El eventual desmantelamiento del Sistema Nacional de Transparencia será el que genere más repercusiones de los cambios propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que implica abrir la puerta a la discrecionalidad, la opacidad y a la corrupción, consideró la especialista del IMCO, Natalia Campos Delgado.
La iniciativa extingue de un plumazo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes de transparencia de las 32 entidades federativas, para transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del Legislativo y Judicial a nivel federal y estatal, entre otras dependencias.
En este contexto el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Baja California (ItaipBC) desaparecerá de concretarse la reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos federales, cuya aprobación por legisladores de Morena y partidos afines en el Pleno del Congreso de la Unión se contempla para septiembre próximo.
El comisionado presidente del ItaipBC, José Francisco Gómez Mc Donaugh, señaló que la reforma constitucional es “ambigua”, “inaterrizada” y “muy invasiva” a la autonomía de las propias entidades federativas. “Como toda reforma federal ve un mundo muy pequeño, muy centralizado, pero hay una realidad muy distinta a las entidades federativas”.
Manifestó su preocupación por el futuro de los 30 trabajadores de la institución, y porque acabar con el sistema de transparencia pone “en juego” los derechos humanos a la información, a la privacidad y a la transparencia en la gestión pública.
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“Los ciudadanos no van a confiar en que los gobiernos sean juez y parte en la tutela de los derechos de los ciudadanos. No vamos a creer al 100 por ciento que el gobierno nos va a dar la información que requerimos”; de ahí que se haya luchado tanto por tener organismos que tutelen esos derechos, expresó.
Datos del ItaipBC muestran que en la primera verificación en 2024, hecha a 24 de los 45 sujetos obligados en el estado, ninguno alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento. El Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres, 39.6 por ciento y el Conalep (45.8 por ciento) fueron los que tuvieron más incumplimiento.
Por otro lado, el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 23 de agosto pasado, no esclarece si seguirá operando la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta digital en la que las instituciones municipales, estatales y federales publican, entre otras obligaciones, el sueldo de los servidores públicos, viáticos ejercidos y contratos de servicios y obras. Además, el ciudadano puede presentar solicitudes de información que deben ser contestadas por las instituciones, muchas de las cuales han sido base para exponer casos de corrupción en medios de comunicación.
“Yo he escuchado al señor Presidente hablar del tema, y la verdad, con todo respeto a la investidura presidencial, pues deja mucho que desear el comentario de alguien con ese poder de penetración en la cultura de los mexicanos. Porque él mismo está, de alguna manera, desinformando a la sociedad”, dijo Gómez Mc Donaugh.
En días pasados, y a propósito de los cambios -refirió-, su homólogo del Instituto de Transparencia de Aguascalientes ofreció a la gobernadora de esa entidad (Teresa Jiménez) trasladar algunas funciones del ITEA al Tribunal Estatal Justicia Administrativa y otras tantas al Sistema Estatal Anticorrupción.
“Al parecer por ahí va el desenlace, por fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, y el de los sistemas estatales”, sin embargo, en Baja California no puede asegurarse que vaya a suceder así, dado que “no estamos ciertos de cómo va a aterrizar la reforma”.
Se ha abordado el tema con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el consejero jurídico Juan José Pon; con algunos diputados federales, en especial con Armando Fernández Samaniego; y a nivel local, con los legisladores Juan Manuel Molina y Alejandra Ang, presidentes de las comisiones de Gobernación y de Fiscalización, respectivamente, con quienes se ha coincidido en que “debemos esperar cómo viene la reforma”.
Gómez Mc Donaugh llamó a la ciudadanía a estar atenta, porque los gobiernos deben de ser entes transparentes independientemente de quien los esté supervisando, y “no dar pasos para atrás” en los derechos ya logrados.
La comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, señaló en entrevista con ese Semanario que la reforma constituye un riesgo de que no se conozca la información que es pública y que los datos personales queden expuestos al robo de identidad y a la delincuencia organizada. El dictamen “tiene muchas lagunas” y no dice quién se hará cargo de tutelar los datos personales en posesión de particulares.
Actualmente el INAI emplea a cerca de 850 personas, con un presupuesto de mil 97 millones de pesos. “Es una falacia que se eliminará el INAI para tener ahorros”, dijo Del Río Venegas, aunque reconoció que podría adelgazarse la estructura del Instituto; que en lugar de siete sean cinco comisionados, pues desde hace años están trabajando cuatro. “Podemos eliminar algunas áreas que ya cumplieron su vida útil y pudiéramos llegar a un ahorro de 300 millones de pesos”.
