El XVII Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, por fin dio el banderazo de salida de lo que conforma la nueva modalidad de transporte para la Ciudad Capital, denominada “Tiburón Urbano”. Mientras las autoridades municipales destacan un cambio sustancial para el acceso al derecho a la movilidad y una renovación del sistema paceño, activistas y líderes concesionarios denuncian discriminación y competencia desleal.
Juan Manuel Olachea, líder del Movimiento para el Respeto y el Derecho a la Inclusión de las Personas con Discapacidad, denunció que ninguna de las 20 unidades, que ya están en marcha en avenidas de La Paz, cuenta con rampas ni las adecuaciones que ya marca la ley.
El activista en temas de movilidad e inclusión para personas con discapacidad expuso que regidores de la Comisión de Transporte del Cabildo del Ayuntamiento, prometieron y aseguraron por más de un año que estos camiones sí contarían con los mecanismos necesarios para que se cumpla con la inclusión; sin embargo, todo fue mentira.
“Hablamos ahorita de la lavadera de coco que nos hizo Milena Quiroga, junto con Osiris del Carmen, representante en Cabildo de nosotros; del regidor Meza, que es de la Comisión de Transporte; y Abimael Abúndez, que también es integrante de la Comisión”, señaló.
“Nos utilizaron el año pasado para hablar sobre el transporte inclusivo del nuevo transporte Tiburón Urbano; nos utilizaron todo ese fin de año, prometiendo que llegarían en noviembre, después diciembre, después marzo; y al fin de cuenta está el transporte urbano nuevo”, exhibió.
Agregó que también las autoridades de la Dirección de Inclusión y la misma alcaldesa aseguraron que sí venían con rampa estas nuevas unidades.
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“Llegaron los 20 camiones y ni uno llegó con rampa. Voy viendo la aplicación y en la ruta número 2 hay siete camiones y en la ruta número 1 hay nueve, pero ninguno con rampa. Es una mentira total, nos jugaron el dedo en la boca otra vez este gobierno”, reiteró.
“Los regidores se subieron en diferentes ocasiones a las unidades para evidenciar que no había rampas, incluso cotizaron para comprar, sin embargo, todo fue circo, maroma y teatro”, añadió.
Esto se suma a un escenario desolador para las personas con discapacidad, comenta, ya que ninguna administración ha cumplido con el derecho al acceso digno a las unidades del transporte público, a pesar de que ya lo establece la ley.
“Seguimos igual, yo ahorita en realidad no me puedo mover para ningún lado porque sacaron los camiones de Miramar también, el 30 y el 29 los sacaron”, dijo.
A pesar de que las circunstancias son adversas y que las autoridades municipales no cumplieron con las promesas y con lo que marca la ley, Juan Manuel Olachea no ha dejado a un lado la lucha y procedió con un amparo personal que ya ganó en contra del Ayuntamiento de La Paz y el Gobierno del Estado.
En los actos reclamados en el amparo 1179/2018 se subraya:
*Ausencia de accesibilidad al transporte, comunicaciones y la viabilidad para el suscrito, quien se encuentra postrado y requiere de silla de ruedas para su movilización por motivo de una discapacidad motora permanente e irreversible.
*Omisión de las autoridades responsable de promover la adaptación o adecuación de los transportes públicos colectivos para personas como el suscrito.
*Discriminación y desigualdad motivada en razón de su discapacidad, ya que no existe accesibilidad al transporte público colectivo, comunicaciones y la viabilidad para el suscrito.
*Omisión de las autoridades responsables de realizar los ajustes razonables al sistema de transporte público colectivo.
*Omisión de las autoridades responsables de vigilar que el servicio de transporte público colectivo proporcione a las personas como el suscrito, con discapacidad; el transporte con los equipos biomecánicos o técnicos directamente relacionados con su discapacidad, como rampa hidráulica y un espacio vacío especial dentro del transporte para que pueda viajar sentado en su silla.
Recordó que en 2014 se promulgó la Ley Estatal de Transporte, donde se obliga a los gobiernos estatales y municipales a empezar a adaptar camiones para que, en un lapso de seis años, ya se tuviera el 80 por ciento del parque vehicular con las adecuaciones necesarias para que sean inclusivos con las personas con discapacidad.
Sin embargo, pasó la administración del exgobernador, Carlos Mendoza Davis (2015-2021), y no se avanzó nada; ahora sucede lo mismo con el mandato de Víctor Castro Cosío.
“No es un capricho de nosotros, es algo que está en la ley. El amparo que gané me da toda la razón a mí. Este amparo lo que reitera es que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de La Paz deben contar con una flotilla total de unidades del transporte público con rampas”, recalcó.
“Yo no estoy negociando ni dos, ni el 50 por ciento, ni nada; es una su totalidad. No se ha visto ni un poco a poquito, pero el Ayuntamiento se respalda en que el reglamento dice que son el 20 por ciento, que de cada 2 son 10 camiones, pero ni eso se ha visto”, advirtió.
En este contexto, el activista vislumbra una resistencia por parte de las autoridades para cumplir con la inclusión en el servicio de transporte.
