Los niños no se tocan” es la frase que ha referido la gobernadora Marina Ávila Olmeda en sus redes sociales, como una palabra empeñada para que su gobierno y su fiscalía respondan al desgarrador testimonio de una madre que emitió un grito de apoyo en redes sociales tras enterarse que su pequeña hija de 3 años, pudo haber sido víctima de un abuso sexual en el Jardín de Niños Graciano Viniegra, al Poniente de Mexicali.
Infortunadamente, la palabra empeñada de la mandataria a raíz de este caso, no alcanzó a proteger a 856 niños que durante su administración han dejado constancia de ser víctimas de abuso sexual en el Estado, cifra que no puede conocerse a través de los registros locales, porque Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la ocultan en un apartado llamado Otros Delitos Sexuales -donde se contabilizan más de 3 mil 243-, pero que sí son expuestos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Violación equiparada es el concepto legal utilizado para referirse a las agresiones sexuales cometidas contra menores de edad o que estén incapacitados para defenderse.
Este número se contabiliza desde el 1 de noviembre de 2021, fecha en que asumió Marina del Pilar, hasta el último de julio, que es la última actualización que ha realizado el Gobierno de México, donde se refiere que se han levantado 856 denuncias.
Si bien, el último caso causó gran conmoción, principalmente por la sospecha de que hubo un mal manejo de protocolos, la realidad es que -contrastado con la realidad- son pocos los que se hacen mediáticos, pero existen, y muchos de ellos siguen cargando con la impunidad.
El caso de la pequeña de la Escuela Graciano Viniegra provocó una ira colectiva que se propagó inicialmente en redes sociales, luego que su madre, de nombre Dulce, difundiera una grabación donde se escucha el llanto de la pequeña seguido de sus súplicas para evitar ser revisada ante las sospechas de haber sido agredida.
Pero también recientemente, la señora Laura Yáñez, residente del Valle de Mexicali, denunció un caso en el que un sujeto acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad, recobró su libertad gracias a la protección de la justicia federal; pese a que la fiscalía local armó el caso, el individuo -vecino de la víctima- está libre y no enfrenta cargos.
EDUCACIÓN, EN LA MIRA
La Secretaría de Educación es la dependencia que se encuentra en el ojo del huracán por este episodio ocurrido en un jardín de niños público ubicado al Poniente de la ciudad, pues tanto familiares como padres de familia reclaman que se intentó proteger a los docentes involucrados -en ese momento- en un probable caso de abuso sexual infantil.
Según la narrativa de la madre, expuesta en sus redes sociales, cuando llegó al kínder su hija venía del baño acompañada por una docente que no le brindó mayores datos sobre algún hecho extraordinario.
Cuando regresaron a su vivienda fue el momento en que la infante -según su testimonio- comenzó a evidenciar los problemas. Cuando intentaron inspeccionarla comenzó a llorar desgarradoramente y a suplicar que no la revisaran porque la iban a regañar, sin entender que la preocupación de su madre era otra.
El video subido a la red social TikTok, pero replicado en Instagram y Facebook, causó gran indignación, sobre todo porque el episodio habría ocurrido el lunes 9 de septiembre, pero ante la indolencia del plantel educativo que continuó con clases regulares, la familia decidió interponer la denuncia ante FGE.
La subsecretaria de Educación, Dulce María Jáuregui Santillán, comentó que el protocolo de atención ante un posible episodio de abuso sexual es dar aviso inmediato a las autoridades preventivas o de investigación penal, para que atiendan el caso.
ZETA tuvo acceso al reporte de emergencia realizado desde el teléfono celular de la directora de la escuela, Martha Aguilar Alcalá, de 58 años de edad, el cual quedó asentado con el número 719300/2024 a las 09:55 horas y donde se confirma que se realizó hasta el miércoles 11 de septiembre, es decir, dos días después de que -presuntamente- ocurrió el hecho.
La llamada se dio debido a que -según el parte informativo- la abuela de la niña acudió a la escuela para investigar lo sucedido, porque la menor no había acudido a clases.
Tras darse a conocer el hecho, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda emitió un posicionamiento en sus redes sociales. Aseguró que las dos personas del plantel educativo involucradas en el hecho, habrían sido separadas de la escuela en tanto se esclarecían los hechos; mientras tanto, el caso quedaría en investigación por parte de la FGE.
Jáuregui Santillán declaró ante medios de comunicación, que no podían asegurar si se había cumplido con el protocolo en el momento del hecho, pero aseguró que un trabajador administrativo y una docente habían sido enviados a trabajos en oficinas centrales de manera preventiva.
Al día siguiente de la declaración, padres de familia hicieron presencia en la escuela y cerraron las puertas como una medida de protesta, pues -aseguraban- que los docentes incumplieron con los protocolos de atención en caso de un posible abuso, además de que los directivos intentaban proteger a los presuntos agresores.
La manifestación se dio con pancartas y cartulinas donde hacían referencia a las supuestas omisiones, entre éstas, las cometidas por la FGE al no tener resguardo de todo el inmueble, cuando ahí se pudo haber cometido un hecho delictivo contra una menor.
La enfurecida protesta se extendió hasta las oficinas de la FGE en Río Nuevo, debido a que la madre de la víctima presentaría su declaración.
