Diputados y diputadas de Morena dieron a conocer que se está considerando interponer un juicio político contra los jueces que aprobaron la suspensión de la discusión de la Reforma al Poder Judicial, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, la Coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna, propuso que se realicen una nueva serie de foros para que tanto diputados como senadores de la LXVI Legislatura, que inició labores este domingo, conozcan el dictamen.
Una Jueza del estado de Morelos y un Juez de Chiapas otorgaron una suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir el dictamen de reformas al Poder Judicial, lo cual estaba agendado para el próximo lunes.
En un hecho inédito y en pleno paro de labores del Poder Judicial, lo cual impediría a sus propios integrantes litigar contra el proceso legislativo de la Reforma Judicial por no ser un asunto considerado “urgente”, estos dos jueces consiguieron una suspensión. El propio abogado Diego Valadés Ríos, uno de los más duros detractores de la reforma al Poder Judicial, consideró que esta resolución “no tiene fundamento jurídico”.
En el caso de Morelos, Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en el estado, otorgó el viernes una suspensión provisional en la que ordena que al dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.
De acuerdo con el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó el 29 de agosto un juicio de amparo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo argumentando que el dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.
La demanda fue admitida por la Jueza al día siguiente y consideró que, en este caso, no se estaría pronunciando sobre el contenido de la reforma, sino que la suspensión es contra el procedimiento legislativo que está en curso. Sin embargo, el fallo considera estimaciones sobre las consecuencias que tendrá el cambio Constitucional.
Esto implicaría que el Poder Judicial puede ponerse por encima del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales.
En el caso de Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar.
“Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, resolvió el Juez al girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.
Por su parte, los cuatro jueces que solicitaron el amparo, gozan de sueldos de 218 mil pesos al mes, más que el titular del Poder Ejecutivo. Los cuatro jueces federales, también, aceptan en su demanda de amparo que desconocen algo tan elemental como la fecha en que el Presidente López Obrador presentó la iniciativa de reforma y cuándo comenzó el proceso legislativo en el Congreso, pero lo que sí saben es “el daño que se causa a nuestras personas”, a magistrados y ministros con esa reforma.
“Desconocemos la fecha exacta en que la iniciativa de marras se presentó ante el Congreso Federal, y desconocemos la fecha cuando dio inicio el proceso de reforma constitucional, pero ante la inminente aprobación por la Comisión respectiva, para su discusión y aprobación en las Cámaras del Congreso, y Legislaturas de los Estados, y dado el daño irreparable que tanto a Ministros Jueces Federales y Magistrados de Circuito, sobre todo el daño que se causa en nuestras personas, pues consideramos que la pretendida reforma es lesiva de nuestra esfera jurídica, por ese motivo acudimos en demanda de amparo y protección de la justicia federal”, dice la demanda de amparo, cuyo documento consiguió. ZETA/SinEmbargo.
