En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó, el 23 de agosto de 2024, el proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano constitucional autónomo, que los grupos legislativos de Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) tuvieran el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es decir, 364 legisladores, basándose en la fracción V, del artículo 54 constitucional, respecto a la sobrerrepresentación, por coalición y no por partido político, reformado el 3 de septiembre de 1993.
“V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”, indica dicha fracción.
Con ello, la autodenominada “cuarta transformación” tendría la mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para poder realizar reformas constitucionales, entre ellas, la del Poder Judicial de la Federación. (PJF).
Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De La Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza, Carla Astrid Humphrey Jordan, Jorge Montaño Ventura, y, Rita Bell López Vences, votaron a favor de las 364 diputaciones a Morena y sus aliados. Mientras que Beatriz Claudia Zavala Pérez, José Martín Fernando Faz Mora, Dania Paola Ravel Cuevas, y Jaime Rivera Velázquez sufragaron a favor de las 317 diputaciones a Morena, PT y PVEM.
“Lo anterior, desde una óptica operativa institucional del control de regularidad constitucional que obliga a esta autoridad electoral administrativa a respetar, en primer término, el procedimiento legal para la asignación de diputaciones por el principio de RP conforme la votación recibida por cada PPN”, indicó el anteproyecto difundido por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
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“Y, en segundo término, en observancia a los límites de sobrerrepresentación mandatados explícitamente por la Carta Magna para los PPN”, agregó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en su anteproyecto, respuesta a las 69 peticiones que recibió el órgano constitucional autónomo, de organizaciones y particulares, que le pedían frenar la mayoría calificada de la autodenominada “4t”.
Según el anteproyecto que entregó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE a los once consejeros electorales, Morena sería el mayor beneficiario de las plurinominales, al asignarle 75, por lo que con las 161 de mayoría, le quedarían un total de 236.
Mientras que los partidos PVEM y PT obtendrían 77 y 51 curules, respectivamente, por ambos principios. Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) alcanzaría 40 diputaciones plurinominales, para tener 72 en total.
Por ambos principios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contaría con 35, Movimiento Ciudadano (MC) 27, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) uno y un legislador independiente. De esa forma, la oposición se quedaría con 135 diputados federales.
En el caso del Senado, los partidos de la “4t” tendrían 83 legisladores, por lo que necesitarían tres más para lograr la mayoría calificada. Morena alcanzaría 46 escaños de mayoría y primera minoría, así como 14 plurinominales.
En tanto que el PAN tendría 22 senadores -16 de mayoría y minoría, así como 6 de representación proporcional-, y el PRI alcanzaría 16 en total, con 14 de minoría y 2 plurinominales, respectivamente.
El PVEM sería la cuarta posición en la Cámara alta del Congreso de la Unión, con 14 senadores, 11 de mayoría y minoría, así como tres plurinominales. En tanto que el PT alcanzaría 9 escaños, 7 por mayoría y 2 proporcionales.
El 23 de agosto de 2024, la consejera Zavala Pérez propuso otorgar menos diputados plurinominales a la alianza de la llamada “cuarta transformación”, con una distribución para que Morena, PVEM y PT quedaran con 317 legisladores, con lo que ese bloque no tendría los 334 escaños para tener mayoría calificada en San Lázaro, mismos que se requieren para aprobar reformas a la Constitución.
Con la propuesta de Zavala Pérez, la coalición “Sigamos Haciendo Historia” hubiera alcanzado el 63.4 por ciento de la Cámara Baja del Congrego la Unión, mayoría absoluta que le permitiría por sí sola a la aprobación de reformas legales, pero no constitucionales.
La propuesta de distribución restaría 47 diputados al bloque oficialista, al que el proyecto de acuerdo aprobado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano constitucional autónomo, se proponía que tuviera el 72.8 por ciento de las curules en San Lázaro.
En tanto, a los tres partidos de oposición en su conjunto les hubieran correspondido 36.6 por ciento del órgano legislativo y no 27.2 por ciento, como se proponía en el proyecto que fue sometido a discusión del Consejo General del INE.
