Con 75 votos en favor y 40 sufragios en contra, el Pleno del Senado avaló a las cinco personas que integrarían parte del Comité de Evaluación, que revisaría los perfiles de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, así como miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
Antes, el mismo día, con 326 votos a favor y 102 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la quinteta para integrar parte del Comité de Evaluación para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2025.
En ambos casos, los votos a favor fueron emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). Mientras que los sufragios en contra fueron emitidos por legisladores de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI). Las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), abandonaron los plenos de las cámaras del Congreso de la Unión.
Las personas que integrarían parte del Comité de Evaluación serían: Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez De Lara, Ana Patricia Briseño Torres, María Gabriela Sánchez García y Andrés Norberto García Repper Favila.
“Nosotros sostenemos que, al tener ustedes como Morena el control de quienes van a aparecer en las boletas, le están tomando el pelo al pueblo de México diciendo que va a haber voto libre, directo, secreto. Tenen el control porque la presidenta es emanada de su partido, tienen el control porque tienen mayoría en ambas cámaras y tienen el control”, expuso Ricaro Anaya Cortés, senador del PAN.
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En el mismo sentido, la senadora Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI, afirmó que la reforma judicial podría ser legal, pero no era legítima, y añadió que los candidatos a jueces no los iba a decidir el pueblo, sino “ese comité que se ha nombrado, por eso vamos a votar todo este tiempo de manera congruente en contra”.
En tanto que el senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que su bancada no podría legitimar el hecho de que los líderes de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión, se repartieran a los integrantes del Comité de Evaluación y no hicieron parte del acuerdo a ningún otro grupo parlamentario.
“Mucho menos cuando ya en medios de comunicación imperan las declaraciones de los líderes de ambas bancadas mayoritarias diciendo que cada quien eligió dos, y que uno se va a mantener como neutral; no podemos, en sana conciencia, legitimar esta simulación antidemocrática”, refirió.
La diputada panista Paulina Rubio Fernández acusó que la oposición no participó en la conformación de la quinteta, para no “convalidar” el proceso, ya que, según dijo, era una farsa, porque entre los perfiles se encontraban personajes cercanos a Morena y a sus partidos aliados.
“Miren nada más lo que tenemos en el Comité de Evaluación, las joyas que van a evaluar a quien puede o no estar en una boleta. Tenemos desde hoy integrantes del Comité que fueron representantes del partido Morena en la Ciudad de México, tenemos también a personas que participaron o son simpatizantes del Partido del Trabajo en Sonora, tenemos también a una consejera que fue señalada por llevarse mucho dinero después de terminar su encargo como consejera del Instituto Electoral de Tabasco”, indicó la diputada del PAN.
“Pretenden hacerle creer al ciudadano que van buenos perfiles a las boletas, cuando los únicos perfiles que van a estar en una boleta son los perfiles que transiten por Morena”, reiteró Rubio Fernández.
Por su parte, la priista Nadia Navarro Acevedo advirtió que la reforma constitucional en materia de elección de juzgadores era un “golpe mortal a la democracia” y al Estado de derecho. Advirtió que el “mal llamado” Comité de Evaluación no era una propuesta seria.
“En el PRI consideramos que este proceso forma parte de una reforma avalada desde el poder y que se gesta en la venganza, en la venganza que hoy trasgrede no sólo normas en materia internacional, sino que también es en perjuicio de todas y todos los mexicanos”, señaló Navarro Acevedo.
En su turno, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que los perfiles propuestos cumplían con los requisitos que preveían la ley, como la antigüedad en el ejercicio de la función, la experiencia jurídica de al menos cinco años y no haber pertenecido, ni haber sido dirigente partidista durante los últimos tres años.
El político zacatecano argumentó que no tenían propuestas para valoración, debido a que la oposición no participó en el proceso de conformación y, debido a que el Comité de Evaluación tenía que quedar instalado a más tardar el 31 de octubre de 2024, la mayoría parlamentaria en San Lázaro tuvo que tomar una decisión, porque, de no cumplir con ese plazo, estarían en falta.
“Lo saben bien los coordinadores de los grupos parlamentarios, insistí ayer, insistí la semana pasada en que los que conforman la oposición, minoría respetable, presentaran candidatos o candidatas a este Comité de Evaluación”, recordó Monreal Ávila.
“No lo hicieron, declinaron el hacer propuestas, por lo que nosotros no teníamos perfiles de valoración para poder seleccionar algunos perfiles más […] como tenemos fechas fatales, 31 de octubre, tenemos que tomar la decisión”, indicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro.
“Creo que es una quinteta confiable, a pesar de que ha sido descalificada, los resultados nos darán la razón en la selección de aspirantes a puestos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros y miembros magistrados al Tribunal de Disciplina Judicial”, reiteró el legislador zacatecano.
Según el artículo 96 de la Constitución, que se modificó por la reforma al PJF, cada poder de la Unión integraría un Comité de Evaluación, conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, para este fin.
Los miembros del Comité de Evaluación recibirían los expedientes de las personas aspirantes, evaluarían el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, e identificarían a las personas mejor evaluadas, que contaran con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo.
Además, el artículo 96 de la Constitución señala que las personas elegidas deberían de haberse distinguido por “su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
El Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Presidencia de la República tendrían hasta el 31 de octubre de 2024, para instalar dichos comités.
¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN?
Andrés Norberto García Repper Favila fue representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), y, en 2023, dicho partido propuso como integrante del Comité Técnico de Evaluación para la designación de cuatro consejeros electorales, proceso en el que fue elegida Guadalupe Taddei Zavala, actual consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Participó en los foros para la reforma judicial convocados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los que se manifestó a favor de ésta. En sus cuentas de las diversas redes sociales expresó su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta de la República.
Otros perfiles son Maday Merino Damián, abogada, escritora y servidora pública, originaria de Tabasco. Fungió como consejera distrital de la junta electoral del INE y fue la primera mujer consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco, en 2014.
Mientras que Maribel Concepción Méndez de Lara ingresó en 1992 a la Procuraduría Agraria. En agosto de 2012, fue nombrada, por unanimidad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario y en 2020 fue designada presidenta de dicha institución.
Ana Patricia Briceño Torres es presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), en sustitución de Guadalupe Taddei Zavala, actual consejera presidenta del INE.
También fue magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora y consejera del Instituto Electoral de dicha entidad. En entrevistas se ha manifestado a favor de la propuesta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer institutos nacionales y locales de transparencia.
Por su parte, María Gabriela Sánchez García es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, con 28 años de carrera judicial.
