El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a jueces, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) de haber realizado una “intromisión facciosa” en el Congreso de la Unión.
“Ayer estaba yo viendo que, cuando está la asamblea en el Congreso, los del PRI dicen: ‘nosotros nos vamos a salir del Pleno, porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez que están ordenando que se detenga la asamblea’. O sea, se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal y anticonstitucional del Poder Judicial, en decisiones que corresponden sólo al Poder Legislativo”, comentó el político tabasqueño.
“¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria, a la facultad que tiene el Poder Legislativo”, afirmó el presidente de la República, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Después leyó el artículo 133 de la Constitución.
“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”, recordó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El 31 de agosto de 2024, Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, al otorgar una suspensión provisional, ordenó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no iniciar la discusión o votación del dictamen de reformas al PJF, para que el dictamen de reforma constitucional, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, no afectara a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.
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El fallo “implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura” que comienza el domingo, según estableció el expediente 1251/2024.
La juzgadora argumentó que la aprobación de dicha reforma, que instauraría elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación a partir de 2025, “pretende cesar de sus cargos de jueces federales” a los quejosos, “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.
Además de dicha sentencia, Felipe Consuelo Soto, titular de Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron el dictamen de la reforma judicial, según el expediente 1190/2024, aunque no detalló de manera pública el alcance de dicha decisión.
En el amparo 1190/2024, Consuelo Soto señaló que ambas cámaras del Congreso de la Unión podrían continuar con el proceso legislativo, pero sí aprobaban el dictamen, les prohibía enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución.
“He tomado la decisión de que las Diputadas y Diputados Federales del PRI se retiren del recinto legislativo debido a la existencia de dos suspensiones que afectan el proceso de reforma judicial. Nuestra bancada no será parte de este atropello, por eso abandonamos el Pleno, para evitar cualquier acto de desacato y garantizar el respeto a las resoluciones judiciales”, escribió Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, en su cuenta de la red social X.
El 1 de septiembre de 2024, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, indicó que la bancada de Morena analizaba interponer un juicio político contra los jueces que dictaron la suspensión de la discusión de la reforma al PJF.
Durante una conferencia de prensa, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro enfatizó que se plantearon tres acciones contra los jueces: juicio político para inhabilitarlos, denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ni ente ajeno al poder legislativo. Incluso, se planteó iniciar tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del poder legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en administración de justicia y una queja ante la Judicatura”, detalló Monreal Ávila.
Más tarde el mismo día, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó, a través de sus cuentas en las diversas redes sociales, las acciones que tomaron contra Magaña López y Consuelo Soto, por lo que tachó como una “burda invasión de incompetencia”. Luego dijo que “¡La Reforma al Poder Judicial nadie la va a parar”.
