Según una solicitud de transparencia, en la historia de los juicios orales en Baja California nunca se ha judicializado ni llevado audiencia alguna por delitos ambientales
En los estudios anuales nacionales de la calidad del aire es frecuente que Mexicali, capital bajacaliforniana, destaque por los altos niveles de polución que alcanzan las alertas moradas en ciertas temporadas, lo que equivale a un nivel de contaminación tan alto que el sólo salir a la calle ya representa una afectación a la salud para la población en general.
Incluso, en algunas mediciones ha llegado a ser considerada una de las más contaminadas de América Latina, sólo por debajo de Lima, Perú, debido a los contaminantes en el aire.
En el mismo sentido se encuentran los municipios de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, cuyas playas, debido a las aguas negras que cientos de negocios vierten al mar, han sido expuestas como las más contaminadas del país.
Por eso, resulta increíble pensar que en Baja California las autoridades no hayan sido capaces de sancionar por la vía penal a una sola persona o empresa por temas relacionados con afectaciones al medio ambiente.
En el Estado 29 solía operar una mina; funcionan empresas ganaderas cuyos lixiviados y el metano que emanan las reses, representan contaminación; y existe una pujante industria maquiladora. Pero no hay antecedentes de sanciones a negocios o personas irresponsables de acuerdo a información solicitada y entregada a través de los mecanismos de transparencia.
La petición de acceso a la información respondida por el Poder Judicial, marcada con el número de expediente 020058424000660, confirma que desde que se instauró el sistema de justicia penal acusatorio, nunca se ha llevado a una empresa o una persona física ante la justicia para responder por las consecuencias generadas por la contaminación que provoca.
El Poder Judicial confirmó que desde el año 2010 no ha judicializado, detenido y menos sentenciado.
No hace mucho la Secretaría de Medio Ambiente, a través de Mónica Vega, presumió con bombo y platillos la suspensión de la planta Zahori, bajo el argumento de que encontraron algunas irregularidades a causa de un incendio -se quema al menos una vez al año-, y tras el supuesto pago de una multa, se le permitió nuevamente operar; actualmente trabaja a su capacidad habitual. Pero todo quedó en un tema administrativo.
Semanas atrás, se suscitó otro percance que generó grandes niveles de contaminación derivados de un incendio; pero tampoco hubo consecuencias más allá de un cuestionamiento gubernamental a la empresa PIMSA, misma que se desentendió del siniestro sin mayores problemas.
Los hechos -y la información de transparencia- muestran que para los gobiernos bajacalifornianos, la contaminación ambiental es un tema de segunda, al igual que los problemas de salud que deben enfrentar sus miles y millones de gobernados. Mientras los derechos y los intereses económicos que rodean a los empresarios responsables de estas afectaciones, se pasan por encima de la Ley.
