Cuatro integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), comisionados a las delegaciones del Valle de Guadalupe, en Ensenada, están tras las rejas acusados de complicidad en diversos homicidios dolosos, desaparición y privaciones ilegales de la libertad.
Hay dos agentes más que tienen orden de aprehensión por esos mismos delitos y que obtuvieron un amparo por parte del juez de distrito en Ensenada, Noel Castro Melgar.
Los elementos arrestados en las últimas semanas son: Carlos Javier Juárez Parma, Bryan Isacc Pérez (éste ya estaba preso por el delito de desaparición), Esteban Hernández Ramos y Raúl Miguel Ramírez Villa; los cuatro fueron vinculados a proceso el miércoles 4 de agosto.
Mientras que los amparados son Karla Paulina Cecilia Jacob Romero y Carlos Javier Juárez Parma.
Se sabe que hay más elementos prófugos, mientras que otros están en investigación dentro de las carpetas de investigación: Ricardo Dávila Soto, Daniel Roa Elizalde, Jonathan González Cruz, Luis Alberto Montes Palacios, Misuky Saray Winkler, así como José Francisco Vea Terán. (Inocentes hasta que no se demuestre lo contrario).
La familia Lara se encuentra entre los grupos delictivos que lideran las operaciones en el Valle de Guadalupe, para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel Arellano Félix (CAF).
La investigación de la fiscalía en contra de los municipales no es un tema nuevo; tiene más de un año, pero fue en febrero pasado cuando robustecieron las carpetas, tras obtener imágenes donde se ve a los elementos formando cadenas de custodia criminal.
La grabación de una cámara de videovigilancia muestra lo ocurrido el pasado 8 de febrero, cuando un hombre identificado como Luis Enrique Gutiérrez, de 46 años, fue acribillado en la ferretería La Principal, ubicada en la calle Principal del poblado de Francisco Zarco en el Valle de Guadalupe, y donde una patrulla de municipales pasó en repetidas ocasiones para ubicar a la víctima.
En la escena hallaron 9 balas calibre 223, 12 calibre 9 mm y 7 calibre 40, y la camioneta del sujeto baleado (una GMC blanca) quedó en el lugar con daños en la carrocería.
Las imágenes muestran cómo el vehículo de los agresores se va del lugar y son acompañados por una patrulla hasta la delegación de El Sauzal, donde abandonan la unidad.
Otro indicio es que a pesar de la cercanía con el lugar del ataque, los oficiales no figuran en el parte policiaco como primeros respondientes; es decir, habrían sido coparticipes, dando seguridad a los tiradores para que cometieran el delito.
La FGE tiene ubicadas a varias patrullas con el mismo modus operandi en otros hechos, no obstante, hay algunas de éstas sin matrícula de identificación.
La Fiscal General María Elena Andrade Ramírez, informó que la investigación de un homicidio ocurrido el 8 de febrero en la ferretería La Principal, en la delegación Francisco Zarco del Valle de Guadalupe, condujo a los oficiales implicados.
Basándose en videos, entrevistas y análisis, se encontró evidencia en diversos momentos que muestra cómo los agentes brindaron apoyo, proporcionando seguridad perimetral, abriendo caminos y dando seguimiento a los agresores. Según la fiscal, estas acciones complicaron la investigación para las demás corporaciones.
OTROS HOMICIDIOS Y DESAPARICIÓN QUE LOS INCRIMINAN
La estadística de homicidios dolosos indica que en el mes de febrero se registraron 22 homicidios dolosos, sin contar a las cinco personas que desde el día 25 están desaparecidas.
Conforme avanzan las investigaciones se ha detectado que los oficiales detenidos están relacionados con otros asuntos, algunos de éstos en el Valle de Guadalupe, que es donde estaban comisionados.
Uno de éstos sucedió la mañana del 29 de febrero, cuando Hynarunel Adonai Peñaflor Solorzano, un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se encontraba en la calzada Cortez y avenida Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia Independencia.
En plena vía pública el fiscal recibió disparos de arma de fuego frente al mercado Los Panchos, donde un sujeto disparó contra el agente también conocido como “Naru”, quien quedó tendido en el lugar.
Otro ataque perpetrado por un comando fuertemente armado quedó videograbado la noche del viernes 16 de febrero en la delegación de San Antonio de las Minas, dentro del Valle de Guadalupe, cuando hombres encapuchados arremetieron en contra de una patrulla donde estaban dos agentes.
El policía fallecido fue identificado como Gabriel Cintura Castellanos, de 46 años, y el lesionado es Raúl Alberto Iturrios Madueña, de 47 años. Testigos escucharon al menos 100 detonaciones con arma de fuego en la única gasolinera de la zona ubicada sobre la carretera Tecate-Ensenada.
Uno de los hechos que más relevancia cobró fue la desaparición de cinco personas durante la madrugada del domingo 25 de febrero, en un terreno conocido como Mi Ranchito.
Entre las personas identificadas figuraban Karla Estefanía Soto García, de 32 años, y su pareja sentimental Ignacio Faviel López Mendes, alias “El Nacho” y/o “El Güero”, de 37.
En ese lugar además se encontraban Juan Carlos Barreras Goycolea, de 57 años, y José Ángel Martínez Castillo alias “El Dólar”, de 35, a quien autoridades relacionan como integrante del CAF.
POLICÍAS INTOCABLES: LOS PROTEGE UN AMPARO
Tuvimos el caso de dos policías amparados, explicó la fiscal María Elena Andrade Ramírez en julio, durante una visita a Ensenada.
La titular calificó como una parte irregularidad que se les haya otorgado un amparo por un delito agravado de esta magnitud.
Tras revelar el nombre del juez, María Elena detalló cómo a ambos policías -Paulina y Carlos- se les vinculó a proceso gracias a que el Ministerio Público aportó elementos como probables responsables; y además pidieron diversas medidas cautelares, pero no fueron concedidas.
“Estamos enfrentando una lucha legal contra los sospechosos, a veces contra juzgados federales o contra otros del fuero común, donde el presidente del tribunal ha llevado a cabo suspensiones de jueces que no están apegados a una debida interpretación de la ley. No vamos a soltar el asunto, tengo todo mi aparato jurídico para los amparos jurídicos”.
“Pedimos firma catorcenal, una medida económica, utilización de brazalete y el juez estimó que no era necesaria ninguna”, recriminó la fiscal.
Después habló de la dificultad para intervenir ante una autoridad judicial.
“No es fácil investigar a seis policías municipales, pero lo logramos; sin embargo, damos un paso y nos encontramos con obstáculos legales porque no son razonables esos amparos”, dijo.
La justificación del juez para rechazar las medidas cautelares fue que ambos elementos se presentaron a la audiencia, sin embargo, tuvieron que presentarse para acatar la orden judicial.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo también se posicionó sobre este asunto el mismo 24 de julio, donde promovió la reforma al Poder Judicial con el argumento de cómo los jueces sueltan libremente -y sin medidas cautelares- los amparos.
“Nosotros los detenemos y ellos los sueltan, pero descaradamente. Hay varios con criterios absurdos-para conceder amparos- o sin ellos -sin criterios-; ya los tenemos detectados en la mesa de seguridad y sabemos que cuando llegan con ellos -con esos jueces- van a emitir un criterios absurdos”, criticó la mandataria.
