Este sábado 31 de agosto se dio a conocer que dos jueces federales ordenaron a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de la reforma judicial que impulsa el gobierno federal y pretendía debatirse este lunes.
Uno de los casos se dio en Morelos y otro en Chiapas, y su efecto obliga a la Comisión de Puntos Constitucionales a no entregar el dictamen de la Reforma Judicial al pleno de la Cámara de Diputados, además de que debe informar sobre el cumplimiento de la disposición judicial que, en general, implica suspender el proceso de reforma.
Las dos suspensiones son inéditas, como la propia reforma y el movimiento de trabajadores y juzgadores del Poder Judicial.
En el caso de Morelos, la jueza Martha Eugenia Magaña López se excusó por ser directamente afectada, pero como parte del procedimiento, dictó la suspensión.
La jueza atendió la solicitud de amparo respecto a la vulnerabilidad de los trabajadores con la eliminación de la carrera ministerial.
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Estableció que los servidores públicos al no tener estabilidad en el empleo, cuando fueran sujetos a un procedimiento de responsabilidad que pudiera dar lugar a su cese, estaban legitimados para promover el juicio de amparo desde el inicio del procedimiento, porque de emitirse la resolución de conclusión del encargo, aún cuando se determinara que existieron violaciones procesales o vicios de fondo, no sería factible restituirlos en su empleo, cargo o comisión, con lo que se buscó proteger en cierta forma su permanencia en el empleo.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable”, apuntó.
Mientras que en el caso de Chiapas, el asunto fue resuelto por el Juez Tercero de Distrito de
Amparo y Juicios Federales Felipe V Consuelo Soto.
“Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables que constituyen el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el proceso legislativo y en caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional que constituye la raíz del acto reclamado”, resolvió.
Consuelo Soto fijó para el 6 de septiembre la audiencia incidental.
También ordenó girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.
