Tras casi tres años del homicidio de Jonathan Palma Acosta, aún no se emite ninguna sentencia para el responsable. Gisela Aidée Cervantes Castro, una de las acusadas, fue dejada en libertad por un juez, y posteriormente le giraron una orden de aprehensión que aún no está cumplimentada; Edith Márquez y Raúl Cervantes fueron vinculados a proceso y su caso se encuentra en etapa complementaria.
El joven empresario de 26 años fue asesinado el 12 de septiembre de 2021 cuando estaba en su domicilio, ubicado en privada Santo Tomás en la colonia Lomas de Agua Caliente, en compañía de su novia Gisela, su cuñado Raúl y su pareja Edith.
Sobre los hechos registrados aquel día, se han manejado dos versiones, según compartieron los padres de los imputados así como la misma Gisela Cervantes a través de la red social TikTok.
Según relató Gisela, su hermano Raúl, en un ataque de furia, cometió el crimen tras percatarse que su pareja sentimental Edith Márquez, presuntamente estaba siendo abusada sexualmente por Jonathan. Asimismo, señaló que al inicio del proceso a Edith se le negaron los exámenes médicos.
Mientras que la asesoría jurídica de la víctima manifiesta que el hecho se cometió con dolo, pues inclusive enredaron una cadena para simular un suicidio (señalando a los tres como culpables).
“Lo puedo catalogar como una coartada por parte de la defensa, que no está fundada ni motivada, el hecho de que dijeran que no hicieron ciertas evidencias; la propia defensa de ellos pudo haber detonado actos de investigación particulares”, compartió a ZETA Hernán Baruch Rodríguez López, abogado particular postulante y asesor jurídico de Lorena Acosta, madre de Jonathan.
El pasado 29 de mayo, Gisela recuperó la libertad, siendo hasta el 3 de junio que las autoridades penitenciarias se dieron cuenta de la irregularidad.
“Lo que nos ha preocupado es la liberación injustificada de una de las personas señaladas como posibles comisionadores de delito, quien obtuvo su libertad sin razón, sin ninguna justificación alguna”, comentó Rodríguez López.
Según resaltó, antes de su liberación como protocolo legal, debió realizar una audiencia de revisión, modificación o de sustitución, para que cualquiera de las partes pueda debatir.
El 18 de junio, José Gabriel Gálvez, comisionado estatal del Sistema Estatal Penitenciario, manifestó que dos directivos del Sistema de Custodia Penitenciaria son investigados ante la irregularidad de la liberación. Investigación que, de igual manera, fue impulsada por la defensa de la víctima.
Ante la liberación de Gisela, el asesor jurídico comentó que temen que el caso quede estancado “entró en un limbo”. Esto debido a que cuando se detiene a Edith el 28 de enero de 2024, en días posteriores la defensa presentó una solicitud para intentar empatar las etapas de proceso de los tres individuos, generando una especie de congelamiento en la suspensión.
“Los tres estaban bajo prisión preventiva como medida cautelar. Por diversas razones atribuibles a la defensa de ellos, la etapa intermedia se ha visto diferidas las audiencias, por cambio de defensor”, comentó.
Buscan apoyo federal
El pasado 26 de junio, la familia de Jonathan Palma expuso la situación durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, buscando el apoyo federal, pues temen que, si ocurrió un posible caso de corrupción ante autoridades estatales, también haya ocurrido en las de índole mayor.
“Lejos de que esto se pueda escalar, lo vemos como una oportunidad de que la federación, bajo sus objetivos, de que esta esfera pueda asistir, coordinar o apoyar para fortalecer la esfera local” comentó Rodríguez López.
Hasta ahora se ha peticionado la comunicación con la Patrulla Fronteriza para la localización de Gisela, así como se tiene el interés de escalar con autoridades internacionales, ante una posible salida del país.
Señaló que han tenido buena respuesta de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el seguimiento, pero aún no llegan a una conclusión.
