El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 27 de agosto de 2024, que Norma Lucía Piña Hernández -presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el 2 de enero de 2023-, merecería ser sometida a juicio político, por la forma, en cómo había el litigio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra Grupo Salinas -propiedad del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego-, por el cobro de 35 mil millones de impuestos no pagados.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió, sin embargo, que no actuaría en contra de la ministra de la SCJN, para evitar que lo acusaran de emprender una persecución.
“Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a dos expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar, dos expedientes que significan el pago de impuestos de una empresa por 35 mil millones de pesos”, explicó el político tabasqueño.
“Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos, porque no proceden, de manera arbitraria no sólo les da entrada, sino que uno menor creo que de 2 mil millones de pesos se lo entrega a una ministra más decente y el de los 33 mil millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados”, criticó el mandatario nacional.
“No voy a dar los nombres porque si no ya voy a estar yo reporteando y ese no es mi trabajo. Pero, ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero, si hacemos eso, imagínense […] si ya fueron a la [Organización de Estados Americanos] OEA. ¡Uy, qué miedo! Ahora irían a quejarse con el rey de España [Felipe IV] o al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, pero es evidente que [Piña Hernández] viola la Constitución”, comentó López Obrador.
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“Proceden muchas cosas, el asunto es: ¿Cómo se vería que se presentara una solicitud de juicio político contra la señora Piña? Que hay persecución”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El 21 de agosto de 2024, la presidenta de la SCJN admitió a trámite un recurso de Grupo Elektra para impugnar un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos, por omisión de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el ejercicio fiscal de 2013.
Piña Hernández admitió el recurso al considerar que el Grupo Elektra planteaba temas de inconstitucionalidad de leyes que podrían ser analizados por la SCJN. Ante ello, turnó el expediente, el 26 de agosto de 2024, al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, en la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional.
La ministra presidenta de la SCJN admitió a trámite, un recurso de Grupo Elektra S.A.B de C. V., para impugnar un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos por omisión de pago del Impuesto Sobre la Renta, del ejercicio fiscal 2008.
El acuerdo fue firmado por la ministra el 8 de agosto de 2024 y notificado por lista el día 23 del mismo mes y año. Piña Hernández admitió el recurso por considerar que Grupo Elektra planteaba temas de inconstitucionalidad de leyes que debían ser analizados por la SCJN.
El expediente admitido por la presidenta de la SCJN fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional. El 22 de agosto de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido del oficio que envió, un día antes, a Piña Hernández, en el que le reclamó por la “tardanza injustificada” en la resolución de dos asuntos fiscales relacionados con las empresas de Salinas Pliego, que sumaban, según él, un monto de 35 mil millones de pesos.
“Por instrucciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los Amparos Directos en Revisión con números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos para su tramitación por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días 4 y 12 de julio del año en curso, respectivamente. A la fecha el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente”, señaló el oficio emitido por el político tabasqueño.
“Los citados asuntos corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio, respectivamente, además de haber cursado todas las instancias legales, que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de $35 mil millones de pesos”, agregó el documento enviado por el mandatario nacional a la presidenta de la SCJN.
“Recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser prontos y expeditos”, decía el oficio presentado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
El presidente de la República acusó que el no dar resolución a estos casos, provocaría que el máximo tribunal constitucional cayera en conductas dilatorias y en una acción ilegal de protección a conductas relacionadas con la defraudación fiscal.
“Es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su Presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han pretendido cobijados en el intrincado actuar del Poder Judicial por décadas, violatoria del artículo 17 constitucional”, detalló el político tabasqueño.
“Estos asuntos fueron ya tratados por un ministro de esta Corte, quien más de ocho meses ha tenido en su poder el proyecto y expediente original para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen”, finalizó en su oficio el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Un día antes, López Obrador reveló que envió un oficio a Piña Hernández solicitando la resolución de dos asuntos fiscales relacionados con las empresas de Salinas Pliego. También explicó que instruyó a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a María Estela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), para que enviaran el oficio a la presidenta de la SCJN, expresando su preocupación por la falta de trámite del asunto desde su recepción. “Vamos a ver si resuelve. Porque, además, sin adelantar, no tienen porqué estar deteniéndolo”, expresó.
Los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negaron, el 13 de junio de 2024, el amparo 98/2021, con el que Grupo Elektra S.A.B de C. V., para no pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), adeudos del ISR, de los ejercicios fiscales, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por 24 mil millones de pesos, que originalmente eran 18 mil 455 millones 467 mil 083 pesos, monto que se actualizó debido a multas y recargos.
