Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de la República electa, informó, la noche del 31 de julio de 2024, que en el análisis de la reforma del Poder Judicial de la Federación, se consideraba la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se pudiera elegir a jueces, magistrados y ministros, mediante insaculación.
Tras salir de la reunión con los integrantes del análisis de la reforma judicial -llevada a cabo desde su casa de transición, ubicada en la alcaldía Iztapalapa-, la virtual mandataria nacional electa indicó que se estaban recuperando algunas de las opiniones que se plantearon en los foros, entre ellas, la sugerencia del político tabasqueño.
“Es una de las opciones, sí. Más que rifa es una insaculación. Está muy interesante lo que están planteando los diputados. Ya muy pronto se va a dar a conocer. Pero se están recuperando algunas de las opiniones que se plantearon en los foros. Y están haciendo una serie de propuestas. Y entre otras está también incluido al final una parte de insaculación”, respondió la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a pregunta expresa de un reportero.
El presidente López Obrador sugirió, el 30 de julio de 2024, establecer una “tómbola” o sorteo para seleccionar a las personas que aspirarían a competir por un cargo en el Poder Judicial de la Federación.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño aseguró que si había muchos aspirantes a cargos en el PJF, se seleccionaría a la suerte y que después el pueblo decidiera quien llegaría a ser juez, magistrado o ministro.
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Por otra parte, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió una extensa carta de 12 cuartillas, al titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, en la cual expresó su preocupación por la reforma judicial propuesta por López Obrador.
En su misiva firmada desde Génova, Suiza, la funcionaria de la ONU advirtió que esto podría politizar la justicia, debido a que, según ella, los juzgadores podrían intentar complacer a votantes o patrocinadores de campañas, en lugar de tomar decisiones basadas en la ley.
Además, Satterthwaite mostró su inquietud respecto a la creación del Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, ambos electos por voto popular, al temer que esto aumentara la influencia política sobre el PJF, comprometiendo su independencia.
Asimismo, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU recordó que la reforma propuso reducir de once a nueve los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que también pretendía acortar su período y eliminar sus haberes de retiro, cambios que, según la funcionaria internacional, podrían afectar la estabilidad y continuidad del trabajo judicial.
Satterthwaite señaló que la reforma equipararía los salarios de los juzgadores al del presidente de la República y que, además, prohibiría la creación de fondos y fideicomisos no previstos en la ley, lo que, según la funcionaria de la ONU, ello podría permitir al titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano ejercer mayor control sobre el PJF y comprometer su autonomía financiera.
Además, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU advirtió que la remoción anticipada de jueces, ello violaba su seguridad en el cargo y la independencia judicial, además de que prohibir a los jueces trabajar durante dos años tras su remoción, afectaría sus derechos laborales.
Asimismo, Satterthwaite comentó que cualquier procedimiento de nombramiento de juzgadores debería garantizar la independencia judicial, ya que deberían, según ella, ser seleccionados basándose en méritos y calificaciones, con mecanismos claros y objetivos para su nombramiento, suspensión y remoción.
Satterthwaite fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, por el Consejo de Derechos Humanos, en octubre de 2022.
Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Justicia Global y se desempeña como directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global.
Ha litigado en foros internacionales y nacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Se graduó magna cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Trabajó para un juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y posteriormente para jueces de la Corte Internacional de Justicia. También para Amnistía Internacional, entre otras organizaciones no gubernamentales.
