Una representación de vecinos de la colonia Ampliación Moderna en Ensenada, que lleva más de un año defendiendo las áreas verdes de la comunidad, recibió una denuncia por el delito de despojo de parte de la inmobiliaria El Vigía S.A. de C.V., dedicada a la venta de terrenos.
Toda la superficie que ha comercializado la empresa pertenecía al general fallecido, José de Jesús Clark Flores, tras un juicio de siete años en el Juzgado Tercero Civil bajo el expediente 0180/2017, en el que los terceros afectados no tenían conocimiento.
La mañana del martes 15 de octubre, a las 11:00 a.m., los imputados fueron acompañados por vecinos de la colonia para manifestar apoyo a sus compañeros denunciados. Llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con pancartas, fotografías del parque y camisetas alusivas a la causa, ya que tres de sus residentes fueron citados, entre ellos Dina Montoya, representante del Comité de Vecinos de la Ampliación Moderna.
Dina Montoya informó que el objetivo principal de la visita a las instalaciones de la FGE fue declarar formalmente y solicitar acceso a la carpeta de investigación del caso, con el fin de conocer su estatus.
“Somos tres afectados en total, y todos estamos en la misma situación. Queremos entender mejor los detalles del proceso y cuántas personas más están implicadas”, comentó.
Publicidad
__
El conflicto legal ha generado tensión en la comunidad, ya que el inmueble en disputa es un parque que ha sido un punto de reunión clave para los residentes. Según informaron, actualmente el procedimiento legal ante el juzgado tiene una suspensión definitiva, lo que ha permitido a la inmobiliaria mantener la posesión del terreno.
Ramón Campos, abogado especialista en el nuevo sistema de justicia penal, quien ha tomado la defensa de los vecinos del Parque de la Moderna, aseguró que lo que está ocurriendo es un intento de presión por parte de los denunciantes para intimidar a la comunidad y lograr que cedan en la defensa del espacio.
El abogado Campos explicó que, conforme a los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existen las condiciones necesarias para que se aplique la prisión preventiva oficiosa, ya que no hay riesgo de sustracción de la justicia ni falta de arraigo por parte de los vecinos.
“Es difícil que se pueda acreditar algún delito en este caso”, afirmó.
No obstante, Campos advirtió que el objetivo de los denunciantes podría ser llegar a un acuerdo reparatorio, lo que implicaría la entrega del parque, un escenario perjudicial para la comunidad.
Una vez que revisen la carpeta de investigación, el equipo legal podrá entender mejor quiénes son los que están imputando, para estructurar una defensa sólida en beneficio de la comunidad.
