La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó, el 24 de septiembre de 2024, los proyectos de sentencia que consultaban al Pleno del máximo tribunal constitucional, si tenía competencia para revisar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso que la SCJN admitiera la consulta y determinara que no tenía competencia para revisar una reforma constitucional. Mientras que su homóloga Lenia Batres Guadarrama todavía no presentó su proyecto de sentencia sobre el mismo tema, pese a que recibió el asunto antes que sus pares, desde el 5 de septiembre de 2024.
“Este Tribunal Pleno determina que, si bien es procedente la consulta que formula la Presidencia de este Alto Tribunal para que el propio Pleno determine cuál es el trámite que habrá de dictarse respecto de la solicitud que formulan las personas promoventes; sin embargo, su pretensión resulta notoriamente improcedente y debe desecharse”, señaló la Esquivel Mossa, en su proyecto sobre la consulta a trámite 5/2024.
Por su parte, Juan Luis González Alcántara Carrancá planteó admitir consultas para que el Pleno de la SCJN revisara la constitucionalidad y procedencia de la reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro propuso admitir la consulta a trámite 4/2024 y planteó reencausar la consulta, para convertirla en una controversia prevista en el artículo 11 fracción 17 de la Ley Orgánica del PJF, que facultaba a la SCJN para resolver conflictos al interior del Poder Judicial de la Federación.
“Se estima conveniente reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacía un asidero normativo mucho más claro y preciso para atender su petición. El fundamento que este Tribunal Pleno considera idóneo para encauzar la solicitud de los promoventes”, derivado de que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establecía que el Pleno de la SCJN “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial”.
Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, emitió, el 18 de septiembre de 2024, una nueva consulta a sus homólogos, respecto a la procedencia de una controversia interpuesta por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), para suspender la aplicación de la reforma al PJF, promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 15 del mismo mes y año.
La citada asociación civil denunció presuntas irregularidades en el proceso legislativo en que fue aprobada la iniciativa y el contenido material de la misma. Ante ello, el asunto fue calificado como urgente y fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para el desarrollo del proyecto.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo, como de sus contenido material”, señaló el acuerdo publicado en la lista de notificaciones electrónicas de la SCJN.
El 5 de septiembre de 2024, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió dos consultas, para que el Pleno del máximo tribunal constitucional determinara si se podría ordenar la suspensión del proceso de la reforma al PJF.
El acuerdo publicado en la lista de notificaciones electrónicas de la SCJN, señalaba que las consultas serían turnadas a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se había pronunciado contra el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer, conforme al apartado III”, indicó el acuerdo.
Juana Fuentes Velázquez, directora Nacional de la JUFED, solicitó la SCJN, a 3 de septiembre de 2024, que se pronunciara respecto al respeto a la independencia judicial y el decreto de reforma al PJF, para que se suspendiera el procedimiento y se declarara su invalidez.
A través de un documento, la directora nacional de la JUFED pidió al Pleno del máximo tribunal constitucional hiciera uso del ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del PJF, en relación a dicha enmienda que ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “por violación a la autonomía e independencia de los órganos e integrantes del Poder Judicial de la Federación”.
La juez requirió a la SCJN que tuvieran a bien dar trámite urgente a dicha petición, de ser posible vía virtual, porque en dicha fecha, 3 de septiembre de 2024, se sabe que se iniciaría la discusión en lo general del dictamen, concerniente a la propuesta de reforma judicial, a la par que también se conocía que la base trabajadora de la SCJN, mediante votación mayoritaria, determinó iniciar suspensión de actividades, considerando, además, la independencia judicial, los derechos humanos de todas las personas.
Fuentes Velázquez también solicitó a la SCJN se decretara como medida cautelar, la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno del máximo tribunal constitucional, se pronunciara de fondo.
“Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración hasta en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, para así, con un gran diálogo nacional de todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia, participen en una propuesta seria y objetiva de reforma”, agregó la directora nacional de la JUFED.
Además, Fuentes Velazquez pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ejercieran todas las acciones necesarias, para conservar la separación de poderes, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política mexicana, para asegurar que no se eliminara el sistema de contrapesos entre los poderes de la Unión.
Asimismo, la directora nacional de la JUFED solicitó que la SCJN ejerciera todas las acciones concretas necesarias que estimara conducentes, en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
La JUFED recordó que el proyecto de Reforma al PJF establecía el cese de todos los que, “material y formalmente hablando, somos juzgadores en México: ministras y ministros de la SCJN; magistradas, magistrados, juezas y jueces, federales y locales”.
El 24 de septiembre de 2024, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PANI, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpuso una demanda de amparo indirecto en contra del proceso de dictaminación, discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
En entrevista con el diario Reforma, el diputado Héctor Saúl Téllez indicó que el recurso fue presentado a nombre de los 71 legisladores de su bancada, por considerar que había graves vicios en el proceso de aprobación de la reforma que, entre otras cosas, mandataba la elección directa de jueces, magistrados y ministros.
Entre estos, según detalló el legislador panista, que el 80 por ciento de los diputados que conforman la LXVII Legislatura no conocieron ni participaron en la dictaminación de la reforma, que llevó a cabo la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior Legislatura.
