El pasado 15 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia, conmemoración que suele pasar desapercibida en nuestro país al coincidir con el día del Grito de Independencia. Esta coincidencia es fortuita: el Día Internacional de la Democracia se celebra en esa fecha ya que en ese día de 1997 se adoptó la Declaración Universal por la Democracia, de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Dicha Declaración establece los principios fundamentales de la democracia, aceptados por los 193 países miembros de la UIP. Uno de ellos es el siguiente:
“Las instituciones judiciales y los mecanismos de control independientes, imparciales y eficaces son la garantía del Estado de Derecho, fundamento de la democracia. Para que esas instituciones y mecanismos puedan cuidar plenamente del respeto de las normas, mejorar la equidad de los procedimientos y reparar las injusticias, es preciso que todas las personas tengan acceso a recursos administrativos y judiciales sobre la base de la igualdad y del respeto a las decisiones administrativas y judiciales por parte de los órganos estatales, los representantes del poder público y cada miembro de la sociedad”.
Con el desarrollo de nuestro marco legal e institucional en materia de acceso a la información, México ha dado un ejemplo al mundo sobre la construcción de un mecanismo de control independiente, imparcial y eficaz, como lo señala el referido párrafo.
Esta relación entre la democracia y el acceso a la información nos recuerda que, en nuestro país, este derecho encuentra su origen precisamente en el desarrollo democrático nacional.
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La democracia mexicana, como la entendemos hoy, se fundamenta en la reforma político-electoral de 1977, la cual fue resultado de las exigencias de los partidos políticos y movimientos sociales, especialmente de aquellos de corte socialista, que exigían mayor representatividad dentro del poder público y un entorno de competencia política más equitativo. Dentro de estas reformas, se introdujo por primera vez en la Constitución el concepto de “acceso a la información”, bajo la idea de otorgar a los partidos políticos la prerrogativa de informar a la ciudadanía a través de los medios del Estado, sus propuestas y plataformas políticas. Sin embargo, el texto reformado sólo mencionaba de manera general que el derecho a la información sería garantizado por el Estado.
A partir de esa redacción, en 1982 el escritor Ignacio Burgoa solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que le informara el monto exacto de la deuda externa. Al recibir una negativa, el Dr. Burgoa presentó un amparo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el derecho a la información era colectivo, no individual, y que la SHCP no había violado ese derecho, ya que proporcionaba la información en sus informes públicos. A pesar de este revés, el caso marcó un precedente significativo en la demanda de información pública en México.
Más adelante, en 1995, el caso Aguas Blancas marcó otro hito relevante. Tras la matanza de 17 personas, las autoridades locales ocultaron deliberadamente la información para proteger a los elementos de seguridad involucrados. En esta ocasión, la SCJN concluyó que se habían cometido violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas, la violación al derecho de acceso a la información pública.
Es así como un derecho que originalmente se concibió como una prerrogativa para los partidos políticos se fue tornando, con el tiempo, en un derecho exigible por las personas al Estado. El punto culminante en la evolución de este derecho en México fue la publicación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, resultado de un amplio movimiento social en favor de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.
Por todo lo anterior, les invito a que, siempre que celebremos nuestra democracia, recordemos que ella incluye intrínsecamente el derecho de acceso a la información, el cual constituye una herramienta fundamental para el empoderamiento de la sociedad y la transformación nacional.
Adrián Alcalá Méndez es bajacaliforniano, comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales).
