Después de que agentes del Ministerio Público (MP) permitieran el sobreseimiento del caso de abuso sexual de su hija mayor por parte de su padre, Karla Pastrana, madre de las menores afectadas, pidió el apoyo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y autoridades competentes para combatir la impunidad, sin embargo fue ignorada, por lo que acudió al Congreso local.
En 2019, la hija mayor de Karla, de ocho años en ese entonces, le confesó que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico, Sam “N”, durante cuatro años, por lo que de inmediato interpuso la denuncia correspondiente.
Conforme se avanzó la investigación, se descubrió que dos de sus hermanas también habían sido víctimas cuando quedaban a cargo de su padre por la custodia compartida, por lo que se sumaron otras dos carpetas.
Durante las investigaciones de la primera carpeta de investigación, hubo muchas irregularidades, omisiones, negligencias y revictimización, por parte de los ministerios públicos Lourdes Pérez, Héctor Orozco, y la fiscal Adriana Lizárraga, en ese entonces fiscal especializado en Violencia de Género.
El caso fue sobreseído y Sam “N” fue liberado el martes 20 de junio de 2023, debido a que tanto Lizárraga como el resto de los ministerios públicos no formularon la acusación en tiempo y forma, además de tener vínculos con la defensa del agresor, aseguró Aguilar Pastrana.
En julio de 2022, la madre de las víctimas, envió un exhorto al Congreso del Estado, quien fue recibido por la diputada Daylín García, para pedir a la Fiscalía General del Estado, en ese entonces encabezada por Ricardo Iván Carpio, así como a Adriana Lizárraga y los ministerios públicos Héctor Orozco y Lourdes Pérez, a rendir cuentas por el caso.
Desde entonces, Karla no ha obtenido respuesta del Congreso, ni de la Fiscalía, ni del Órgano de Control Interno que investiga a los funcionarios omisos.
En entrevista con ZETA, Daylín García explicó que el tema ha avanzado lento, ya que al mes siguiente de que se aprobó el exhorto por unanimidad, Carpio dejó el cargo y entró María Elena Andrade, quien a su vez destituyó a Adriana Lizárraga por Hortencia Noriega, y no tenían conocimiento de lo ocurrido.
La legisladora señaló que apenas hace seis meses hubo una sesión en la que se hizo el compromiso de hacer reuniones con el fiscal regional y el fiscal central.
García agregó que ahora esperarán hasta que se realice la glosa, la cual ya se ha pospuesto dos veces, donde aprovechará para pedir cuentas sobre ese caso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) admitió a este Semanario que el retraso en la presentación de la acusación provocó una serie de procedimientos judiciales, incluidos intentos de sobreseimiento y la resolución de un amparo interpuesto por la defensa.
“El 28 de abril de 2023, el Juez Decimotercero de Distrito, a raíz del amparo, resolvió dejar sin efecto la determinación tomada en la audiencia del 2 de agosto de 2022, en cuanto a la petición de la defensa sobre el sobreseimiento del asunto (…) También, señalar fecha para una nueva audiencia y hacer efectivo el apercibimiento decretado al Fiscal General del Estado de Baja California; y ordenar el sobreseimiento de la causa penal 1346/2020”, informó a este Semanario.
Asimismo, recalcó que el 20 de junio de 2023, Héctor Alejandro “N”, quien fungía como ministerio público, y María de Lourdes “N”, quien desempeñaba su labor como coordinadora de MP, fueron suspendidos preventivamente de sus cargos y actualmente se encuentra en proyecto el inicio de un procedimiento administrativo en contra de ambos funcionarios.
Por otro lado, en el caso de la carpeta sobreseída, ésta ya no se puede reabrir, sin embargo, la FGE mencionó que se ha abierto una nueva carpeta de investigación bajo el Número Único de Caso 0204-2023-36700; sin embargo, la madre de la menor afectada aseguró aún no ser notificada sobre ella.
