Diputados de Baja California pusieron en tela de juicio que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública de Tijuana 2022 se constriñan a meras faltas administrativas, y propusieron que de ser necesario, intervenga la Fiscalía General del Estado (FGE).
El ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que con todo y que el Ayuntamiento encabezado por Montserrat Caballero Ramírez contrató empresas para cobrar el Impuesto Predial, la cartera vencida siguió incrementado. Acusó que la anterior administración no ofreció elementos para “verificar la supervisión de los aumentos que se acumulan” en la aplicación del gravamen, como tampoco “información sobre ejecución de embargos, remates o adjudicaciones”.
Con todo y su postura recriminatoria, Ramos Hernández presidió un Ayuntamiento cuyas cuentas públicas de Egresos 2008, 2009, en opinión del Órgano de Fiscalización Superior, no fueron aprobatorias.
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El diputado de Morena, Jaime Eduardo Cantón Rocha, cuestionó la actuación del XXIV Ayuntamiento en materia de apego al principio de transparencia, en tanto que Juan Manuel Molina García, quien también integra la fracción del partido oficial, advirtió que no se permitiría que algún funcionario municipal quedara impune por manejos irregulares de recursos públicos.
Al igual que Ramos Hernández y Cantón Rocha, Molina recalcó que se acudirá a la instancia investigadora correspondiente en caso de detectarse delitos graves.
A su vez, el legislador panista Juan Diego Echevarría Ibarra denunció que “se repartieron 47 millones de pesos” sólo a “7 asociaciones” bajo el esquema Fondos Tijuana y que por el Programa de Cruce Ágil no se destinó el 100% de lo recaudado.
Mientras que la diputada morenista Angélica Peñaloza consignaría que el Congreso de BC no se constituirá como “tapadera” de lo que consideró el mal gobierno de Caballero Ramírez, e insistió en que la FGE intervenga.
“TEMAS RUIDOSOS” EN CUENTA PÚBLICA DE TIJUANA
En entrevista con ZETA, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado refirió que la revisión a la Cuenta Pública de Tijuana arrojó “temas tan ruidosos como Fondos Tijuana”, en razón de “dos, tres, cuatro asociaciones civiles que no producen, no generan absolutamente nada, pero sí estuvieron recibiendo importantes cantidades de dinero, millones de pesos que no se les ve un destino real en ninguna parte”.
Juan Manuel Molina García aseguró que a ello se agregan “situaciones que tuvieron que ver con la obra pública” en materia de licitación, de tal forma que “hay muchas cosas no claras en el manejo de los recursos, en este caso de lo que se analizó, que fue la 2022, pero ya si la Auditoría considera a nivel delito consignar, tiene que esta facultad, porque está así en la Ley que le rige”, asentó.
“Se considera que sí hay situaciones graves que tienen que analizarse”, remarcó.
Por la comisión de las faltas que dieron lugar a que la Cuenta Pública 2022 no fuera aprobada, Molina García manifestó que, además de quienes ocuparon cargos de oficial mayor, secretario de Gobierno, la propia ex alcaldesa podría hacerse objeto de sanciones.
“En el esquema (de mando) puede ser al esquema más alto, que pueden implicarle responsabilidades de quien tenía la jefatura de la comuna”, dijo.
A su vez, reiteró que las recriminaciones al ejercicio de gobierno durante 2022 y la petición de que en dado caso intervenga la FGE no constituyen una persecución política a Montserrat Caballero Ramírez, quien llegó al XXIV Ayuntamiento de Tijuana con el arropo de Morena y, el 5 de septiembre de 2024, se hizo objeto de una sanción de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia partidista, consistente en destituirla del Padrón de Militantes del Cambio Verdadero, bajo el argumento de que favoreció a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Tijuana para el presente período.
Consultado por este Semanario, el auditor superior del Estado, Arnulfo Raúl Zárate Chávez, manifestó que el pronunciamiento relativo a la intervención de la FGE se constriñe a “una opinión de los diputados”. Sostuvo en todo caso él podría referirse específicamente al trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).
“En las presentaciones hacemos la precisión para aportar información adicional, donde ellos puedan solventar algunas de las observaciones. Ya hasta que nosotros nos pronunciamos, ahí es cuando las acciones, observaciones que persistan pueden ser, como bien dijeron los diputados, faltas no graves o graves”, expuso el entrevistado.
“Las (faltas) no graves son las que turnamos a sindicaturas o los órganos internos de control, dependiendo del ente y las graves, nosotros ya a través de un procedimiento de investigación, que comienza ahí, en el proceso, pero no por el área de Auditoría, sino por el área de Revisiones Especiales, que es de nuestro ente interno, que es el encargado en investigar y substanciar en su momento casos que van al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”, detalló.
