Paradójicamente, el 15 de septiembre, día festivo en México al celebrarse el aniversario de la Independencia del país, la República deja de tenerla. Ese día, ha adelantado el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicará en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución que lesiona la división de poderes y resta autonomía e independencia al Poder Judicial.
En Sinaloa tampoco habrá festejo del día de la Independencia. La fiesta popular que culmina con el grito independentista desde el balcón del Centro de Gobierno, ha sido cancelada debido a que, en ese estado, por el momento ni se vive soberanía ni autonomía: la guerra del narcotráfico encabezada por dos bandos del Cártel de Sinaloa, Los Mayos contra Los Chapitos, ha tomado las calles de la región a punta de enfrentamientos y balazos.
La toma de Sinaloa por el cártel que lleva el nombre de aquella entidad federativa fue un acto anunciado que el Gobierno de México, la Fiscalía General de la República y el gobierno de esa entidad, decidieron no atender a pesar de la peligrosidad que implicaba.
El tejido criminal comenzó su reestructuración el 10 de agosto, cuando Ismael Zambada García, El Mayo, que había sido detenido en Estados Unidos el 25 de julio, develó los motivos de su aprehensión y los crímenes que atestiguó: a él, lo habían capturado, secuestrado, subido a un avión y entregado a las autoridades de la Unión Americana, Los Chapitos, a través de Joaquín Guzmán López, quien en el acto se entregó a las autoridades vecinas. Además, que previo a su secuestro, advirtió el asesinato, en el mismo lugar, de Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputado por el PRI y, para entonces, depuesto adversario político del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las delaciones del Mayo tuvieron un efecto en cadena en México, también previsible:
* La Fiscalía General de la República demostró que sí puede proveer justicia de manera expedita, si tiene interés sobre la víctima. En esa calidad ubicaron a Zambada García, y terminaron por procesar y solicitar una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por, entre otros delitos, traición a la patria, al haber entregado al Mayo, un mexicano de Ley, a los estadounidenses.
* A Rubén Moya le quitaron de enfrente a su adversario político Melesio Cuen, y otro empresario, Jesús Vizcarra, le dio la coartada al justificar que al tiempo que El Mayo era secuestrado y Melesio asesinado, el gobernador se encontraba fuera del país, adonde habría llegado en un avión privado de Vizcarra, mientras el Presidente saliente y la Presidenta entrante, lo arroparon públicamente con posicionamientos a favor de Rocha.
* Los hijos de Zambada García se dieron cuenta que los de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera habían entregado a su padre, por lo que dio inicio una guerra entre ambas células del cártel donde los primeros buscan aniquilar a los segundos por la alta traición.
Esto desencadenó en un empoderamiento de las células criminales de Los Mayos y Los Chapitos, que ni el Gobierno de México ni el del Estado de Sinaloa, han querido o han podido contener, dejando a la población vulnerable a los balazos, los incendios, los cierres de carreteras, los asaltos, la extorsiones, los robos, los asesinatos.
En los últimos días donde no ha habido tregua a los enfrentamientos en los cuales participan como terceros en discordia Guardias Nacionales y otras autoridades que intentan con su presencia “disuadir” la narcoguerra local, la sociedad sinaloense ha detenido actividades. Las órdenes son dictadas desde el propio gobierno, o por parte de empresas y sociedad, estos últimos en un afán de proteger su integridad.
El sistema de transporte público dejó de funcionar porque no hay autoridad ni gobierno que les garantice su seguridad al momento que se topan en sus recorridos rutinarios, con enfrentamientos entre narcotraficantes que intentan matarse unos a otros. Los camiones distribuidores de productos de empresas nacionales y transnacionales paran su operación debido a que no hay seguridad en carreteras, o algunos vehículos de carga son secuestrados para ser incendiados y cerrar el paso.
La Universidad Autónoma de Sinaloa regresó, como en la pandemia, a las clases virtuales, cancelando las presenciales hasta en tanto no haya seguridad en transporte y calles de Culiacán y municipios aledaños. Desde el Gobierno del Estado, Rocha Moya suspendió las clases en escuelas de todos los niveles, para que estudiantes y jóvenes se resguarden en sus hogares de los enfrentamientos y las balas. Mientras la celebración del Grito de Independencia, se canceló en su fiesta popular, pero sí la realizará a puerta cerrada.
Evidentemente, Sinaloa ya no es una entidad federativa gobernada por políticos, sino tomada por narcotraficantes que han logrado paralizar las actividades sociales, educativas, económicas, de desarrollo, de entretenimiento y culturales. Mientras tanto, el Presidente de la República, ajeno a la acción y una real operación de combate contra el narcotráfico para recuperar Sinaloa, festeja que, con su mayoría y prácticas de amenazas y represión contra políticos de oposición, logró que le aprobaran la Reforma al Poder Judicial, misma que publicará y celebrará en el Zócalo capitalino al tiempo de emitir su último Grito de Independencia, cuando un Estado no la tiene.
Desde el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República y la Presidencia de México pudieron realizar acciones para contener la violencia que ya se veía venir ante la captura de Zambada García, asegurando a quienes quedaban en la estructura criminal de esa ala del Cártel de Sinaloa, y conteniendo a partir del 10 de agosto, a quienes en la célula de Los Chapitos, eran señalados por otros criminales como los traidores. Pero ni una dependencia ni el otro Poder, hicieron algo por garantizar la seguridad de Sinaloa, y hoy, a mes y medio de la aprehensión, la inseguridad y la violencia los han desbordado.
Mientras en Estados Unidos complementan una investigación para probar los delitos por los que se acusa y se enjuiciará a Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa e impune en México por casi 50 años, que incluyen distribución de droga, lavado de dinero, homicidios y liderar una organización criminal, en México ni él ni sus hijos, ni los hijos del Chapo Guzmán, son investigados por narcotráfico, por lavado de dinero, por ser parte de una organización criminal o por la posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con las que están tomando las calles de Sinaloa, empezando por Culiacán, pero ya extendidos a otros municipios.
Mientras Los Mayos se reagrupan y llegan refuerzos criminales de otros estados de la República y Los Chapos hacen lo propio, la Guardia Nacional sigue sin estrategia de combate a la criminalidad; la FGR continúa defendiendo al Mayo e investigando su secuestro; el gobernador Rocha Moya decide suspender actividades por sectores y gobernar a puerta cerrada; al tiempo que el Presidente de México presume que el miércoles 11 de septiembre, en Sinaloa sólo hubo dos asesinatos, que sí, la gente tiene miedo por los enfrentamientos, pero que ahí están GN y Ejército para coordinarse con los locales y garantizar la seguridad. Lástima que sus dichos no sean una realidad que se viva.
En Sinaloa no habrá fiesta popular para festejar la Independencia, porque, por el momento y a balazos, el Estado es del narco y el grito es de los ciudadanos.
