Paola N., quien fungió como presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, continuará bajo investigación, bajo el delito de fraude genérico, luego de que fuera vinculada a proceso el pasado 30 de septiembre.
Los hechos en los que se le relaciona ocurrieron en abril de 2022, cuando Paola, gerente de ManterOlas Realty, fue contactada por Luis Alberto Beilis Mitlich, con la intención de comprar un terreno.
Aunque no se logró la primera venta, Beilis le dijo que quería comprar un terreno frente al mar, por lo que al día siguiente, Paola lo contactó para decirle que “tenía” dos predios en el fraccionamiento Encanto del Mar, e incluso estaban en oferta.
Al acudir al lugar de los terrenos, se encontraron con Adalberto Govea López, quien se identificó como representante legal y abogado de Luis Carlos Hernández Puentes, dueño de ambos predios, e incluso les enseñó una identificación de él, y le advirtieron que solía ser un hombre muy ocupado, por lo que sólo se presentaría al momento de firmar la compra-venta.
Ambos le aseguraron a los afectados, que los terrenos estaban en oferta, los dos por 95 mil dólares, la transacción se realizaría en el Registro Público de la Propiedad, no habría recibo, el pago se haría en efectivo, y los cambios de propietario se vería reflejado en cuatro meses; y aunque Beilis Mitlich se asesoró legalmente, en ese momento no encontraron problemas con la transacción, por lo que firmó el contrato, junto con Paola y el supuesto dueño.
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Fue hasta un año después, cuando el verdadero propietario le informó al afectado, su esposa y su mamá que estaban invadiendo propiedad privada, se identificó y demostró con documentos que eran de él, por lo que procedió a interponer la denuncia por fraude en contra de Paola y Govea López, pues fue el que presentó la identificación del dueño apócrifa.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el 30 de septiembre, el abogado de Adalberto, David González Solís, recalcó que fue Paola quien realizó las gestiones de compra-venta, e infirió que el asesor legal del afectado tuvo responsabilidad en no advertir a sus clientes.
Sergio Lagunas Molina, abogado de Paola, pretendió desestimar las imputaciones de la fiscal, al señalar que los afectados no legitimaron su identidad, misma que fueron refutadas por la fiscal al decir que lo hicieron en repetidas ocasiones, incluso, con el hecho de presentarse en las dos audiencias.
Tras el debate, el Juez de Control determinó que sí existían elementos de prueba para vincular a proceso a la expresidenta de la APIT, pues su firma aparecía en el contrato de compra-venta, así como las conversaciones a través de la aplicación WhatsApp.
Sin embargo, en el caso de Govea López, fue desestimado porque a pesar de que cuenta con seis carpetas de investigación en etapa inicial, también por el delito de fraude y despojo, y la primera audiencia se pospuso porque no se pudo localizar; la realidad legal es que estuvo en las reuniones, pero no hay ningún documento que evidencie su participación activa en el fraude.
El Juez mencionó a la fiscal que faltó precisar la relación entre la imputada y Govea, cómo se conocieron, y cuándo éste conoció al supuesto dueño de los terrenos, por lo que dio dos meses como periodo de investigación; es decir, hasta el 30 de noviembre, en donde la fiscal buscará conseguir la reparación del daño a través de acuerdos, o en su defecto, un juicio abreviado.
Mientras tanto, se mantiene la medida cautelar en contra de Paola, que es la de no mantener ningún tipo de contacto con las partes afectadas.