Con motivo de la cuenta pública de la que hizo entrega el XXIV Ayuntamiento de Tijuana, “se generaron 99 resultados con observación, de los cuales 31 fueron solventados por la entidad fiscalizada”, en tanto que los 69 restantes incluyeron “30 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”, indicó la Comisión de Fiscalización y Gasto Público de la XXV Legislatura de BC.
De las cuentas públicas de los Ayuntamientos y Concejos Fundacionales de Baja California correspondientes a 2022, además de la de Tijuana, San Quintín arrojó resultados en sentido reprobatorio.
Tratándose del municipio de reciente creación, en el que el 1 de octubre de 2024 entró en funciones el I Ayuntamiento, la ASEBC consideró que el Concejo Fundacional, el cual fue presidido por Jorge Alberto López Peralta, presentó “errores significativos y generalizados en los estados y la información financiera, falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos y las disposiciones legales, fiscales y normativas aplicables”.
Arnulfo Raúl Zárate Chávez indicó que los resultados por la revisión de las cuentas públicas de Mexicali, San Felipe y Rosarito fueron aprobatorios, mientras que las de Tecate y Ensenada aún no se emiten.
COBROS Y CÁLCULOS INCORRECTOS; RECURSOS NO LLEGAN A FONDOS TIJUANA: DICTAMEN
En cuanto a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por la Cuenta Pública de Tijuana 2022, según quedó establecido, por concepto de Impuesto Predial se efectuaron cobros de menos en 103 claves catastrales por un monto de 10 millones 837 mil 974 pesos; cobros de más en tres casos por un monto de 188 mil 614 pesos; recayendo la responsabilidad en Tesorería, Recaudación y Catastro, y en Tesorería y Recaudación, respectivamente.
Se calculó de forma incorrecta el gravamen en lo referente a 5 mil 285 claves catastrales, relativas a una recaudación total de 18 millones 029 mil 701 pesos, derivado de que la clasificación de las construcciones no fue compatible con el tipo de predio. En este caso la responsabilidad recayó en Catastro, Tesorería y Recaudación.
De 2021 a 2024, Raymundo Vega Andrade se desempeñó como tesorero municipal.
Por concepto de pago de derechos por la inscripción, renovación y expedición del Programa de Pases Cruce Ágil a Usuarios de Servicios Médicos y Turismo de Negocios se cobraron de menos 121 mil 114 pesos en 20 casos; de más, 476 mil 301 pesos en 162 casos; de menos, 11 mil 419 pesos en cuatro casos. La dependencia a la que corresponde la correcta aplicación del cobro es la Secretaría de Desarrollo Económico.
En el mismo rubro, el Ayuntamiento no destinó al Fideicomiso de Inversión y Administración Fondos Tijuana los recursos recaudados en diciembre por la inscripción, renovación y expedición de pases, por un importe de 13 millones 271 mil 110 pesos.
Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico vigilar la aplicación íntegra de los ingresos obtenidos al Fideicomiso y a la Dirección de Egresos, el cumplimiento del pago del egreso.
El dictamen asentó que en este caso “el Ayuntamiento incumplió” lo establecido al respecto en la Ley de Ingresos y en el Reglamento del Programa. En 2022, Alejandro Mungaray Lagarda fungió como secretario de Desarrollo Económico.
En otro caso de cobro de Predial, no se pudo determinar el monto del gravamen recaudado de menos a propósito de siete claves que integran recaudación por 23 mil 326 pesos; quedó de manifiesto que la determinación del tributo se hizo tomando como base el valor fiscal de los terrenos, sin incluir las construcciones. Dirección de Catastro es la instancia responsable de establecer el control de los bienes inmuebles y la técnica para asignar la clave catastral.
En el mismo rubro, el Ayuntamiento no hizo las gestiones pertinentes para exigir créditos fiscales a su favor, lo cual derivó que 42 adeudos ascendentes a 6 millones 744 mil 152 pesos prescribieran.
Otras faltas detectadas: el Ayuntamiento se abstuvo de revocar 610 permisos no revalidados, relativos a la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas Alcohólicas por un importe de 74 millones 550 mil 211 pesos; responsabilidad que recae en la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Bebidas Alcohólicas; efectuó erogaciones por 246 millones 229 mil 876 pesos por la contratación de distintos servicios y asesorías, adquisición de medicamentos, arrendamiento de maquinaria, sin obrar de por medio licitación pública, debiéndose haber apegado a los procedimientos correspondientes Oficialía Mayor, Dirección de Recursos Materiales y Departamento de Licitaciones.
