Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), acudió, el 6 de septiembre de 2024, a respaldar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que bloqueaban a los accesos del palacio legislativo de San Lázaro, desde el día 3 del mismo mes y año.
Al menos 700 trabajadores del PJF -que se encontraban en un plantón afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, desde el 21 de agosto de 2024-, cerraron, desde las 04:40 horas del 3 de septiembre del mismo año, los diversos accesos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para intentar evitar que los legisladores ingresen y discutan, en el Pleno, la reforma judicial.
Piña Hernández bajó de un automóvil, vestida con una playera color blanca, que tenía estampados los escudos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del PJF, donde se leía: “que todo el que se queje con justicia tenga tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”, José María Morelos y Pavón.
La presidenta del máximo tribunal constitucional -cuya visita duró alrededor de 40 minutos- se tomó varias decenas de autorretratos, además de que recibió abrazos y mensajes de los trabajadores del PJF. “¡Se ve, se siente, la ministra está presente!”, corearon los manifestantes, un par de veces.
Piña Hernández fue recibida al grito de “¡No está sola!”, mientras ella aplaudía. A lo largo del recorrido, sobre las calles aledañas a las puertas de acceso del Palacio Legislativo de San Lázaro, los trabajadores gritaron dos consignas: “¡el Poder Judicial no va a caer, no va a caer!” y “¡el juez imparcial, es de carrera judicial!”. Alzando el puño y la mano derecha, la ministra presidenta de la SCJN se sumó a dicha arenga.
El mismo día, los integrantes de las más de 200 organizaciones no gubernamentales, que conformaban la llamada “marea rosa”, convocaron a una marcha en defensa al Poder Judicial de la Federación, misma que se llevaría a cabo desde las 16:00 horas del domingo 8 de septiembre de 2024, del Ángel de la Independencia al Senado de la República, donde trabajadores del PJF, estudiantes y sociedad civil se manifestarían en contra de la reforma judicial.
La manifestación -denominada ‘Marcha por la justicia mexicana’- se realizará el mismo día que en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, los legisladores comenzarían la discusión de la reforma judicial.
Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional (FCN) -una de las ONG que conforman la “marea rosa”, anunció que el orador en la manifestación sería José Ramón Cossío Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018.
“Debe de ser sí para defender la República, para defender la democracia, para defender la justicia, pero ahora también para manifestar un claro respaldo a estas 43 personas [senadores de oposición] los vamos a respaldar, porque estamos todos defendiendo a nuestro país”, expresó Acosta Naranjo.
Además, el integrante del FCN, agradeció a Cossío Díaz, por aceptar ser el orador en la marcha. “Es un hombre respetable e intachable, de los ministros va a ser el vocero, [así como también] de los ciudadanos, de las organizaciones, va a ser un planteamiento central”, enfatizó.
“Tendremos que ir por acciones de resistencia civil pacífica. No es fácil que Morena se quede con todo y que nosotros nos quedemos cruzados de brazos”, advirtió, el 3 de septiembre de 2024, el empresario Claudio X. González Guajardo, de la agrupación Unidos, en su cuenta de la red social X.
El 5 de septiembre de 2024, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación, por la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación.
“Como es del conocimiento público, los obispos de México, junto con otras instancias de la Iglesia y la sociedad civil, promovieron desde el 2022 una serie de diálogos con distintos sectores de la sociedad que culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, presentada en su momento a quienes buscaban la Presidencia de la República, en el pasado proceso electoral, donde se expresa la necesidad de reconstruir de forma integral la justicia en México en todos sus niveles, un reclamo de la sociedad mexicana, especialmente de las víctimas de la violencia criminal generalizada en todo el país y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia”, recordó el CEM.
“Sin embargo, la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia, más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, comentó a través de un pronunciamiento, la institución de la religión Católica, conformada por obispos mexicanos colegiados.
“Por tal motivo pedimos que se escuche el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los Jueces y Magistrados, ministros y ministras. Y alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coinciden con distintos organismos internacionales, en las que manifiestan que la elección para el cargo de Jueces y Magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”, abundó la CEM.
“Hacemos votos para que el Senado de la República, tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se dé el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos innecesarios, contemplando el bien de la Nación, a fin de que avancemos a una reforma integral que incluya a las fiscalías, los tribunales locales, el respeto a la carrera judicial, así como la justicia federal tan necesaria para nuestro país”, finalizó la Conferencia del Episcopado Mexicano.
