Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron, a las 21:35 horas del 6 de septiembre de 2024, a Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” -ex líder de la organización criminal Guerreros Unidos y uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, cuando circulaba en la calle Morelos, de la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.
El testigo protegido de la FGR con nombre clave “Juan” fue detenido, también por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), con base en una orden de aprehensión librada por el Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, según la causa penal 7/2016.
Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “El Gil” fue trasladado a los separos de la Subdelegación de la FGR en Tacubaya y durante la madrugada del 6 de septiembre de 2024, fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En marzo de 2024, López Astudillo promovió un amparo para frenar cualquier posible detención en su contra, esto debido a que los beneficios por entregar información y colaborar con la FGR, solamente estaban relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas.
Luego, en mayo de 2024, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le negó un amparo, por lo que se reactivó la orden para detener al presunto líder de los ‘Guerreros Unidos’.
Publicidad
__
LIBERACIÓN DE “EL GIL” ES “INDIGNANTE”, AFIRMA ENCINAS; EN 4 AÑOS PGR SOLO APORTÓ PRUEBAS BAJO TORTURA: CNDH
La liberación de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” -ex líder de la organización criminal Guerreros Unidos y uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, es “indignante”, indicó, el 3 de septiembre de 2019, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El funcionario federal enfatizó, además, que la liberación de López Astudillo “no es un desaliento, es indignante que se tomen este tipo de decisiones […] Aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior, del respeto al derecho de las víctimas, y no de los victimarios. Vamos a hacer una revisión a fondo”.
Tras anunciar que el miércoles 4 de septiembre de 20219 presentaría un informe respecto a dicho caso, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario destacó que la liberación de “El Gil” no era un hecho aislado.
“Yo creo que es un asunto que tiene que revisar a fondo, no es un hecho aislado, yo creo que es un tema que hay que atender de fondo, en donde tenemos que reconocer que efectivamente la práctica de tortura existe de manera recurrente en el país”, sostuvo el funcionario federal.
“Y que fue la fuente fundamental para la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica’ [del caso Ayotzinapa]. Se van a cumplir cinco años y por supuesto vamos a dar cuenta, vamos a informar de lo que hemos venido realizando”, abundó Encinas Rodríguez.
“Nos reunimos regularmente, tenemos varias reuniones este mes y por supuesto habrá incluso un encuentro [de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa] con el presidente de la República, estamos trabajando muy bien con ellos”, aseveró el subsecretario.
Las deficiencias de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del caso Ayotzinapa, permitieron que López Astudillo saliera de prisión, consideró el entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
“Es preocupante que no se puedan sostener los procesos, hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones”, comentó el entonces titular de la CNDH, quien dijo, además, se vulneraba el derecho a la verdad de las víctimas y a la garantía de no repetición.
González Pérez cuestionó que en cuatro años la PGR no hubiera aportado otras pruebas, adicionales a declaraciones obtenidas bajo tortura. “Muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos que pueda rectificarse con la Fiscalía autónoma”, agregó.
El entonces titular de la CNDH afirmó que el papel que desempeñó López Astudillo la noche del 26 de septiembre de 2014 fue relevante, ya que dio datos de una ruta de desaparición diferente a la del basurero de Cocula, por ello “Hay que retomar integralmente [el caso]”.
LA LIBERACIÓN DE “EL GIL”
El 2 de septiembre de 2019 se conoció, que un juez federal absolvió y liberó, el sábado 31 de agosto del mismo año, a “El Gil”, tras desestimar 81 de las pruebas que había presentado la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que se recabaron de forma ilegal.
Algunas de las pruebas contra López Astudillo, testimonios de otros detenidos, habrían sido obtenidas mediante tortura, mientras que otras fueron logradas por detenciones arbitrarias. Con la evidencia restante, el juez consideró que no había elementos para condenar a “El Gil” por secuestro, último de los dos delitos que lo mantenían preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En junio del 2018, otro juez ya había desestimado el proceso de delincuencia organizada en contra de “El Gil”, quien fue capturado el jueves 17 de septiembre del 2015, por elementos de la Policía Federal (PF), en Taxco, Guerrero.
Según la entonces PGR, en su “verdad histórica”, López Astudillo fue quien recibió a los 43 normalistas para posteriormente ordenar su ejecución y posterior incineración en un basurero ubicado en el municipio guerrerense de Cocula.
Sin embargo, en la presentación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se rebatió la llamada “verdad histórica” del caso. Además, en el segundo informe del GIEI, se aclaró que López Astudillo no fue testigo presencial de los hechos.
En su declaración ante los fiscales federales, el 17 de septiembre del 2015, “El Gil” dijo que él no había tenido nada que ver en el ataque contra los normalistas. No obstante dio más de una decena de nombres de presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como de agentes de Policía municipales guerrerenses.
Según el presunto delincuente, policías municipales de Iguala y Cocula, así como sicarios de Guerreros Unidos, atacaron a los estudiantes y luego los separaron en tres grupos. “El Gil” sugirió que integrantes del grupo delictivo del que él formaba parte, habrían disuelto en ácido a parte de los estudiantes.
“Es una buena noticia para quedar claro que no hay impunidad, que el Estado mexicano se comprometió por encontrar la verdad y por supuesto encontrar a los culpables”, dijo ese día, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación,
“Y en ese proceso estamos, vamos trabajando, y por supuesto va a ser muy importantes las declaraciones que habrá de dar este presunto delincuente”, aseguró el después senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Días más tarde, el 25 de septiembre de 2015, ya delante de un juez, “El Gil” afirmó que los fiscales federales lo habían torturado durante los interrogatorios. “Me hincaron y me esposaron con las manos hacia atrás y me metieron la cabeza en una bolsa de plástico donde me asfixiaban […] me daban golpes con el puño cerrado y con la palma de la mano abierta […] Ahí mandaron traer una doctora que les dijo que traía perforado el tímpano”, aseguró López Astudillo.
“El Gil” se benefició de cuatro amparos otorgados en junio del 2018, por el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, a inculpados en el caso, los cuales alegaron que fueron torturados, por lo que sus declaraciones quedaron invalidadas, según indicó el diario Reforma.
Mientras que el rotativo español El País detalló que con “El Gil” sumaban, en ese momento 44 los acusados del caso Iguala que habían recuperado la libertad, debido a que la PGR, dependiente entonces del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue señalada de usar la tortura como método en los interrogatorios.
Tanto la CNDH, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, habúan documentado tortura a los detenidos por dicho caso de desaparición forzada.
“La liberación de ‘El Gil’ apunta también a la fiscalía de Andrés Manuel López Obrador. Desde la entrada del nuevo fiscal [Alejandro Gertz Manero] y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no se ha presentado una sola prueba nueva”, indicó el rotativo europeo.
“La imagen de López Astudillo fuera de prisión ilustra lo que ha sido la investigación del caso Ayotzinapa hasta la fecha, un desastre. A punto de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 no hay un solo condenado”, espetó El País.