Al PAN, que ganó 32 distritos, en la propuesta de la consejera Zavala Pérez, se le darían 60 plurinominales (20 más que la propuesta oficial), para una bancada de 92. Al PRI, un total de 40 de curules representación proporcional (no sólo 26), para sumarse a los 9 triunfos de mayoría y un total de 49 diputados en dicho grupo parlamentario. A Movimiento Ciudadano, a su triunfo en un distrito se le añadirían 39 plurinominales (y no sólo 26), para un total de 40.
La consejera planteó que el INE estaba obligado a proteger el voto emitido por todos los ciudadanos, y era viable aplicar una “compensación constitucional”, es decir una reinterpretación de las normas aplicadas hasta ahora, debido a que, según ella, existían precedentes jurídicos.
La fórmula que propuso Zavala Pérez fue la del 8 por ciento de la a la Votación Nacional Efectiva (VNE), obtenida por cada partido en la elección y establecer esa como la cifra tope de diputados a alcanzar en la distribución de plurinominales. Es decir, sumar porcentaje de votación con porcentaje de sobrerrepresentación, ambos números compatibles.
Según la consejera, ello evitaría una “distorsión, produciendo un reparto de curules más proporcional a la fuerza electoral de cada partido político, lo que resulta más compatible con los fines que persigue ese límite de sobrerrepresentación”.
Zavala Pérez admitió que esa no era la fórmula que se había aplicado hasta ahora, pero que era congruente considerar el porcentaje de votos, con el de sobrerrepresentación. Además, recordó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), habían emitido diversos precedentes, “de los que se desprende el deber de las autoridades electorales de interpretar las normas en esta materia”.
“Al advertirse que en esta ocasión la aplicación de la fórmula genera distorsiones no antes vistas, que vulneran de forma grave derechos humanos de los votantes al evidenciar una desigualdad del voto al momento de asignar las curules de representación proporcional, que a su vez impactan en una disminución en los principios de proporcionalidad, pluralismo, surge la obligación de este Consejo General para pronunciarse sobre el tema”, consideró la consejera del INE.
Durante la sesión extraordinaria, la consejera presidenta del INE emitió un discurso enfocado en “la aplicación rigurosa” de las disposiciones constitucionales y legales, en el marco de la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional.
En su intervención, Taddei Zavala subrayó que el proyecto de acuerdo presentado en la sesión reflejaba el trabajo “colegiado y comprometido” del INE, respaldado por la aprobación unánime de los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
La consejera presidenta del órgano constitucional autónomo recordó que, desde septiembre de 2023, el INE estableció criterios claros para el registro de candidaturas, y en diciembre de ese mismo año, se aprobó el mecanismo que ahora permitía la asignación “justa y equitativa” de escaños en el Congreso de la Unión.
Taddei Zavala destacó que, tanto la SCJN, como la Sala Superior del TEPJF, habían confirmado la constitucionalidad del mecanismo utilizado, lo que, según ella, garantizaba que la distribución de curules y escaños cumplía con los principios democráticos y de paridad de género.
“El INE no construye fracciones parlamentarias ni se aparta de la Constitución. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales y es reflejo de nuestro compromiso con la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas”, enfatizó Taddei Zavala.
Además, la consejera presidenta del INE rechazó cualquier intento de politizar el proceso de asignación de representación proporcional, reiterando que éste se realizaba “en estricto apego a la ley y con el respaldo de miles de servidores públicos electorales”.
Al respecto, Taddei Zavala señaló que “el INE no quita ni regala diputaciones, ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto”. En el mismo sentido rechazó “los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado”.
Según dijo la consejera presidenta del órgano constitucional autónomo, se aseguraba que el Congreso de la Unión se integraría con 250 diputadas y 250 diputados, en un reflejo del compromiso del INE con la igualdad de género y la inclusión de grupos tradicionalmente vulnerados.
Finalmente, Taddei Zavala reafirmó su voto a favor del proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, “convencida de que representa la voluntad de más de 60 millones de ciudadanos que participaron en las elecciones” del 2 de junio de 2024.