El SAT indicó que Grupo Elektra tenía un adeudo por el ejercicio fiscal de 2013, derivado de que al concluir el régimen de beneficio en el que tributaba (consolidación fiscal), dejó de sumar diversas pérdidas por enajenación de acciones, que fueron aprovechadas en los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, para disminuir el pago de sus impuestos.
Ante ello, Grupo Elektra impugnó la decisión del Servicio de Administración Tributaria, mediante un juicio interpuesto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Sin embargo, la sentencia en primera instancia fue favorable al SAT, por lo que la empresa de Salinas Pliego objetó en una segunda instancia, misma que también perdió.
Los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito establecieron que Grupo Elektra sí tenía la obligación de pagar el adeudo, desechando en su totalidad los argumentos planteados en la demanda de amparo.
Por mayoría de dos votos contra uno, los magistrados Salvador Alvarado López y Martha Llamile Ortiz Brena votaron por negar el amparo, mientras que su homólogo Fernando Silva García fue el único que dio la razón a Grupo Elektra.
Silva García enfatizó que en 2016, el SAT rechazó las pérdidas fiscales de la empresa de Salinas Pliego, pero en 2018 las consideró válidas, lo que calificó como “una práctica abusiva y coactiva”, que atribuyó a las autoridades del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
No obstante, la empresa propiedad de Salinas Pliego podría impugnar la resolución dictada por los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en una tercera instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El mismo día, Grupo Salinas lamentó la “falta de diligencia y objetividad” de los dos magistrados federales que confirmaron el crédito fiscal contra su filial, que controla la cadena de tiendas del mismo nombre y el Banco Azteca, entre otras.
“Con relación a la resolución del amparo directo 98/2021 del día de hoy en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lamentamos la falta de diligencia y objetividad de algunos magistrados, quienes frente a la sistemática presión por parte del gobierno federal y ante el temor de ser considerados corruptos, se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo”, señaló Grupo Salinas, en un comunicado.
“Ello a pesar de que el Magistrado Presidente de dicho Tribunal señaló con precisión y claridad que las maniobras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son abusivas, coercitivas, desproporcionadas e ilegales”, dijo el conglomerado de Salinas Pliego.
“Ahora bien, convencidos de que nos asiste la razón ética y jurídica, y conforme a nuestro derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, recurriremos a las instancias superiores correspondientes en busca de una resolución que elimine los abusos como los cobros dobles e ilegales que buscan imponernos”, abundó Grupo Salinas.
“Confiamos en que, a pesar de las presiones externas, estas instancias superiores decidirán lo correcto con autonomía e independencia. Y no tengan duda: seguiremos haciendo uso de todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender nuestras causas, la reputación de nuestras empresas y la prosperidad incluyente de nuestros colaboradores y clientes”, finalizó el conglomerado del magnate regiomontano.
“Se los dije ayer y se los vuelvo a decir hoy… esto no acaba hasta que se acaba. Llevaremos nuestro caso a la @SCJN, donde con independencia, integridad, compromiso y objetividad esperamos sean un contrapeso para regular los abusos del @SATMX”, escribió Salinas Pliego, en su cuenta de la red social X.
“Lo más rescatable es que, a pesar de todas las presiones en contra del Poder Judicial Federal, hay jueces y magistrados valientes, como el presidente del tribunal en el que se discutió nuestro caso hoy”, enfatizó el magnate regiomontano.
“El magistrado Fernando Silva se atrevió a exhibir los abusos que se están cometiendo en contra de mis empresas, y aseguró que no es válido que el SAT determine un crédito fiscal excesivo para presionar a un contribuyente a pagar otros créditos previos”. Dijo que eso es, una práctica abusiva y coactiva que no ampara la ley. Así que, ¡No cedamos ante el abuso… aquí estamos, y aquí seguiremos!”, finalizó Salinas Pliego.
El presidente López Obrador cuestionó, el 23 de agosto de 2023, a Luis María Aguilar Morales, ministro de la SCJN, por resolver de forma rápida, que no se distribuyeran los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, en Chihuahua y Coahuila, pero tardar 8 meses, respecto al adeudo que Grupo Elektra tenía por 2 mil 636 millones de pesos, de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el ISR, aplicadas en la declaración del ejercicio fiscal de 2006.