A decir de la entrevistada, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum dejó entrever mediáticamente que la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (actual secretaria de Seguridad), podría establecer un diálogo; sin embargo, admitió que el dictamen podría pasar en septiembre en el Pleno del Congreso de la Unión si Morena y aliados consiguen mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Atribuyó la eliminación del INAI y los organismos garantes en los estados a que “a todas las autoridades les incomodan las resoluciones de los institutos de transparencia”: les incomoda abrir información que quieren mantener reservada, les incomoda cargar información que están obligados a dar a conocer y que entre en acción el INAI cuando se vulneran los datos personales.
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD
Para la coordinadora de administración pública en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Natalia Campos Delgado, la desaparición de los siete organismos autónomos federales constituye un cambio “abrupto”, que disminuiría la calidad de la vida de las personas si las funciones de estos organismos no se realizan de forma óptima por las dependencias a las que se les trasladarán.
En ese sentido, cuestionó si la Secretaría de Economía -que en el presente sexenio ha visto reducidas muchas áreas y capacidades- podrá solventar el tema de competencia económica cuando desaparezca la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tal como establece el dictamen.
Esta reforma y la judicial son “un retroceso en términos de competitividad”, en momentos en que, por el contrario, México debería establecer las condiciones para aprovechar el nearshoring. “Al no existir estos organismos especializados puede desincentivarse las inversiones, lo que podría repercutir en el crecimiento de la economía y del empleo”.
La reforma constitucional concentra las decisiones que deberían ser técnicas en el Poder Ejecutivo. “Es un riesgo de que se politicen las decisiones”, y representa mayor riesgo de corrupción, porque las decisiones ya no se tomarán pensando en el interés colectivo, sino desde la visión de un grupo. “Es un riesgo para el sistema democrático. No una dictadura de entrada, pero el tiempo lo dirá al final”.
Consideró que la ciudadanía no dimensiona las implicaciones que tendrán las reformas constitucionales, porque “las instituciones que en este momento están en juego no han hecho un trabajo suficiente de darse a conocer”, por lo que hay un ambiente de desconfianza hacia muchas dependencias y un desencanto de la política y la democracia.
Las reformas en definitiva son uno de los factores por los que se está depreciando el peso. “Hay preocupación de los actores económicos”, porque los cambios implican incertidumbre jurídica y potenciales disputas comerciales con los socios del T-MEC, Estados Unidos y Canadá.
Al inicio de la jornada cambiaria del 29 de agosto de 2024, el billete verde se vendía en los 20 pesos en ventanillas bancarias de Scotiabank, Citibanamex, Azteca y Afirme, pues el peso volvía a perder terreno frente al dólar.
“No es cierto que la desaparición de los organismos autónomos aliviará las finanzas públicas”, pues el ahorro es mínimo (0.05 por ciento del total del presupuesto federal según México Evalúa), agregó Campos Delgado.
DESCABEZAR ORGANISMOS GENERARÁ 150 MDP
La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Adriana Bustamante Castellanos, defendió la reforma presidencial al señalar que ésta generará un “ahorro” de 150 millones de pesos, “equivalentes a cinco millones de pensiones”, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar recientemente creado con el fin de “ir logrando justicia social” para las personas afectadas por las reformas a pensiones.
El dictamen plantea un cambio de forma jurídica para que los organismos autónomos (Cofece, IFT, Coneval, INAI, CNH, CRE, Mejoredu) pasen a formar parte de la administración pública. Sus funciones seguirán, por lo que en sí no se trata de una desaparición, aseguró.
Conforme al dictamen, dijo, los derechos laborales de alrededor de mil 500 personas están “salvaguardados” y sólo se prescindirá de los Consejos Directivos y áreas asociadas, lo que equivale a alrededor del cuatro por ciento del total.
“La actual persona que está llevando la titularidad de esa dependencia tendría ese cargo; va a existir, nada más que a otro nivel, ya no como parte de esa burocracia dorada”, con sueldos excesivos que sobrepasan el del Presidente. “Entonces son muy pocos los cargos que se eliminarían” indicó en entrevista con ZETA.
