Durante la noche del pasado viernes 30 de agosto, a las afueras del domicilio de Susana Barrales Honorato, presidenta de “La Casita de Unión Trans”, se registró un atentado en el que incendiaron un mueble cerca de la ventana del hogar. El fuego logró ser sofocado con el apoyo de vecinos, según compartió la activista.
Barrales Honorato ha brindado albergue a migrantes miembros de la comunidad trans, desplazados forzadamente debido a la violencia que sufren en el sur del país o que son echados de su hogar por discriminación.
Ante su labor de apoyo, mencionó que este año ha contabilizado alrededor de cinco atentados, entre los cuales destacó cuando quebraron las ventanas de su carro y una amenaza con pistola, de los cuales no realizó denuncia, ya que no había caído en cuenta del peligro real.
En esta ocasión, y ante el riesgo que representa tanto para ella como para los miembros de la comunidad, finalmente presentó una denuncia para dejar precedentes: “Creo que ahora sí ya se ha rebasado el límite de ir a mi casa a incendiarla. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y no sea solo un carpetazo, pero a final de cuentas creo que la labor que estoy haciendo está dando resultados”.
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Según relató, llegó a su casa a las 9:45 p.m. del viernes 30. Al llegar, notó un mueble cerca de la ventana, que habían incendiado. “Estaban esperando a que llegara a mi hogar para prender la lumbre. Desafortunadamente, me di cuenta, salí, retiré el mueble. Hablé al 911, pero nunca llegó, como siempre. Tratamos de apagar el fuego yo, otro vecino y una compañera; afortunadamente lo logramos”, agregó.
Al residir cerca de un cuartel militar, señaló que las autoridades se encargan de monitorear las cámaras. Además, cuenta con el botón de pánico tanto en su casa como en la oficina. De igual manera, está bajo el Mecanismo de Protección Federal para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Activistas recibieron amenazas tras la aprobación de la Ley de Infancias Trans
A raíz de la aprobación de la ley de cambio de identidad para las infancias y adolescencias trans, el pasado 20 de junio, varios activistas recibieron amenazas de muerte a través de llamadas y redes sociales.
“Ahí es donde el boom fue más fuerte hacia la comunidad trans, porque la sociedad cree que queremos cambiar un mundo a una mentalidad de alguien que es una mujer. Lo único que estamos haciendo es pelear nuestros derechos como personas y creo que de ahí arranca toda la violencia que he recibido”, comentó.
A pesar de las agresiones, la activista manifestó que sus actividades no se detienen y continúan luchando por la visibilidad y los derechos de la comunidad.
“Las autoridades ya deben tomar cartas en el asunto. Así como ya está la ley en Ciudad de México, la ley que se aprobó sobre los feminicidios trans, cada mujer trans que maten debe tener una condena de 15 hasta 45 años de prisión. Esta ley debe aplicarse a nivel nacional”, explicó.
Y agregó: “Creo que ese es el esfuerzo que La Casita de Unión Trans y todas las compañeras estamos haciendo como parte de este equipo. No nos van a callar; así maten a Susana, habrá más gente que luchará por nuestros derechos, porque ya no es justo que nos callemos”.
Hizo hincapié en que continuarán trabajando de la mano con la fiscalía para que cada incidente tenga las debidas consecuencias.
