La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) presentó, el 22 de agosto de 2024, dos denuncias por obstrucción de la justicia -ante María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), de la Fiscalía General de la República (FGR), y ante Rafael Chong Flores, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en el intento de detención de Javier Corral Jurado -ex gobernador chihuahuense, del 4 de octubre de 2016, hasta el 7 de septiembre de 2021- en un restaurante ubicado en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, el día 14 del mismo mes y año.
“Lo anterior, para dar a conocer formalmente a la autoridad investigadora dichos hechos probablemente delictivos, a fin de que se sancione a los responsables de tales inéditos e inusitados acontecimientos que se tradujeron en una clara obstrucción de la justicia. Mismos que son presuntamente constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, entre otros”, apuntó la FACH, a través de un comunicado.
Corral Jurado -ex gobernador chihuahuense, del 4 de octubre de 2016, hasta el 7 de septiembre de 2021- presentó, el 15 de agosto de 2024, una demanda de amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra el día 9 del mismo mes y año, por un Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, dentro la causa penal 3050/2024.
La orden de aprehensión fue girada por el juzgador a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, por una denuncia de la Auditoría Superior chihuahuense. Según fuentes judiciales, citadas por el diario Reforma, el recurso del ex gobernador fue presentado ante los Juzgados de Amparo Penal de la Ciudad de México.
El 17 de agosto de 2024, Patricia Marcela Diez Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, suspendió temporalmente el mandato de captura contra el ex gobernador de Chihuahua y le fijó el pago de una garantía de 120 mil pesos, para mantener vigente la protección judicial.
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La impartidora de justicia concedió a Corral Jurado la suspensión provisional y fijó para el 27 de agosto de 2024, la audiencia en la que determinará si le concedería la suspensión definitiva, fallo que frenaría por tiempo indefinido la orden de captura. Asimismo, Diez Cerda acordó celebrar hasta el 27 de septiembre del mismo año la audiencia constitucional.
El 18 de agosto de 2024, Corral Jurado denunció a María Eugenia Campos Galván, más conocida como Maru Campos, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernadora de Chihuahua desde el 8 de septiembre de 2021, así como a Luis Abelardo Valenzuela Holguínal -titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, desde diciembre de 2022-, por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
A través de su cuenta de la red social X, el ex gobernador compartió el comunicado del despacho jurídico que lo defendía, Schütte y Delsol Abogados, en el cual se aseguró que el intento de policías ministeriales chihuahuenses de detenerlo, el 14 de agosto de 2024, fue ilegal.
“Los funcionarios de la Fiscalía de esta ciudad [de México], conforme a Derecho, impidieron una ilegal detención y la continuada comisión de delitos dentro del territorio de su competencia. Es fundamental resaltar que no existía autorización para la detención y traslado de Javier Corral Jurado conforme a la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración entre fiscalías”, argumentó el equipo legal de Corral Jurado, que también reprochó el término de ‘prófugo de la justicia’ con el que fue catalogado su cliente, al asegurar que éste no se encontraba evadiendo ninguna orden legal.
“Es prófugo de justicia quien huye materialmente del actuar legal de las autoridades, no quien se defiende legalmente con los recursos a su disposición ‘una verdadera actividad de sustracción’, la llama la Sala Superior del Tribunal Electoral en sentencia del 17 de abril de 2024”, añadió Schütte y Delsol Abogados.
El 19 de agosto de 2024, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua intentaron detener a Corral Jurado en la Ciudad de México.
Durante una conferencia de prensa -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la mandataria nacional argumentó que haberse apersonado en el sitio de la posible detención estaba dentro de las atribuciones de Lara López, por lo que, recalcó, no hubo nada “malo” o ilegal.
“Sí, él tiene como representante de la Fiscalía el derecho de presentarse en cualquiera de los casos, no conozco en particular por qué se presentó personalmente, pero vi su video posterior […] Y en el video explica claramente que no había una aprobación de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para la detención de Javier Corral, que lo que hubo fue un papel que sellaron eso no quiere decir que hayan aprobado la colaboración […] Entonces, él frente a esta situación, pues decide apersonarse y no lo veo mal”, agregó Sheinbaum Pardo.
“¿No hay conflicto de intereses?”, le preguntó un reportero. “¿Por qué? Es la Fiscalía. Alguna razón ha de haber tenido para hacerlo de manera personal, pero es legal lo que hizo, malo si no estuviera dentro de sus atribuciones, pero está perfectamente dentro de sus atribuciones”, respondió la presidenta electa.
“Está dentro de las atribuciones del fiscal o del responsable de despacho de la Fiscalía. Él tiene que decir cómo actúa en otras circunstancias, pero no hizo nada fuera de sus atribuciones, si hubiera estado fuera de sus atribuciones pues, pero no, es su atribución. Está dentro de sus atribuciones el presentarse frente a una ilegalidad. Malo sería que no estuviera dentro de sus atribuciones, pero está dentro de las atribuciones del encargado de despacho”, reiteró Sheinbaum Pardo.
El 23 de agosto de 2024, el diario Reforma reveló que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perfilaba avalar a Corral Jurado como senador, al considerar que no existían pruebas suficientes para considerar que estaba prófugo de la justicia.
La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE analizó la petición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) -para declarar inelegible al ex gobernador de Chihuahua, al contar con una orden de aprehensión y estar considerado prófugo de la justicia-, pero determinó que sólo se actualizaba una de las dos condiciones que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Es cierto que se actualiza la primera condición consistente en que exista una orden de aprehensión, sin que haya prescrito la acción penal, pues el partido político denunciante ha probado que el nueve de agosto del año en curso, una persona Juzgadora Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos, del Estado de Chihuahua, libró una orden de aprehensión en contra del ciudadano Javier Corral Jurado, por considerarlo probable responsable de un delito previsto en el Código Penal de esa entidad federativa”, indicó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.
