En un breve resumen de las tropelías cometidas -y videograbadas- en Baja California por elementos de la Policía militarizada, que el casi ex Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró Guardia Nacional, se aprecia una amplísima gama de delitos.
Durante 2023, elementos de la GN participaron con otras corporaciones en el robo de droga en una casa en El Lago en Tijuana; en junio entraron a la casa de uno de los administradores de un burdel y robaron 17 mil dólares de una caja fuerte; el mismo mes, privaron de la libertad a siete hombres que aparecieron asesinados; en abril extorsionaron en un hotel y fueron grabados escoltando traficantes cerca de la fronteriza. Lo anterior en Tijuana, pero también los captaron robando droga en el Valle de Mexicali.
Durante 2022, en junio un comandante ayudó a huir a un vendedor de droga que había asesinado a un elemento de la GN en Tijuana; también fueron denunciados por violar a una mujer en Rosarito en un cateo sin orden; y en noviembre robaron otro cargamento de droga de una recicladora tijuanense.
Cada patrulla de la Guardia lleva un promedio de siete elementos, en algunos delitos participaron hasta dos patrullas, sin embargo, a la fecha sólo un elemento de la GN ha sido vinculado a proceso, uno de los siete que participaron en el robo de droga de noviembre de 2023. Por estos casos, ninguno ha sido procesado en la justicia militar.
Sirva la información previa para contextualizar la gravedad de la reforma de la Guardia Nacional aprobada en lo general el 22 de agosto de 2024, con miras a promulgarse en la segunda semana de septiembre.
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Reforma que, contrario al compromiso original de López Obrador de juzgarlos como civiles por los delitos cometidos contra ciudadanos comunes, ahora sólo podrán ser juzgados por tribunales militares, lo que significa que las víctimas y la sociedad no podrán conocer ni reclamar nada respecto al proceso hasta que concluya. Datos que se sumarán a todo lo que la sociedad ya no vamos a saber, a partir de la supresión de los órganos autónomos, con otras reformas.
Sin importar el nombre que le pongan, se trata de una Policía militar, trabajará en “la investigación” y combate de los delitos, en seguridad pública, pero con personal de origen castrense -reubicarán a los ex policías federales-, un titular propuesto y bajo las órdenes de la Sedena, secretaría que también administrará el presupuesto y diseñará la estrategia.
Los militares están recibiendo capacitación adicional, pero abiertamente, se está pasando por alto que la milicia está diseñada para combatir conflictos armados mediante el uso de la fuerza, sus respuestas y estrategias son distintas a las entidades civiles frente a los conflictos.
Desde septiembre de 2022, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron a los legisladores frenar el proceso de militarización de la seguridad pública.
Medios nacionales informaron que estos organismos recordaron a los diputados que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes de rendirse a la Presidencia, había documentado “entre 2014 a lo que va de 2022, la Sedena acumuló 3 mil 999, mil 553 contra la Marina; 109 en tres años contra la GN (…) quejas por violaciones graves a derechos humanos, entre ellas privación de la vida, desaparición forzada, tortura, y tratos crueles e inhumanos, y detenciones arbitrarias”.
La militarización inició a partir de 2006 con la guerra contra el narco del ex Presidente Felipe Calderón, sacaron a los militares del cuartel a las calles para combatir al crimen organizado y otras operaciones especiales. Pero ¿cuáles son los riesgos de esta estrategia bélica cuando se trate, por ejemplo, de manifestaciones públicas, movimientos estudiantiles como el del 68, cuando el despliegue militar se implemente por acciones de ciudadanos comunes?
Los hechos muestran que, tras 18 años de militarización progresiva y disfrazada, la inseguridad no se contuvo y sigue al alza. Como prueba latente y permanente, el aumento de muertes violentas: de las 120 mil 635 víctimas de homicidios del sexenio de Calderón, a las 196 mil 684 de asesinatos en la administración de AMLO.
En el Congreso federal, con la mayoría morenista, la aprobación de la mencionada reforma no tendrá problemas. La obligación moral y jurídica de los legisladores, los nuevos y los que repiten, es no votar sin conocer a fondo la propuesta, consultar a sus votantes, las cifras, los resultados de la militarización, para que no levanten la mano. Su responsabilidad y posibilidad es presentar reservas, proponer modificaciones y establecer candados para proteger a la sociedad.
Cuestión de tiempo para saber si les interesa la seguridad ciudadana o sólo les importa quedar bien con la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
