Por medio de denuncias ciudadanas directas y otras que han circulado en redes sociales, la población sudcaliforniana ha estallado en indignación ante diversos casos en los que particulares se han apoderado de accesos a playas o que simplemente bloquean o impiden el libre tránsito en la Zona Federal Marítimo-Terrestre.
Ante la cultura de protección del patrimonio natural que profesan los sudcalifornianos, se ha exigido una intervención inmediata por parte de autoridades, tanto para reabrir accesos como para sancionar a los responsables.
Uno de estos casos se registró en la comunidad de La Ribera, municipio de Los Cabos, en donde habitantes de playa Punta Asunción perdieron el único camino que los conecta con la costa marítima por “capricho” de nuevos vecinos.
Califican como un robo el hecho de que personas extranjeras se hayan apoderado del acceso y que, aunque han evidenciado el caso, no ha habido intervención efectiva por parte de autoridades.
De acuerdo con una narrativa de hechos que hicieron personas afectadas, fue el 29 de junio cuando se percataron que sus nuevos vecinos decidieron expandir el predio de vivienda, arrebatándoles a todos los habitantes la terracería del único camino a la playa.
En un amparo que interpuso uno de los residentes afectados, se señala a las personas Victoria Lynn y Kevin Harold como los responsables de este acto.
En el documento se precisa que los propietarios de la vivienda obtuvieron un deslinde catastral en su predio, con el cual procedieron a aumentar el número de metros cuadrados que compraron, invadiendo el acceso a la playa establecido por el desarrollador.
En estas semanas persiste la misma pregunta en la comunidad de La Ribera: ¿por qué la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no interviene a pesar de que los “invasores” utilicen maquinaria pesada en la orilla de la playa?
Afectados comentan que elementos de la Profepa ya acudieron a revisar, incluso detuvieron la obra, sin embargo, en menos de 24 horas reanudaron los trabajos.
“No hay otro acceso, es el único que existe; somos alrededor de 43 casas las que hay en esta área. El camino es para todos muy importante para tener acceso, los caminos nos sirven. Ya hay afectaciones y se sabe de seis vecinos en la playa que no pueden manejar o salir en carro para comprar comida”, denunció Kevin, residente de Punta Asunción.
Además de que se está violando el derecho al acceso a la playa, también se pone en riesgo a la población ya que se trata del único acceso para que entren unidades de emergencia en caso de cualquier situación de huracán.
Es importante mencionar que en el amparo que promovió uno de los afectados, se señala:
* Los actos reclamados a la Dirección General de Licencias de Construcción por la autorización y emisión de la licencia de construcción otorgada al Fideicomiso denominado BBVA Bancomer S.A. y/o sus beneficiarios, Victoria Lynn y Kevin Harold, para la construcción de una terraza y alberca fuera de su propiedad, sobre la servidumbre de paso y acceso a la playa.
* La Dirección Municipal de Catastro, por haber autorizado un deslinde catastral sin haber llamado a todos los interesados colindantes, vecinos y usuarios de la servidumbre de paso y acceso a la playa.
De acuerdo con asociaciones civiles, por ser una obra que está en una zona costera y por las características del área, se debe presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evalúa.
La dependencia federal únicamente otorga la autorización en materia ambiental, ya que le corresponde al Ayuntamiento dar los otros permisos que se requieren.
Sin embargo, si la MIA no resultara viable, entonces el Gobierno Municipal de Los Cabos no puede dar ninguna autorización de otro tipo.
VIRALIZAN BLOQUEO DE LIBRE TRÁNSITO A PICHILINGUE
En el municipio de La Paz también se registró un caso en el que la sociedad se unió en contra de un particular que se apoderó de playa Pichilingue, colocando mobiliario como rejas y camastros, que impedían el libre tránsito en la zona.
Ciudadanos dieron testimonios de intento de diálogo con trabajadores del negocio denominado “Aplein Soleil”, para que retiraran los muebles que obstruían el paso y con lo que obligaban a las personas a introducirse al mar para poder moverse de una costa a otra en Pichilingue; sin embargo, no accedieron.
Por ello, las personas hicieron uso de las redes sociales para exhibir el caso, en un estallido de indagación por la nula intervención de autoridades de Profepa y Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre).
La asociación Metiches por Naturaleza documentó el caso y recalcó que la ley garantiza el libre tránsito de las personas en las playas, con la delimitación clara de la zona que es propiedad de la Federación.
“La ley es muy clara: la ley te dice después de la última rompiente son 20 metros para allá eso es propiedad federal, no es de nadie, es de todos. No puede ser que la gente tenga que caminar por acá porque la playa de don vergas no se lo permite, es brutal, es completamente injusto”, expresó un integrante de la asociación por medio de un video.