Asimismo, erogó un millón 740 mil pesos para la elaboración del Diagnóstico de Integración de Procesos Operativos y Administrativos para la Oficialía Mayor, con base en una adjudicación directa, recayendo la responsabilidad en este caso a la misma dependencia y en la Dirección de Recursos Materiales; arrendó el nivel 2 de estacionamiento público subterráneo, destinado al resguardo de 263 vehículos oficiales y de empleados municipales, para lo cual erogó 2 millones 379 mil 624 pesos y no acreditó haber solicitado autorización del Congreso del Estado e informado a la ASEBC sobre la celebración del contrato, recayendo la responsabilidad en Oficialía Mayor y Recursos Materiales.
En 2022, Jorge Salazar y Jesús García se desempeñaron como secretario de Gobierno sucesivamente y Marcelo Machain al frente de la Oficialía Mayor.
A tales faltas se agrega el incumplimiento (en materia de obligaciones contraídas) de tres contratos que integran erogaciones por 27 millones 367 mil 608 pesos, referentes al servicio de Asistencia Técnica en Regularización de Adeudos de Impuesto Predial; la entrega mediante Fondos Tijuana, de 30 subsidios por 42 millones 501 mil 644 pesos, con motivo de lo cual el Ayuntamiento no proporcionó informe sobre el destino de los recursos otorgados; no consideró los requisitos de elegibilidad para algunos de los beneficiarios; autorizó recursos para solventar actividades cuya realización corresponde al personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras irregularidades.
A las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria referidas se suman 17, entre las cuales destaca una referente a que el Ayuntamiento no ha formalizado la propiedad legal de predios recibidos en donación de desarrolladores de fraccionamientos, registrados en Cuentas de Orden a un valor de 3 mil 484 millones 145 mil 891 pesos; otra relativa a que no ha enterado las cuotas y aportaciones retenidas a personal de base, presentando saldo por 58 millones 433 mil 140 pesos; una más, alusiva a la celebración de un contrato por 24 millones 491 mil 602 pesos para la implementación del Programa Emergente de Mantenimiento (Bacheo a Presión, Velocity Patching), con motivo de lo cual no se consideró el costo beneficio de los trabajos a desarrollar, lo que redundaría en un procedimiento “deficiente” en cuestión de calidad.
“No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por el período del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022”, asentó la Comisión de Fiscalización.
“SI NECESITO DEFENDERME (UTILIZARÉ) LOS RECURSOS JURÍDICOS PROCEDENTES”: CABALLERO
Consultada por ZETA, la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que en lo referente a la Cuenta Pública 2022 “no hay faltas” y “todo ha sido con claridad, con transparencia”.
Dijo tener “todo documentado, debidamente notarizado”, en el ánimo de hacerle frente a cualquier posible observación.
“Ellos refieren faltantes y demás. Realmente no tengo ahorita el dato exacto de cuáles eran los señalamientos. Sin embargo, yo utilizaré los recursos que tenga en su momento, si necesito defenderme, los recursos jurídicos procedentes”, advirtió.
En referencia a los pronunciamientos de los diputados de PVEM, Morena, PAN y PT, dijo: “No vi sus posicionamientos. No los sigo. No estoy al tanto de lo que hace la Legislatura. Entonces no tengo conocimiento en este momento”.
SAN QUINTÍN: OMISIONES Y CONFLICTO DE INTERESES
Según quedó establecido en el informe de la revisión a la Cuenta Pública de San Quintín 2022 por concepto de adquisiciones de Materiales, Servicios Generales, Mobiliario y Equipo de Oficina y Estantería, el Concejo Fundacional no anexó las debidas cotizaciones.
En materia de adquisiciones por 3 millones 844 mil 363 pesos, en lo correspondiente a Asesoría, Asistencia y Transferencia de Tecnología, Ampliación y Rango de Aplicaciones y Capacitación de Procesos del Sistema de Gestión Catastral, no dio constancia de publicación de convocatoria.
Doce contratos administrativos de arrendamiento de unidad vehicular suscritos con empleados resultaron improcedentes, en razón de existir “un conflicto de intereses al celebrar un contrato de arrendamiento para obtener un beneficio personal y al mismo tiempo desempeñar un cargo o comisión en el ente público que le provee de una fuente de ingresos por un servicio personal subordinado”.
Por un contrato de fecha 14 de diciembre de 2022, celebrado con una empresa por un importe contratado de un millón 675 mil 364.31 pesos, en aras de ampliar la Red de Agua Potable en la Localidad Lázaro Cárdenas, se observó que pese haber sido concluida, la obra “no está en operación”.
El auditor superior del Estado concluyó que las observaciones que hace el órgano fiscalizador van en el sentido de que las entidades fiscalizadas “tomen mejores decisiones y obtengan mejores resultados en las revisiones de sus cuentas públicas”.