La reforma constitucional, afirmó, no implica la desaparición de la autonomía de los siete organismos, puesto que éstos nunca han sido autónomos, ya que los funcionarios que los encabezan fueron designados por el Presidente y reciben presupuesto también asignado por el Ejecutivo.
OPOSICIÓN ESTUDIA ACCIONES LEGALES
El diputado del PAN, Santiago Torreblanca Engell, discrepó de la legisladora oficialista. Afirmó que el principal problema de la reforma es que instaura al gobierno como juez y parte. Los organismos autónomos existen para evitar que “los intereses del gobierno se impongan sobre la sociedad”; es decir, son una especie de árbitro y su desaparición implica la pérdida de contrapesos.
Con la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el gobierno tendrá la tentación de mostrar resultados que le generen un aplauso público, aunque estén lejos de la realidad. “Con cada uno de los órganos que desaparecerán, el gobierno tiene un conflicto de interés”.
Advirtió que, de concretarse la reforma constitucional, México estaría incumpliendo varios capítulos del T-MEC y otros tratados internacionales, como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos.
La intención del oficialismo es que este dictamen y el de la reforma judicial pasen al Pleno de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura en la primera semana de septiembre. Por ello, legisladores de oposición aprestan acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo “aun sabiendo que la Corte va a decir ‘no puedo declarar inconstitucional la Constitución’”.
Este camino tiene que agotarse para poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podría atraer el caso y presentarlo a la Corte Interamericana, lo que podría ocurrir en tres años. “Lo tenemos que llevar a cabo, no podemos permitir que maten la democracia sin meter las manos”.
Las reformas constitucionales de AMLO plantean “una dictadura en toda la extensión de la palabra”, consideró Torreblanca Engell.
Su correligionaria, Lizbeth Mata Lozano, señaló que se está explorando la ruta jurídica para contrarrestar las reformas, ya que, por primera vez en la historia, la oposición no tiene 33 por ciento de la Cámara de Diputados requerido para presentar una acción de inconstitucionalidad.
A su parecer, Morena aprovecha un discurso de eliminar privilegios y costos administrativos para simular y tener el control del trabajo de los organismos. “Estamos cumpliendo con el libro de cómo llegar al autoritarismo y lo estamos haciendo paso a paso”, aseveró la legisladora.
EN RIESGO LUCHA CONTRA POBREZA
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirmó que su eliminación “pone en riesgo” la capacidad del Estado para luchar contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales.
Rechazó que caiga en los supuestos que marca el dictamen para desaparecer los organismos autónomos: No duplica funciones con el INEGI, ha cumplido con la política de austeridad y es un órgano descentralizado cuya cabeza de sector es la Secretaría del Bienestar, aunque goza de autonomía técnica y de gestión.
Fusionar el Coneval y el INEGI “significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente”.
El secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, explicó a ZETA que esta institución mide la pobreza, evalúa los programas sociales y la gestión de la administración pública mediante análisis técnicos con metodologías neutrales y transparentes que van actualizándose, mientras que el INEGI sólo presenta la información recabada.
La plantilla del personal del Coneval es de alrededor de 200 personas. Este año cuenta con un presupuesto de poco más de 418 millones de pesos. Debido a que hubo una reducción del 16 por ciento en plazas de estructura con la Ley de Austeridad Republicana en 2019, el Coneval es una institución “muy pequeña” que no podría reducirse.
“De las casi 200 personas que trabajan en el Coneval, apenas 25 por ciento es de estructura y 65 por ciento es eventual que se recontrata cada año; entonces estamos al límite en cuanto a nuestras capacidades de capital humano, y sería complicado pensar en una reducción de personal”, reiteró.
“México es el único país de América Latina que tiene la misma metodología para medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, y ésa es una excelente herramienta de comparabilidad y de priorización de la población objetivo que tiene que recibir intervención social”.
La información analizada por el Coneval se envía cada año a la Secretaría de Bienestar, quien define zonas de atención prioritaria y con base en ellas se reparte el dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Dicho fondo es para los municipios con más marginación y pobreza del país la única fuente de financiamiento para hacer obras de desarrollo social, por lo que sin el Coneval podría perderse la transparencia en la medición de la pobreza y la información que permite focalizar y priorizar las intervenciones, aseveró Cruz Marcelo.
