En el último lustro del inicio de los dosmiles, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, encabezaba un esfuerzo pluriinstitucional para combatir al narcotráfico que, por entonces, como ahora, tenía tomadas las calles de Baja California en una cruenta guerra entre dos cárteles: el de los Arellano Félix y el de Sinaloa.
El grupo interdisciplinario que ciertamente iniciaría con el Mando Único en BC lo guiaba el gobernador Osuna, y el combate no tenía una sola dirección trazada: lo mismo se perseguía a criminales de un cártel como a los de otros. Entre los delincuentes más envalentonados estaba El Teo, Teodoro García Simental, quien se había escindido del Cártel Arellano Félix (CAF) para unirse al de Sinaloa y dar inicio a una narcoguerra que dejó miles de muertos, decenas de secuestrados, extorsionados y provocó un éxodo de bajacalifornianos pudientes a otros estados de la República Mexicana o a Estados Unidos.
El Teo intentó amenazar al gobernador Osuna. Con un video, con una manta, pero las autoridades de seguridad, coordinadas por el Ejército Mexicano, lo impidieron. Prevaleció el Estado de Derecho y el combate al crimen siguió su paso, dejando en BC un modelo de Mando Único que se vio truncado al cambiar de administración en el Estado y en el país.
Hoy día, con la primera mujer gobernadora de Baja California, un secretario de Seguridad Ciudadana con rango de General del Ejército Mexicano, una fiscal mujer y una Guardia Nacional con harta presencia, el territorio del Estado 29 lo disputan ya no dos, sino tres organizaciones criminales: permanecen el CAF y Cártel de Sinaloa, sumándose en un clima de impunidad y corrupción, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Baja California, como hace 14 años, está sumida en una inseguridad avasallante. Aun cuando “han disminuido los homicidios”, los números siguen siendo altos para la población fronteriza, y ubican de manera permanente al Estado en los primeros sitios de entidades federativas más inseguras del país, y a Tijuana como la ciudad más violenta.
Mientras el ex Presidente Felipe Calderón le apostó todo a la guerra contra las drogas, sacando al Ejército de los cuarteles para combatir a los criminales, al tiempo que inició una depuración en las corporaciones, su sucesor, Enrique Peña Nieto, bajó la guardia del Ejército y mantuvo una política de paz que permitió a los cárteles expandirse, particularmente al de Jalisco, sin menoscabo del de Sinaloa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó al extremo la política de Calderón: oficializó la participación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, hoy día con un mando militar y a punto de ser completamente militarizada. Pero ninguno de esos esfuerzos ha sido efectivo en el combate al crimen.
La realidad es que sin la labor investigativa, ministerial y científica de la Fiscalía General de la República y las de los estados, acompañadas de las secretarías de Seguridad, poco o nada se puede hacer. La ausencia de labores de inteligencia en estas dos instituciones, las fiscalías y las secretarías de seguridad, ha permitido el crecimiento de los cárteles, abonando a la impunidad de sus integrantes, que escapan a las tareas disuasivas que Guardia Nacional encabeza en la República Mexicana.
En Baja California, la inseguridad está tan en alto nivel de peligrosidad y de emergencia para las autoridades locales y federales, que los criminales envían mensajes a la gobernadora, Marina Ávila Olmeda, no para amenazarla a ella, sino para “quejarse” de los bandos que parecen tomar las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Como nunca a un representante del Poder Ejecutivo en Baja California, por lo menos cinco mantas con mensajes de criminales han sido hechas públicas con destinatario a Ávila Olmeda. El 17 de marzo de 2022, el 13 de febrero de 2023, el 26 de abril, 17 y 26 de agosto de 2024, son las fechas en que mantas criminales dirigidas a la gobernadora han aparecido.
En todas, se ha señalado a quienes a su lado se supone deben combatir el crimen. Las últimas refieren acusaciones criminales contra el secretario de Seguridad, el General Leopoldo Aguilar Durán, mientras otras han hecho alusión a colaboradores de la fiscal general del Estado, María Elena Andrade y otras más a autoridades municipales en distintas ciudades.
Como sucede con los temas de inseguridad, la gobernadora suele minimizar los hechos; y, hasta donde se sabe, no ha ordenado investigaciones científicas no sólo para identificar a los criminales que osan enviar mensajes a la máxima autoridad del Estado, sino para deslindar responsabilidades sobre las acusaciones vertidas. Porque en los gobiernos de Morena, el narco tiene credibilidad, y para ejemplo, clarísimo. La denuncia que hizo Ismael “El Mayo” Zambada García a través de una carta en la que acusó al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera de traicionarlo, secuestrarlo y entregarlo a la autoridad de Estados Unidos, expresión por la cual la FGR no sólo intensificó la indagación de una carpeta de investigación, sino que, ha solicitado orden de aprehensión contra el hijo del “Chapo” por secuestro y traición a la patria entre otros (esto último por entregar a Zambada a los estadounidenses).
En ese contexto, considerando que ya son demasiadas mantas dirigidas a la gobernadora para acusar a sus subordinados o miembros de la FGE de inclinarse sobre un cártel y sólo perseguir a los contras al mismo tiempo ya debería haber una investigación sobre los señalados que, con tales acciones denunciadas, han vulnerado a la mandataria estatal, a quien criminales le dirigen mensajes.
No es una situación ordinaría y tampoco es aceptable que la funcionaria sea el blanco de mensajes criminales por parte de cárteles de la droga, aun pretextando que otras autoridades del Estado están coludidas con el crimen. Lo que está resultando pertinente, es que la morenista al fin tome el liderazgo del combate a la inseguridad e inicie por investigar a los de casa, deslindarlos y con ello respaldarlos en su labor, en lugar de con su indiferencia provocar la escalada de mensajes que ha recibido de parte del crimen que, si la amenaza a ella, qué podrá decirse de los vulnerados ciudadanos.