“Por tanto, sí se actualiza la primera condición establecida por la Sala Superior, esto es, la existencia de una orden de aprehensión vigente, sin que haya prescrito la acción penal”, señaló que Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, que, sin embargo, advirtió, la segunda condición para declararlo inelegible, como ser prófugo de la justicia, no existían pruebas suficientes para ello.
“En cuanto a la segunda condición consistente en sustraerse de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal, no se actualiza en el caso denunciado, ya que se desprende que lo ocurrido, al tratar de ejecutar la orden de aprehensión librada en su contra por una autoridad jurisdiccional del estado de Chihuahua, se presentó un conflicto de competencia entre ésta y la similar de la Ciudad de México, más no que el ciudadano Javier Corral Jurado se haya sustraído de la justicia. Esto es, no hay prueba de que autoridades locales o federales hayan desplegado acciones para ejecutar la orden de aprehensión de cuenta y que el candidato denunciado se haya sustraído de éstas”, afirmó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.
Corral Jurado fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, por el presunto desvío de más de 98.6 millones de pesos (mdp), a través de una simulación en la reestructuración de la deuda pública estatal, en julio de 2019, cuando todavía era gobernador.
Valenzuela Holguínal aseguró, el 15 de agosto de 2024, que se presentaron pruebas de que Corral Jurado, quien supuestamente otorgó de manera irregular un contrato por 98.6 mdp, al despacho López Elías Finanzas Públicas S.C., durante su Administración.
“Se desvió ese recurso para poder otorgarle un contrato a un particular que tenía como fin reestructurar la deuda del estado de Chihuahua sin haber existido entregables. Esto es una clara y flagrante violación a todas las normas aplicables en el estado de Chihuahua; prácticamente hicieron un contrato, simularon una reestructuración de deuda”, describió Valenzuela Holguínal, durante una conferencia de prensa.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua detalló que el expediente fue iniciado por la Auditoría Superior estatal, cuando Corral Jurado todavía era gobernador chihuahuense.
Valenzuela Holguínal declaró, el 15 de agosto de 2024, como prófugo de la justicia, a Javier Corral Jurado, ex gobernador chihuahuense, del 4 de octubre de 2016, hasta el 7 de septiembre de 2021.
“Debido a que la Fiscalía [General de Justicia] de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia”, dijo el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, desde diciembre de 2022-, durante una entrevista con el diario El Universal.
Además, el funcionario estatal chihuahuense pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), explicar por escrito las razones “por lo cual no quieren colaborar con nosotros”.
Valenzuela Holguínal refirió que pese a que en ocasiones anteriores ya se había dado la colaboración con la FGJ-CDMX, en el caso de Corral Jurado, “de manera intempestiva llegó el fiscal Ulises Lara [López]”, para impedir que se ejecutara la orden y permitiendo que no se lograra el cometido que asegura se dio por un juez local.
Además, el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua señaló que analizaban el mecanismo legal para proceder en contra la FGJ-CDMX, por no colaborar en una orden de aprehensión en contra del ex gobernador chihuahuense.
Asimismo, dijo no tener ninguna opinión respecto a las acusaciones y denuncias que Corral Jurado aseguró, el mismo día -en su cuenta de la red social X-, haber interpuesto contra él y María Eugenia Campos Galván, más conocida como Maru Campos, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y gobernadora de Chihuahua desde el 8 de septiembre de 2021.
Por su parte, Ulises Lara López, encargado de despacho de la FGJ-CDMX, aclaró, el 15 de agosto de 2024, que su intervención para impedir la detención de Corral Jurado, no se trató de un rescate, sino del impedimento de una acción ilegal por parte de los agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
El titular de la FGJ-CDMX aclaró que recibió una llamada de parte del equipo de Corral Jurado, “en la que me denunciaban que, al encontrarse en un restaurante en la Ciudad de México, personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ingresaron al establecimiento, con la finalidad de privarlo de su libertad, bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial”.
Según Lara López, al recibir la confirmación de que no se habían agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, “me apersoné en el lugar de los hechos, con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia”.
El titular de la FGJ-CDMX aseguró que al llegar al restaurante, confirmó que no había presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México, “quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención”.
Lara López detalló que tras confirmar lo anterior, “el señor Javier Corral decidió acompañarme, con la finalidad de aclarar su situación jurídica, a las oficinas de esta institución, de donde se retiró por propio pie, al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención”.
A través de un video publicado a través de las diversas cuentas de las redes sociales de la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, su titular aseguró que “bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate, como equivocada y dolosamente se ha señalado”.
“Cumplimos estrictamente la ley. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”, insistió Lara López.
El titular de la FGJ-CDMX enfatizó en que “personal de Chihuahua no contó con oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una detención fuera de su demarcación” y aclaró que lo que los agentes de la Fiscalía Anticorrupción chihuahuense difundió “era un documento interno que no los faculta para irrumpir en una entidad foránea y cumplimentar un mandamiento judicial”.
Además, Lara López señaló que “el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y Ordenamiento Judiciales [de la FGJ-CDMX] a las 20:16 horas [del 14 de agosto de 2024], es decir, minutos antes de que se buscaba ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención, sin una respuesta oficial”.
El encargado de despacho de la FGJ-CDMX enfatizó que el personal ministerial de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requería para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción.
Por último, Lara López refirió que “las videograbaciones, que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada ni exhibida por personal de esta institución”.
