Al menos 700 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) -que se encontraban en un plantón afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, desde el 21 de agosto de 2024-, cerraron, desde las 04:40 horas del 3 de septiembre del mismo año, los diversos accesos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para intentar evitar que los legisladores ingresen y discutan, en el Pleno, la reforma judicial.
El bloqueo también se realizaba con automóviles en las vialidades adyacentes a las inmediaciones de San Lázaro, mientras que seguían llegando personas para unirse a la jornada de protestas. En la zona se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Gobierno de la Ciudad de México. Según el Centro de Orientación Vial, de esa misma institución, la circulación se mantenía cerrada en Emiliano Zapata, a la altura de avenida Eduardo Molina.
En los accesos bloqueados, los trabajadores del PJF tuvieron reuniones con sus representantes, quienes les pidieron no caer en provocaciones. En otras zonas se observaron cadenas humanas, mientras que vialidades aledañas quedaron completamente cerradas.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera de los trabajadores de base del PJF, afirmó que se encontraban en resistencia y que permanecerían en el sitio “lo que sea necesario”, porque eran ciudadanos como cualquier otra persona y lo único que demandaban es que fueran escuchados. Además, cuestionó la prisa para discutir la reforma judicial.
“¿Por qué la prisa?, ¿por qué no quieren escucharnos?, ¿por qué no quieren escuchar a la comunidad internacional?, ¿por qué no quieren escuchar a los estudiantes que vinieron a dejarles sus peticiones y estuvieron recolectando firmas en la marcha del domingo [1 de septiembre de 2024?”, agregó Aguayo Bernal.
“¿Por qué no quieren oír?, solo pedimos eso, que nos escuchen, pero están con los oídos cerrados, están en una cerrazón completa hacia las voces que exigimos que nos oigan, que nos atiendan”, añadió la secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera de los trabajadores de base del PJF,
“Finalmente decidimos cerrar, vamos a hacer un ejercicio de bloqueo para frenar. Estamos haciendo ejercicios de bloqueo para que no ingrese nadie a la Cámara de Diputados. Hoy empiezan a hacer la discusión en lo general de la reforma al Poder Judicial”, recordó Aguayo Bernal.
“Y es un acto más de nuestra parte para defender al Poder Judicial de la Federación, por eso estamos cerrando todos los accesos, faltan algunos que están del otro lado del Congreso de la Unión y a eso vamos”, destacó la secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera de los trabajadores de base del PJF.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro, dijo que pidió a los legisladores de Morena y sus aliados, de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), que no provocaran a los trabajadores del PJF, ni intentaran entrar por la fuerza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El también coordinador del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, enfatizó, en un video publicado en su cuenta de la red social X, que la reforma judicial sí sería discutida y que para ello utilizarían sedes alternas.
El 2 de septiembre de 2024, un grupo de estudiantes acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para entregar un escrito con más de 700 firmas, para exigir cambios a la reforma al Poder Judicial de la Federación y tener un diálogo con los legisladores.
El escrito denominado ‘Derecho de Petición al Congreso de la Unión’, tenía más de 700 firmas, que reunieron en la marcha del domingo 1 de septiembre de 2024, organizada por el grupo nombrado “Estudiantes y Jóvenes en Defensa del Poder Judicial”.
El mismo día, el colectivo “Jóvenes por la Reforma, Jóvenes Por la Justicia” publicó un posicionamiento en favor de los cambios constitucionales y anunció una serie de movilizaciones en los 32 estados del país.
En un documento, consejeros universitarios de instituciones de 15 entidades federativas acusaron a los juzgadores de incurrir en una intromisión ilegal en el proceso legislativo y en una campaña de desinformación para tratar de sabotear la aprobación de los cambios constitucionales en el Congreso de la Unión.
