Políticas de protección a mujeres y niños se quedan cortas en gobierno de Marina Ávila Olmeda: 234 féminas asesinadas en Baja California en 2024, y 856 denuncias por abusos sexuales en el trienio
“Marina no es aliada, ¡es privilegiada!”, “Merecemos vivir sin miedo, estar de suerte es estar viva”, fueron -entre otros- reclamos de justicia en cartulinas con las que, en julio de 2024, alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) tapizaron la fachada de la Casa de Gobierno ocupada por una mujer desde el 1 de noviembre de 2021, reclamando el feminicidio y abuso sexual contra su compañera Paola Andrea Bañuelos Flores. Delitos por los que un taxista fue aprehendido en Mexicali.
El del Paola es uno de los poquísimos asesinatos violentos cometidos contra mujeres en la entidad, que han sido clasificados como feminicidios por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) encabezada por otra mujer, María Elena Andrade, quien tomó posesión hace 13 meses.
En lo que va de 2024, cifras oficiales reconocen 26 feminicidios perpetrados: 14 en Tijuana cuatro en Mexicali, dos en Rosarito y seis en Ensenada. Ninguna de ellas pudo ser protegida.
“Los niños no se tocan”, “Ni una -mujer- más” y “Se hará caer todo el peso de la Ley”, son estribillos que resumen los discursos dados por las dos mujeres con más importantes cargos en el Estado de Baja California: la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal Andrade.
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Esto sucede cada vez que la muerte de un menor o una mujer, entre las decenas que ocurren en BC, llama la atención de la opinión pública. Juntas y por separado salen a reiterar que protegerlos y generar las condiciones para el correcto desarrollo de estos dos grupos vulnerables, es convicción de todo el gobierno marinista, incluida la supuestamente autónoma fiscalía.
Sin embargo, en 35 meses de gobierno estatal, las estadísticas evidencian que se han presentado 856 denuncias por abusos sexuales cometidos contra menores de edad, quienes evidentemente no pueden evitar vivir con miedo.
Además, de acuerdo a los mismos números oficiales publicados por las autoridades, en el Estado asesinaron a un promedio de 26 mujeres al mes entre el 1 de enero y el 26 de septiembre; le han quitado la vida violentamente a 234 féminas en BC, lo que ha mantenido a esta entidad federativa entre los primeros tres estados feminicidas del país, y al municipio de Tijuana, que suma 173 asesinatos de mujeres, en los primeros y nada honrosos cinco lugares nacionales.
En la primera semana de septiembre, Marina del Pilar anunció que, a 39 meses de emitida la Alerta de Género, las acciones llevan un avance de 54 por ciento, pero habrá que esperar la confirmación de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). También declaró que aumentó el presupuesto del rubro en un 350%, lo que permitió incrementar 10 veces las atenciones de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en la entidad, brindando apoyo a más de 12 mil mujeres, niñas y adolescentes, mientras la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado dieron seguimiento a mil 400 denuncias, aunque sólo 61 agresores han sido sentenciados y es evidente que existe disparidad entre la inversión, las necesidades y los logros.
En cuanto a los menores, Ávila Olmeda ha destacado en sus conferencias el fortalecimiento del sistema de adopciones, más de 100 el año pasado; el trabajo para la rehabilitación menores con discapacidad; la entrega de cheques a casa hogar; entrega de cientos de miles de desayunos escolares calientes; Pilares, programa de desarrollo comunitario a través de la educación, el deporte, la salud, la cultura y la paz; y el protocolo contra la explotación infantil a cargo de DIF.
Pero cifras proporcionadas en junio, también mostraron que, comparado con el año pasado, en 2024, 80% más adolescentes fueron detenidos como sicarios sólo en Tijuana. De hecho, el 42% de niños en Centros de Internamiento para Adolescentes están por homicidio, y 17% por posesión de armas; también son detenidos por secuestro, abuso sexual, tráfico de drogas y personas. No hay un seguimiento efectivo de los liberados, y varios de ellos son capturados siendo adultos como parte de células criminales.
Los decesos y capturas de adolescentes entre los 15 y 17 años durante este año, evidencian la continuidad del reclutamiento de menores de parte de los cárteles y la visión es cada vez más terrible.
“Cuando los detienen los policías, andan disfrazados de sicarios, con chalecos antibalas y cargando armas largas”, comentó esta semana uno de los investigadores locales. “Nos han comentado que si no se quieren cambiar de grupo o cometer el delito, los golpean hasta que aceptan”.
Algunos de esos niños están siendo usados por sus parientes como vendedores de droga, les pagan para vigilar casas de seguridad o gente privada de la libertad, también por robar autos. Otros han resultado lesionados cuando les disparan a sus padres y DIF nada hace por rescatarlos de esas familias. Muchos son huérfanos de la pugna, asesinan por la venta de droga al menudeo. Unos más, se ven obligados a escapar de sus casas para evitar ser abusados.
Poco positivo qué decir del descuidado tema de las adicciones de menores en BC, donde apenas están hablando del Observatorio Estatal de Salud Mental y Adicciones para obtener cifras y estadísticas sobre el consumo de drogas y adicciones, y de centros comunitarios para atender el problema que ni siquiera se ha analizado.
Repetir frases hechas mientras se incumplen los compromisos rompe la confianza. El voto de confianza a la sensibilidad femenina de la gobernadora y la procuradora no es eterno, aumentar inversiones es positivo, pero ese dinero debe dar los resultados que urgen en Baja California.
