El paro laboral indefinido que inició el Poder Judicial de la Federación el lunes 19 de agosto de 2024 en protesta por la reforma judicial planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afectará a miles de mexicanos que dirimen sus conflictos legales en juzgados de Distrito y tribunales colegiados de circuito, en perjuicio de una justicia pronta y expedita; sin embargo, personal que trabaja para este Poder se juega su última carta previo a la votación del dictamen en el Legislativo.
Trabajadores de los diversos niveles del Poder Judicial Federal de las entidades federativas que se sumaron al paro señalan que la iniciativa de reforma que pretende elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular impactará a más de 55 mil trabajadores de esta estructura al eliminar la carrera judicial. Hasta el momento, el paro se ha realizado de forma escalonada, dejando guardias en los recintos judiciales para atender los asuntos más urgentes, mientras estos servidores públicos se manifiestan al exterior de las diferentes sedes en el país.
Pese a la circular 16/2024, signada por el secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que refiere que los órganos jurisdiccionales deben atender casos urgentes como la calificación de las detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre la extradición, otros asuntos penales no considerados urgentes serán diferidos para sus acuerdos o resoluciones, afectando con ello a miles de usuarios de la justicia.
La tramitación urgente de los asuntos se encuentra determinada en algunos artículos de diversas legislaciones para el personal del CJF, aunque se advierte, en ciertos casos la urgencia será determinada al arbitrio de los trabajadores de este Poder. No se habla de suspensión de plazos o que no vayan a dejar de admitirse nuevas demandas, pero litigantes advierten que muchas de ellas no serán acordadas hasta que se vea luz en el conflicto laboral de empleados.
En materia civil son considerados casos urgentes las determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; así como aquellas sobre pensiones alimenticias corrientes y amparo que afecten el interés superior de personas menores de edad. En general, destaca la circular 16/2024, que para determinar si un asunto es urgente, resulta importante considerar los derechos humanos en juego y los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para personas en especial situación de vulnerabilidad.
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A partir del miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados se integraron de manera oficial al paro nacional contra la reforma judicial. Ante esta postura, el día 22 La Secretaría de Hacienda envió un documento al Poder Judicial para solicitar al Consejo de la Judicatura dejar de pagar los salarios de quienes se manifiestan e incluso destituir a quienes se mantengan en paro. Al respecto, el Presidente López Obrador pidió no sancionar a trabajadores de los órganos jurisdiccionales, aunque reiteró el llamado a los manifestantes a que recapaciten y no se dejen manipular.
Por su parte, la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió las modificaciones que se le han hecho en Comisiones a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pues con ello se garantiza la autonomía de jueces, magistrados y ministros: “Y es falso eso de que cualquier persona, no va a haber un comité de selección y es importante lo de las cartas de recomendación, se burlan algunos de que el vecino… ¿Quién conoce la mejor fama pública de un personaje del servicio público? ¿Quién es el que sabe si entró al servicio público y al año ya tiene una casa del triple de lo que…? Además de que pueden ser sus maestros, sus colegas, etcétera, etcétera”.
ELECCIÓN DIRECTA DE JUECES AMENAZA RELACIÓN COMERCIAL: EU
Después de referir la vasta experiencia que tiene como abogado en cortes de Estados Unidos, incluida la Corte Suprema de aquella nación, el embajador norteamericano en México, Ken Salazar, reflexionó sobre la iniciativa presidencial para cambiar la Ley en materia de constitución del Poder Judicial mexicano y la designación de sus integrantes:
“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”.
El diplomático agregó: “También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”.
En conferencia de prensa celebrada en Ciudad de México el jueves 22 de agosto, el embajador se pronunció sobre las consecuencias de una elección directa de jueces en 2025 y 2027, como lo proponen AMLO y su partido, Morena: “Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
Resaltando la colaboración respecto a la soberanía del país, un argumento muy socorrido por López Obrador cuando posicionamientos internacionales son críticos de su administración, Ken Salazar se refirió al trabajo binación en materia de seguridad: “Hemos trabajado juntos para prevenir crímenes violentos y hacer que quienes violan las leyes rindan cuentas. En ese sentido, hemos enfrentado el flagelo del fentanilo, el tráfico de armas y el tráfico de personas. A través de nuestros esfuerzos conjuntos y la presión ejercida sobre las organizaciones criminales transnacionales que generan violencia en ambos lados de la frontera, estamos haciendo que sus cabecillas y redes rindan cuentas”.
Reflexionó que la elección directa y política de jueces “no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial; también debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años”.
Asimismo, sentenció lo que integrantes del Poder Judicial mexicano han venido argumentando al oponerse a una elección directa de jueces y magistrados, por encima de un concurso de méritos, capacidades, experiencias y preparación: “Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”.
Ken Salazar finalizó su presentación reconociendo la democracia mexicana y con un llamado a la fortaleza e independencia del Poder Judicial: “En Estados Unidos respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia en las elecciones históricas que acaban de celebrarse. A medida que los líderes en México consideran la reforma judicial, espero que el último resultado conduzca a un Poder Judicial fuerte e independiente”.
RESPUESTA EXTREMA A AMENAZA EXTREMA: MAGISTRADA
En Baja California, trabajadores del Poder Judicial Federal paralizaron labores y tomaron las calles, respuesta “extrema” que magistrados y trabajadores del PJ en todo el país han tomado ante la reforma presidencial que se dirime en la Cámara de Diputados, y que entre otros, tiene el objetivo de sustituir representantes judiciales y modificar el proceso de selección por un trámite que apela a la suerte y a la política, y hace un desdén a la trayectoria profesional y a la especialización de los trabajadores.
El miércoles 21 de agosto, cuando jueces y colaboradores ya tenían más de doce horas en paro, la magistrada Matilde del Carmen González Barbosa, representante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y Magistrados y Jueces de Distrito, (Jufed) alzó la voz ante la oficina de Zona Río Tijuana: “Esta no es una medida extrema; es una respuesta extrema a una amenaza extrema”.
Y abundó: “Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas. La confianza en nuestras instituciones se desmoronará y los Derechos Humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Nos enfrentamos a una crisis institucional”.
Trabajadores del Poder Judicial han atendido casos urgentes en el Juzgado Décimo de Distrito en Tijuana. El lunes 19 de agosto, entre comunicaciones y exhortos, se atendieron 26 asuntos; el martes 20, 35 casos; y el miércoles 21, 25 asuntos. Pese a que el paro de labores implicará un rezago y trabajo acumulado, como ocurrió el paro anterior, del 14 al 27 de octubre de 2023, ahora se organizan más marchas y protestas en puntos de alto tránsito para informar a la población sobre las implicaciones a las reformas al Poder Judicial.
“La historia nos ha enseñado que cuando el poder se ha concentrado en manos de unos pocos, la justicia se convierte en una herramienta de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan sobajados en capricho de quienes ostentan el poder. Esta reforma que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no sólo la independencia de los jueces, sino el bienestar de la sociedad en su conjunto”, reiteró la magistrada González Barbosa.
Ayer jueves 22 de agosto se organizó una marcha para exponer el tema a nivel nacional, mientras que se contempla otra movilización de los trabajadores y sus familias para el mediodía del domingo 25.
La reforma de AMLO pretende modificar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Para los manifestantes, la amenaza más evidente es la propuesta de seleccionar a los juzgadores mediante una tómbola y permitir que abogados con poca experiencia puedan ser nominados, lo que impacta directamente a la carrera profesional de los oficiales, actuarios o secretarios con experiencia y antigüedad para ser jueces o magistrados.