“Al fin de cuentas me dieron el gane, no había nada que alegar porque me amparé en el artículo primero Constitucional, el derecho de condición; por eso es que gané. Sí le sacó la vuelta el gobernador con sus licenciados, pero sí le gané”, sostuvo.
Cabe mencionar que Juan Manuel también cuenta con una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) en donde se le otorga la razón en esta problemática, no obstante, acusó que si las autoridades estatales y municipales no obedecen a un juez, menos a un organismo autónomo.
TRANSPORTISTAS SE AMPARAN
Tras el arranque del Tiburón Urbano, transportistas se unieron de nuevo para protestar en contra de esta nueva modalidad del servicio público, subrayando que se trata de una forma de competencia desleal por los precios que maneja, así como ilegal por estar fuera del marco de la Ley Estatal de Transporte.
Pedro Enrique López, líder del sector, informó que procederán con un amparo en contra del nuevo sistema, esto por la invasión de rutas que ya están trazadas para la ciudad de La Paz, ya que existe una afectación directa, aseguran, contra los choferes que han sostenido el servicio durante décadas.
Aclaró que, por el momento, a una semana del arranque del Tiburón Urbano, no han registrado pérdidas importantes, sin embargo, recalcó que no esperarán a que esto suceda para actuar legalmente.
Cabe recordar que el nuevo sistema tiene un costo de 16 pesos en la primera subida, de 8 pesos en la segunda y la tercera será gratuita. No aceptará efectivo, por lo que se implementa el uso de tarjetas electrónicas que tendrán un precio de 50 pesos para el público en general y de 40 pesos para personas con discapacidad.
Esto también ha levantado la inconformidad entre concesionarios del transporte tradicional, ya que, afirman, no pueden competir con los precios del Tiburón Urbano que, además, es manejado por grupos particulares con el aval del Gobierno del Estado.
“Aquí está el dictamen que aprobó la Comisión de Transporte Municipal; aparte de corruptos son totalmente ignorantes porque aprobaron un dictamen que trae un montón de irregularidades, atentando en contra de la ley y los derechos de todos los transportistas”, indicó Pedro Enrique López.
“Ahora resulta que las placas que traen los camiones nuevos, que son armados, no son del año; los representantes de esos son los de Baja Pack y Eco Baja Tours que los representa López Soto”, arremetió.
Exigieron que se debe de investigarse a fondo todo este nuevo sistema ya que, insisten, el Gobierno Municipal incurrió en actos de corrupción.
“Si el gobernador no ha otorgado ninguna concesión y no se ha autorizado ningún cambio de unidad ni nada, quiere decir que ella (Milena Quiroga) nos ha estado engañando a todos los ciudadanos”, manifestó.
Los concesionarios recordaron que la única ocasión en que recibieron apoyo para renovar sus unidades fue en la administración de la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán (2011-2015), con cinco millones de pesos a través de un fideicomiso, sin embargo, nunca más se volvió a distribuir el recurso para mejora del parque vehicular del transporte público.
“Con estas cosas que han estado sucediendo ningún concesionario va a invertir, ¿de qué manera va a invertir a cómo estamos viendo las cosas?”, cuestionó el líder.
El vocero del movimiento insistió en que están a favor de la modernización, pero no respaldan las acciones del Ayuntamiento de La Paz con la entrada de las 20 unidades del Tiburón Urbano, que según autoridades municipales, serán 30 para cuando finalice el 2024.
LA MODERNIZACIÓN NO PUEDE ESPERAR
Ante los señalamientos de grupos concesionarios, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, defendió el nuevo sistema de transporte,
Sostiene que, así como existen quejas por parte de transportistas, está la otra cara de la moneda: los usuarios que por años han exigido una mejora sustancial en la calidad de todo el servicio que reciben.
“Más que señalamientos, aquí necesitamos responder a los señalamientos de la gente, del usuario; y el usuario tiene muchos señalamientos del servicio, y eso nos compromete a nosotros a mejorar, que es lo que nosotros escuchamos y estamos haciendo”, declaró.
“Sí ellos escuchan los señalamientos de la gente y los consideran para dar un buen servicio, pues qué mejor; pero señalar al Gobierno que está solucionando o tratando de solucionar esa deficiencia en el servicio, creo que no es lo que quiere la ciudadanía”, enfatizó.
Hizo hincapié en que se les involucró a todos los transportistas en este proceso, a través de mesas de trabajo, sin embargo, acusa, los detractores se organizaban para no asistir y desairar las reuniones.
Ahora iniciaron con 20 unidades, pero esperan continuar con más unidades en los siguientes tres años en su segundo mandato ahora que ha quedado reelecta, para brindar un servicio eficiente y digno a la ciudadanía.
No obstante, al ser cuestionada sobre el monto total de la inversión que se requirió para los camiones, la presidenta evadió especificar e informar claramente sobre esto, respondiendo que el recurso provino de particulares.
“No sé, la inversión la hicieron particulares que asociaron o que tienen concesiones y ellos lo van a ir recuperando. Fue una inversión, inversión que no tiene el Gobierno y que van a ir recuperando conforme dan el servicio”, evadió.
“Las unidades ellas las compran, ellos decidieron esas unidades. Si compran unidades más nuevas, pues más caro o de otra marca, eso ya depende”, finalizó.
