario Sánchez, como dijo la regidora Rogelia Arzola Santillán, quien se abstuvo de votar.
“No tengo nada en contra de la propuesta, pero no he visto su plan de trabajo. Para mí es muy importante saber si conoce la ciudad y su dinámica. Le aseguro que estaré atenta a su labor y a la de su equipo, y seré la primera en reconocer sus logros. Quiero que sepa que cuenta con mi apoyo para llevar a cabo su trabajo”, explicó al justificar su voto.
HOY, LAS TRAICIONES DEL CAF EN LA PUGNA MAYOS VS. CHAPITOS
Como cuando fue delegado del CISEN, Sánchez Rosales enfrentará, ahora como secretario de seguridad en Tijuana, al cártel Arellano Félix, y otros dos que se han sumado a la criminalidad en la entidad, lo cual ha exacerbado la violencia, como registrar 38 asesinatos en nueve días de octubre de 2024 (seis en un lapso de 12 horas, el 9 de octubre).
Lo que es producto de escisiones de un cártel y alianzas con otro.
Uno de los investigadores locales explicó: “Como consecuencia de las pugnas de los Mayos y los Chapos por las rutas del narcotráfico, en Tijuana algunos miembros del CAF que se habían aliado con Los Mayos está tratando de aprovechar la confusión, intentando delinquir por su lado o cambiarse con los Chapitos; en la colonia Libertad, y las pegadas a la franja fronteriza en la centro y Otay, los grupos encabezados por Brayan Corona ‘El Apache’, que tiene células aliadas en San Diego, California, se están dispersando con otras células, los están matando y ellos están matando también. Localmente la pugna es Mayos contra CAF, nuevos y viejos”.
Los asesinatos producto de estas “traiciones” criminales no han cesado. Cuando aún no imponían a Burgueño al secretario de Seguridad, el 4 de octubre, una santera o vidente de 64 años fue muerta a balazos en un negocio de ventas de productos naturistas en la colonia El Dorado en la Zona Este. Los investigadores ligaron el homicidio al narcotráfico, debido a que “las primeras versiones indican que la señora les hacía limpia y amuletos a los integrantes de una célula delictiva, y cuando uno de ellos fue asesinado en fechas recientes, los compañeros logran detener a alguien vinculado con los asesinos, y les dicen que la mujer les dio la información… por eso la atacaron”.
Ese mismo día fue abandonado un cadáver decapitado en el interior de un auto en el retorno carretera escénica de puente La Joya, colonia la Joya, en la delegación Playas.
Antes, el 2 de octubre, sobre el bulevar Salinas en la delegación la Mesa, lesionaron a balazos al sinaloense José Sandoval, dueño de una boutique con residencia en la colonia Hipódromo. De acuerdo a los primeros datos, los presuntos sicarios detenidos, Walter Martínez, de 33 años, y Manuel Galaviz, de 42, están vinculados con criminales de la colonia Libertad, aunque residen en la Zona Este, y el arma que usaron fue usada en otros cinco crímenes: cuatro homicidios, este año, en Lomas Taurinas el 8 de septiembre; el Pedregal de Santa Julia el 22 de abril; colonia Azcona en Zona Centro el 15 de mayo; y el 29 de agosto del 2023 en el Altiplano. Además fue vinculada a un lesionado a balazos el pasado 1 de octubre en la ampliación Guaycura.
“Llegó la limpia a la Liber, toda la gente que ande con el mugrosos del Ranchero y el Cabezón, Atte La Cafetera” [sic], fue el mensaje que acompañó una maleta que contenía el cadáver de un hombre cortado en siete partes, la cual fue abandona la madrugada del 5 de octubre en la calle 17 en la colonia Libertad Parte Baja.
También con delincuentes de la colonia Libertad fue relacionado el ataque armado en contra de tres ciudadanos de Estados Unidos la madrugada del 7 de octubre, a la altura del kilómetro 41 de la carretera escénica Tijuana-Rosarito. La balacera ocurrió en el sentido a Tijuana, y los reportes al 911 llegaron denunciando un asalto.
Jake Michael M.L., Darlene Rose E. M. e Isaac López Márquez habían rentado una casa en El Sauzal, en Ensenada, y durante los tres días previos al ataque estuvieron yendo y viniendo del puerto a Tijuana; la madrugada del lunes venían de una fiesta a la que asistieron en Ensenada y ya se iban a regresar a Estados Unidos.
De acuerdo a las primeras versiones, sujetos a bordo de una camioneta les dispararon mientras circulaban, provocando que salieran del camino; después se detuvieron, se acercaron a las víctimas, remataron a Isaac en un ataque directo y huyeron. Los sobrevivientes lesionados pidieron ser llevados por los rescatistas directamente a la Garita de San Isidro, y se fueron.
ELEMENTOS DE LA GN Y DEL CAF FUERON ENVIADOS A HERMOSILLO
La segunda línea de acción de la Estrategia de 100 días del Gobierno Federal es el “robustecimiento de la Guardia Nacional”, corporación que, en Baja California, y particularmente en Tijuana, ha sido videograbada e incluso denunciada por su participación en una amplia gama de delitos, privaciones de la libertad, robos de dinero, robos de droga, extorsiones, homicidios, protección a traficantes de droga y de personas, cobro de piso.
Por lo menos 77 agentes de la Guardia Nacional (GN) han participado en 13 actos criminales documentados por ZETA en un lapso de 29 meses: uno en 2024, siete en 2023, tres en 2022 y dos en 2021.
En el caso más reciente, el viernes 4 de octubre en audiencia, seis elementos de la Guardia Nacional y siete delincuentes fueron vinculados a proceso por los delitos de usurpación de funciones, asociación delictuosa, contra la salud y ley de armas de uso exclusivo del Ejército; y por seguridad las autoridades ordenaron que fueran enviados al penal de Hermosillo, Sonora.
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre, cuando una patrulla militar observó a una de la Guardia Nacional que estaba fuera de su perímetro, por lo que los abordó.
Los militares les preguntaron a los agentes qué estaban haciendo en el punto y estos respondieron que estaban apoyando un cateo realizado por la Fiscalía. De la bodega salieron los hermanos Abraham y Gustavo Noriega Velásquez, asegurando ser elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Al consultar, desde la FGR respondieron que no trabajaban ahí, así que les aseguraron las dos placas falsas y las dos pistolas que portaban.
En el mismo operativo detuvieron a otros cinco hombres, entre ellos: Luis Dagoberto Mendía Ruíz “El Wicho”, presuntamente identificado como operador delictivo del Cártel Arellano Félix (CAF); y otro joven, de apellidos Munguía Gil, relacionado con Héctor Manuel García “El Kado”, cabecilla del CAF, de acuerdo al Grupo Coordinación de Baja California.
En la audiencia los abogados rechazaron los cargos por la droga, asegurando que las mil 145 pastillas de fentanilo y el kilo 462 gramos de opio que se reportaron como aseguramiento, no estaba en el lugar al momento de la detención, pero los argumentos fueron rechazados.
Al final, los 13 imputados fueron vinculados a proceso y los enviaron a la penitenciaría de Hermosillo, Sonora, por motivos de seguridad, pues las familias de algunos imputados ya habían tenido amenazas, a través de redes sociales; algunos de los acusados pidieron al Juez que reconsiderara el traslado, pero éste rechazó la petición y resolvió dar un plazo de dos meses para la investigación y a la siguiente audiencia.