Los reclamos unísonos de los manifestantes retumbaban en el lobby de la fiscalía y los trabajadores tenían que burlar a los inconformes que brindaban respaldo y recordaban que la víctima era una niña que no podía defenderse, pero que ellos asumirían esa responsabilidad.
“SOY INOCENTE”: ELISEO, SEÑALADO DEL CASO
La mañana del jueves, Eliseo, trabajador administrativo del plantel y uno de los dos empleados removidos temporalmente en tanto se lleva a cabo la investigación, acudió a las instalaciones de la FGE, en Río Nuevo de Mexicali, para ofrecer su domicilio y solicitar al Ministerio Público que lo cite para rendir su declaración.
“Es un momento muy difícil para mí estar aquí, porque me siento muy mal, mi familia está quebrantada, yo soy inocente, nosotros entregamos las pruebas a fiscalía, es un video que apunta al baño de las niñas, la fiscalía ya lo tiene, a mí no me han citado a declarar, en ningún momento a una investigación”, refirió como entrada a su declaración ante medios de comunicación, donde exigió a la FGE que lo cite, toda vez que ya entregó pruebas para demostrar su inocencia.
Comentó que está siendo amenazado y que nadie ha visto por la seguridad de sus hijos, quienes no han podido ir a clases debido a las amenazas; ni de su esposa, quien es hostigada en su trabajo por las acusaciones en su contra.
Indicó que él no desea hacer acusaciones, pero que la niña no refirió lesiones cuando se encontraba en la escuela, y reconoció a la directora del plantel, pues gracias a que ella invirtió en un gran equipo de seguridad, se puede conocer lo que ocurre dentro de las instalaciones.
“Yo no he tenido acercamientos con FGE, pidieron información personal, pidieron los videos y se les otorgó; el jueves van, el viernes llegan y el día sábado vuelven a llegar a la escuela (FGE). Tienen todo, ellos tienen todas las herramientas, entonces qué está pasando, yo nunca me acerco a los niños, tengo 15 años trabajando en el Sistema Educativo, no me acerco a los niños”, aseveró Eliseo, quien rompió en llanto cuando ocurrió el incidente.
Comentó que el día lunes se encontraba en la escuela y que la niña no mostró ninguna señal negativa, pues incluso salió de la escuela brincando y jugando. Horas después, la madre preguntó a una maestra si su hija se había caído, pues refería dolor en su parte íntima.
Como parte del seguro escolar, los directivos le entregaron una hoja para que acudiera a la Clínica Internacional, propiedad de familiares del oficial mayor del Estado, la cual es investigada por el fallecimiento, hace un año, del niño Damián, quien fue remitido por su escuela a la clínica, donde minimizaron el golpe que recibió, lo medicaron y enviaron a su casa. Lo mismo sucedió con la niña presuntamente abusada: la llevaron a la Clínica Internacional, donde no la revisaron, sólo le prescribieron medicamento para el dolor y la enviaron a casa.
ZETA buscó entrevista durante dos días con la fiscal Hortensia Noriega de manera directa y a través del coordinador Juan Carlos Buenrostro, y del enlace de Comunicación Social, Ranulfo Cabrera, pero al cierre de edición, jueves 19 de septiembre, no emitieron posicionamiento alguno.
Al momento, la fiscal María Elena Andrade no ha emitido posición clara sobre lo que se investiga en este caso, salvo referir que se llegará a las últimas consecuencias.
ABUSO SEXUAL SE DA EN NÚCLEO FAMILIAR: LUNA PINEDA
De acuerdo a Consuelo Luna Pineda, ex procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, según análisis de organismos nacionales y la propia experiencia, los casos de abuso sexual infantil se cometen habitualmente en los círculos cercanos, ya sean núcleos familiares, pero en otros rubros donde existe cercanía constante.
De hecho, la Red de Derechos de las Infancias indica que sólo el 9.9 por ciento de los casos en contra de niños en Baja California en los años 2022 y 2023 se perpetraron por desconocidos, según informes del Sector Salud.
La ex funcionaria apuntó que los casos se tornan complicados, pero hay jurisprudencias que obligan a los juzgadores a no colocar a las infancias en situaciones de presión en las audiencias. Por el contrario, se debe recibir la declaración de la víctima y tanto padres de familia como el Ministerio Público tienen que complementar o dar certeza a los dichos del menor.
Según cifras del SESNSP, en Baja California se han documentado 856 denuncias de violación equiparada de noviembre de 2021 a la fecha. Durante ese periodo se colocó en el noveno lugar a nivel nacional, teniendo a 2022 como el año de mayor incidencia, con 344; seguido de 2023 -296- y julio de 2024 -160-.
Sin embargo, para Luna Pineda es importante recordar que la agresión sexual hacia infantes no sólo es directamente a las partes íntimas, pues también hay un gran número de casos donde el agresor presiona al menor para realizar algún tipo de acto donde se vulnera su integridad.
Según información de la Policía Municipal, durante 2024 han atendido 32 casos de supuesto abuso sexual en planteles educativos, de los cuales 27 se perpetraron -presuntamente- por familiares o conocidos fuera del plantel.
Uno de estos casos fue por parte de un fotógrafo que tomaba imágenes a los alumnos; una alumna se quejó de un maestro por comentarios hacia ella; otro más se atendió, pero las cámaras de vigilancia descartaron la agresión; otro episodio se dio por parte de un alumno que agredió sexualmente a una compañera con discapacidad; y en un caso más detectaron un celular con imágenes de pornografía infantil.