Posterior a la trascendencia digital que tuvo esta denuncia, días después el Ayuntamiento de La Paz informó que Zofemat confirmó que habían retirado la malla ciclónica y camastros que obstruían el libre tránsito.
Tras la inspección, el propietario del establecimiento procedió a reacomodar su mobiliario dentro de las delimitaciones establecidas por ley, con base en el permiso de comercio que posee.
“Respecto a la ocupación indebida de territorio en la zona de playa en Pichilingue, por parte de un negocio que impedía el libre tránsito de las personas, fue retirado lo que se encontraba fuera del espacio permitido”, dijo el titular de Zofemat en La Paz, Marco Antonio Rascón Campa.
Cabe mencionar que, aunque se liberó el paso, la Profepa no ha informado sobre las sanciones y procedimientos correspondientes por violación a la ley que garantiza el libre tránsito de personas en playas mexicanas.
NO EXISTEN LAS PLAYAS PRIVADAS EN MÉXICO: CEMDA
Sarahí Gómez Villada, coordinadora del Área de Investigación para la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aclaró que en México no existe el concepto de “playa privada”, sino que las leyes establecen que estas zonas son para el disfrute colectivo. Por ello, toda la costa debe tener su respectivo acceso.
Recordó que Baja California Sur es la entidad con mayor litoral costero en todo el país, por lo que la problemática se recrudece ante el boom inmobiliario-turístico que busca instaurar proyectos en zonas de playa.
“Si bien no existe el término de playas privadas, aunque sí se reconoce en la regulación mexicana el derecho a la propiedad privada, pero siempre y cuando se prevalezca el interés público. Sí está establecido que las playas son para el disfrute de todos y nadie debe prohibir el acceso a éstas”, comentó.
En este escenario, mencionó casos como playa El Caimancito, con la construcción de bardas en la antigua Casa del Gobernador; Pichilingue, con la denuncia de invasión por parte de particulares que colocaron infraestructura; y en Saltito y Puerto Mejía también hay reportes.
“Básicamente todas las playas que tienen propiedad privada colindante y que no se ha garantizado este derecho de acceso”, insistió.
En este contexto, explicó que, en términos de la Zofemat, la franja de 20 metros adyacentes a la playa sí se puede concesionar a particulares para diferentes tipos de uso; no obstante, el problema se da cuando los particulares que gozan de esta autorización se aprovechan y prohíben el acceso o el libre tránsito.
Esto aunque la ley especifica que quien es propietario de un terreno que colinda con Zofemat o con playa, tiene que garantizar que haya un acceso para que las personas puedan hacer uso de la playa de manera libre.
Es así como los particulares cierran el acceso, no los habilitan o, incluso, obstaculizan el tránsito sobre la playa poniendo infraestructura como camastros y demás.
“Desafortunadamente es una situación que se ha venido incrementando en los últimos años, obviamente esta ocupación de la línea de costa por parte de proyectos tanto turísticos como inmobiliarios en zonas de mucho interés turístico”, enfatizó.
“Lo es toda la zona de Cabo del Este, lo es toda la zona del municipio de La Paz; del lado del Pacífico tenemos Todos Santos y Pescadero; obviamente hay una problemática con respecto a los conflictos de uso de los espacios para disfrute colectivo como son las playas, que se está viendo amenazado el acceso por este tipo de proyectos”, agregó.
La especialista recalcó que las concesiones sí pueden ser revocadas cuando se incumplen con los términos de uso que se asignaron.
Cualquier incumplimiento se puede denunciar a través de una denuncia popular ante la Profepa, instancia responsable de verificar que se está cumpliendo con los criterios con los que se fue asignada la concesión.
“Tendría que haber esta coordinación efectiva entre las diferentes instituciones que tienen atribuciones en el tema, para implementar estas acciones que garanticen el derecho de acceso a las playas; que también se verifique el correcto uso”, indicó.
Por su parte, el secretario general del XVII Ayuntamiento de La Paz, Pavel Castro Ríos, en entrevistas anteriores precisó que el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, como las playas.
El sustento legal proviene del artículo 127, que dice que en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas.
Asimismo, los caminos o accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley General de Bienes Nacionales.
Todo se fortalece con el artículo 45 BIS Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que establece que cuando existan accesos a las playas públicas, se prohíbe a los propietarios y poseedores de inmuebles bajo cualquier título jurídico, así como a sus familiares y empleados, impedir el libre tránsito y acceso a la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, playas, o cualquier otro depósito de aguas marinas, cuando los inmuebles privados colinden con dicha zona e inmuebles de dominio público.
Para rematar, el Código Civil de Baja California Sur deja en claro, en el artículo 1102, que los accesos a las playas públicas o zona federal marítima terrestre de la entidad son servidumbres legales de paso.
