El Proyecto “Kuni” de la empresa Maravia, S.A. de C.V., pretende instalarse en el municipio de La Paz, en una superficie de más de mil 600 hectáreas contiguas con la playa El Tecolote y dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, decretada como Área Natural Protegida (ANP) el 30 de noviembre del 2012 por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Dicho megaproyecto turístico comprende la construcción de distintos tipos de infraestructura, desarrollo de obras y actividades para la lotificación y urbanización del predio de mil 655.20 hectáreas, integrado por 181 macrolotes que tendrán usos de suelo de turístico, ecoturístico, habitacional unifamiliar, habitacional plurifamiliar y uso mixto, con una densidad de dos mil 612 cuartos y tres mil 162 viviendas, macrolotes de reserva urbana turística.
La realidad, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), es que “en un periodo de construcción de 20 años se instalarán más de 20 mil cuartos, incluidas edificaciones de seis pisos, con una densidad proyectada de 46 cuartos por hectárea, rozando el límite establecido por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz (52 cuartos por hectárea)”.
Pero este megadesarrollo turístico no es obra de la casualidad; entre los accionistas destacan Jeffrey Curtiss (JAYMEX Corporation, S.A. de C.V.) y Raymond Gene Novelli y/o Ray Novelli (El Coyote Baja Resort, S.A. de C.V.), empresario reconocido en Baja California Sur y Estados Unidos por diversos fraudes. Ellos también están relacionados con Playa de La Paz, un desarrollo turístico aledaño a El Caimancito, para el que despojaron a los paceños de una parte de El Caimancito cuando era gobernador Narciso Agúndez Montaño, y que gozan de tener una playa privada en La Paz, o limitada a los paceños, según marca la carpeta de investigación LPZ/PAT/209/2010 por fraude específico, misma que permanece archivada.
Al inicio del año 2000, Ray Novelli huyó de Estados Unidos con más de 70 denuncias por fraude, estafa, despojo y abuso de confianza contra sus socios; incluso, junto a uno de sus socios, identificado como Mel Tari “El Evangelista Estafador”, en la empresa All Seasons Resorts, la cual declararon fraudulentamente en bancarrota, tras no declarar más de 10 millones de dólares en impuestos, por lo que abandonaron el país.
Novelli encontró el respaldo de funcionarios de Baja California Sur, con fecha del 18 de mayo del 2007, cuando se evidencia el apoyo del entonces gobernador (2005-2011) Narciso Agúndez Montaño y del alcalde de La Paz (2005-2008), y ahora gobernador Víctor Manuel Castro Cosío (ver foto), en una fotografía del momento en que los funcionarios públicos le abrieron las puertas a Novelli y sus socios para apropiarse de manera irregular de tierras de los sudcalifornianos.
Ese 18 de mayo del 2007, Ray Novelli anunció el entonces llamado Proyecto “Maravia”, que pretendía construir dos mil 65 lotes residenciales, dos campos de golf, áreas de recreación, una plaza comercial y un hotel de cinco estrellas, todo esto en un predio de mil 750 hectáreas en la misma zona de terreno que ahora (2024); sin embargo, en aquel entonces la propiedad fue reclamada por Guadalupe Cota Rochín, una integrante de la familia que por generaciones tuvo la posesión del terreno mediante una herencia familiar en 1862.
Cota Rochín presentó la denuncia correspondiente por despojo y llevó consigo las escrituras, sin embargo, el Agente del Ministerio Público archivó la denuncia y no prosperó hasta hoy, que de nuevo revive el proyecto, pero ahora la empresa se llama “Maravia” y el desarrollo turístico “Kuni”.
EL RIESGO
Ahora es sabido que “Maravia” es la amenaza de inversionistas extranjeros que pretende depredar la zona de playa de La Paz y el Área Natural protegida Balandra; este megaproyecto turístico que lleva trabado más de 17 años, y que ahora con Narciso Agúndez Montaño como asesor de gobierno y Víctor Castro Cosío como gobernador, ven una esperanza de respaldo para apoderarse de las playas de paceños.
Para el CEMDA, es una amenaza directa al ecosistema, para los servicios, para la sociedad y todo lo que podría demandar la operación del proyecto.
“Es una ciudad prácticamente, también está ahí pegadita al Tecolote; o sea, también le va a pegar al Tecolote, y no es nada más el recurso. Cuánta gente se viene a trabajar para la construcción, y luego para la operación de estos proyectos, también hay un tema ahí de crecimiento poblacional, que son personas que requieren también agua y luz; también tenemos un tema de luz muy grave aquí en Baja California Sur, aquí en La Paz”, lanzó Jazmín Samaniego, coordinadora de campañas de CEMDA.
Hay mucho en juego: al ser un proyecto que contempla hoteles, viviendas, centros recreativos, va a requerir una atención muy especial, servicios en una zona muy remota, de nula disposición de agua. Actualmente es insuficiente la presencia de camiones recolectores de basura; su construcción va a demandar la presencia de alrededor de 150 mil trabajadores de la construcción y sus familias.
