Cientos de miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) realizaron una protesta, el 13 de agosto de 2024, frente al Palacio de Justicia de San Lázaro, en la que repudiaron la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del mismo año, al Congreso de la Unión.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, explicó que los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJF) formaron una “coalición para la defensa de la independencia judicial”, como previsión de la posible aprobación de la reforma por la amplia mayoría con la que contaría Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), en la nueva Legislatura, que comenzaría sus funciones el 1 de septiembre de 2024.
“En su caso, [los trabajadores del Poder Judicial de la Federación] acordaremos la suspensión temporal de trabajo, en uso de un derecho de rango máximo”, señaló Fuentes Velázquez, quien también precisó que “la suspensión de labores, como última medida” sería empleada “con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.
“Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirían decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria”, advirtió la presidenta de la JUFED, quien también subrayó que la reforma -que pretendería la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular- “sin duda alguna abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.
Asimismo, la jueza advirtió que “aunque esta propuesta puede parecer una medida democrática, es fundamental reflexionar sobre los riesgos que implica para la independencia judicial, la estabilidad constitucional y la protección de los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables”.
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“Cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tienen voz y poder se ven relegados”, alertó Fuentes Velázquez, quien también enfatizó que “el nuevo Gobierno [encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo] tendría la oportunidad histórica de lograr una reforma trascendental, si reconoce el deber de abordar los problemas de acceso a la justicia” para todas las personas, “y al mismo tiempo, para proporcionar el incentivo de seguridad jurídica a los inversionistas”.
Para lograrlo, la presidenta de la JUFED enumeró varios frentes a atender, como la profesionalización de policías y fiscales, el robustecimiento de las defensorías públicas y la regeneración del sistema carcelario.
Además, la jueza dijo que “afrontar este reto con asertividad puede ser la bandera del próximo Gobierno, si se toma en cuenta que las múltiples voces que han mostrado preocupación legítima merecen ser atendidas para emprender un proceso de reforma distinto y sin apresuramientos”.
“Si se hiciera caso a esta petición, todos en la Judicatura, los más de 50 mil mujeres y hombres que la conformamos, apoyaremos las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en el Congreso”, expuso Fuentes Velázquez.
“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país, si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura“, dijo la jueza.
“Es nuestro deber defender la independencia judicial […] Las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y al Gobierno entrante que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para encauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”, insistió la presidenta de la JUFED.
Asimismo, Fuentes Velázquez sostuvo que la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación podría politizarse, terminando por afectar a los más pobres y a los que más violencia y discriminación habían sufrido, además de que abría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejercieran presión efectiva sobre el PJF.
“Cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tiene voz, ni poder, se ven relegados; los juzgadores podrían convertirse en actores políticos […] no podemos subestimar la gravedad de lo que implica una crisis constitucional para la gobernabilidad del país”, explicó la presidenta de la JUFED.
“Esperaríamos que la próxima presidenta de los Estados Unidos Mexicanos se pronuncie por transformar la justicia con altura de miras, con diálogo cierto, con un calendario preciso para el diagnóstico, la discusión, el diseño, la redacción y las fechas de entrada en vigor de una reforma que harían de la nueva legislatura y de ella misma, con tantos y tantos que estamos comprometidos con la justicia, los artífices de un México mejor”, agregó Fuentes Velázquez.
El 8 de agosto de 2024, la virtual senadora electa de Morena y próxima titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Ernestina Godoy Ramos, anticipó que sí habria cambios a la propuesta presidencial de reforma judicial. “Va a haber mucho movimiento en punto y coma”, explicó.
Godoy Ramos participó en la última sesión de los Diálogos Nacionales Sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, y dijo que en ellos había habido “grandes preocupaciones” y ante ellas afirmó que estos no serian “un diálogo de sordos”.
El mismo día, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz -integrante del grupo legislativo de Morena-, informó que el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación estaría listo el 15 de agosto de 2024, con el objetivo de iniciar su discusión y eventual aprobación.
“Hay tres cosas que tienen que respetarse para que la iniciativa no dejara de ser la iniciativa. Uno, el método de elección de los jueces del país. Dos, dejar muy clara la independencia del Poder Judicial y de los otros dos poderes del país. Y tres, un respeto sin restricciones a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial en México”, indicó el diputado federal.