Según el Centro Mexicano, un proyecto como éste podría generar limitaciones en el acceso a las playas, además de que el desarrollo incrementaría el precio de bienes y servicios en la zona, desplazando a la comunidad, y la convertiría en una zona exclusiva.
“Por las estimaciones que hemos hecho, los cálculos en el número de cuartos, su dimensión equivale a prácticamente el 70 por ciento del total de cuartos de hotel que hay en todo el Estado. Obviamente si no se lleva a cabo de una correcta manera, siguiendo la regulación establecida, pudiera tener impactos severos no sólo en la cuestión ambiental, sino también impactos en la cuestión social; va a demandar mucha agua, va a generar volúmenes considerables de residuos, puede inclusive comprometer el acceso a estos espacios colectivos de disfrute para todas las personas, como son las playas”, dijo Sarahí Gómez, coordinadora de investigación del CEMDA.
El proyecto fue inscrito en la gaceta ecológica 2024 el 31 de mayo, bajo la clave 3BS2024U0009, en la publicación No. DGIRA/0027/24 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), “Kuni” refiere la construcción de una desaladora, medio por el cual brindará el servicio de agua potable al complejo turístico, pero sólo para su construcción demandarán más de 10 mil metros cúbicos de agua, algo así como un poco más de mil pipas. Además, para abastecer diariamente desalarán más de siete mil 500 metros cúbicos de agua, “generando una descarga de salmuera (desecho) de más de cinco mil 300 metros cúbicos”, añadió la organización civil.
“El tema de la energía, el tema de los residuos, el tema del agua; el proyecto va a operar con una desaladora, pero generan un residuo, una salmuera que es un desecho que se va a dar al mar. Esto daña los ecosistemas marinos. Siento yo que la Semarnat no tiene suficiente capacidad de evaluar, y por eso a veces salen autorizaciones ahí en lo corto; por eso es importante que la población, que la ciudadanía que vive los problemas día a día, se acerque con las autoridades y emita sus comentarios”, apuntó Jazmín Samaniego.
QUE SE ABRA LA REUNIÓN PÚBLICA
La consulta pública para el Proyecto “Kuni” va a estar abierta hasta el 23 de septiembre, es por ello que recalcan la muy necesaria participación de cada uno de los habitantes interesados, para que todas y cada una de las dudas sean resueltas, pero sobre todo, que se expongan cada uno de los posibles problemas y la autoridad resuelva antes de permitir su construcción.
“Este megaproyecto turístico entró en julio a evaluación de impacto ambiental ante Semarnat, un proceso en que la autoridad ambiental revisa el proyecto y determina si tiene autorización o no para construirse, y determina qué tantos impactos puede generar al ambiente, puede poner condiciones, etcétera. Dentro de este proceso, la Ley establece que se deberá abrir un espacio para la participación de todas las personas interesadas, que es este proceso de consulta pública; en este es el momento en el que nos encontramos ahorita respecto a este proyecto”, recalcó Jazmín Samaniego.
Esta consulta pública es un espacio donde las personas interesadas hacen un escrito vía electrónica o en físico, exponiendo el por qué sí o por qué no se debe construir este proyecto en la zona de playa y del Área Natural protegida.
De este proceso depende el ecosistema del municipio de La Paz, sobre todo la zona costera más importante, donde mayormente visitan los bañistas del municipio, tanto locales como nacionales y extranjeros; siendo el punto de playa más importante de la capital.
“Es justamente un espacio importante, porque es también la manera de ejercer nuestro derecho a tomar decisiones sobre el crecimiento de nuestro lugar, de nuestra ciudad, y tiene relevancia, obviamente, que conozcamos primero en qué consiste el proyecto para poder determinar, pues si van a ver ciertos impactos, que a lo mejor la autoridad no tenga contemplados. Estos espacios son muy importantes, pero uno tiene también que acudir pues de manera informada”, comentó Sarahí Gómez, coordinadora de investigación del CEMDA.
No sólo se trata de llevar el Proyecto “Kuni” a consulta pública, las organizaciones de la sociedad civil están solicitando que este megadesarrollo turístico también llegue a la reunión pública, donde el promovente pueda responder cada uno de los cuestionamientos en vivo, que cada duda sea atendida conforme a Ley.
Abriendo este otro espacio, que se llama Reunión Pública de Información, será una participación tripartita entre la empresa, la autoridad y la comunidad.
“Es momento de cuestionarnos: ¿Realmente ese es el modelo de turismo que queremos para nuestro Estado? Considerando todas las implicaciones que estamos viendo que ya representan, y hay ejemplos, de modelos que son realmente sostenibles, donde respetan las características del ambiente, donde se preocupan por establecer medidas realmente para mitigar los impactos, donde toman en cuenta las comunidades locales, donde generan realmente este beneficio real. Estamos en buen momento de reflexionar y de exigir el tipo de modelo de turismo que queremos para nuestro estado”, finalizó Sarahi Gómez.
Por último, las organizaciones civiles organizadas en defensa de Balandra, expusieron que “la protección de Playa Balandra y su entorno es crucial, no sólo para preservar los ecosistemas sensibles, sino también para garantizar que el desarrollo en la región sea sostenible y respete los derechos de la ciudadanía local”, advirtieron.
