El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 26 de agosto de 2024, que la Fiscalía General de la República (FGR) podría llamar a declarar a su antecesor, Enrique Peña Nieto -mandatario nacional desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018-, por su presunta responsabilidad en la construcción de la llamada “verdad histórica”, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que el político mexiquense podría ser citado ante las autoridades ministeriales, pero dejó en claro que la decisión final debería ser tomada por la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.
Según un informe entregado a los padres de los normalistas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), Peña Nieto encabezó las reuniones de autoridades en las que se habría construido la versión de que los estudiantes fueron llevados hasta el basurero de Cocula, Guerrero, donde habrían sido asesinados y quemados por policías estatales, en contubernio con integrantes de organizaciones criminales.
El mismo 26 de agosto de 2024, el medio digital Fabrica de periodismo, en un reportaje firmado por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, reveló que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), respondió un cuestionario de 70 preguntas enviado por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, entonces titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y presidente de la COVAJ.
“Además de evadir su responsabilidad personal, Zerón de Lucio da ciertas claves de quién ordenó desviar las investigaciones y cómo se construyó la versión oficial de los hechos. Y apunta hacia donde hasta ahora no se ha querido ver: Enrique Peña Nieto, a quien se le ha mantenido fuera del radar, pero quien instruyó en su oficina de Los Pinos armar la ‘verdad histórica’, aseveró el reportaje del citado medio digital.
Ante ello, López Obrador fue cuestionado respecto a la decisión de no actuar en contra del ex mandatario nacional por el caso Ayotzinapa, por lo que dijo que Jesús Murillo Karam -titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto- asumió toda la responsabilidad de la “verdad histórica”.
“Ya se mencionaba en el informe de la COVAJ a Peña Nieto, ¿por qué no se había abierto una investigación?”, le preguntó un reportero. “Porque la Fiscalía tomó la decisión, decidió que el fiscal se había culpado, en ese entonces procurador, él se culpó. Él dijo ‘yo soy el responsable’, respondió el político tabasqueño.
“¿Con este testimonio en contra de Peña Nieto podría procederse en contra del ex presidente?”, le insistió el periodista. “Sí, podría hacerlo la Fiscalía. El procurador, de acuerdo, se decidió en la Fiscalía, asumió la responsabilidad completa, el procurador y por eso se le procesó y estuvo preso y sigue estando sometido a proceso, aunque un juez le dio la libertad condicionada”, contestó el mandatario nacional.
“Pero si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al ex presidente Peña depende de la Fiscalía hacerlo, nada más que se me hace del señor Zerón muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña”, acotó López Obrador, quien también exhortó al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la entonces PGR, a que se presentara por voluntad propia a ratificar por escrito ante la FGR, ya que supuestamente él coordinó a torturadores.
“Ayudaría mucho que viniera a declarar y a asumir su responsabilidad porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, o él los coordinó, a los torturadores, para que declararan lo que le convenía al Gobierno en ese entonces”, recordó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Si él recibió instrucciones, como se indica en la declaración, que lo dé por escrito y que se entregue a la autoridad, el que nada debe, nada teme, ¿para qué se va a Israel a protegerse?”, insistió el presidente, quien destacó que Murillo Karam era el ex funcionario de más alto nivel procesado porque la FGR le atribuyó que supuestamente ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Murillo Karam fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerrerense Cocula, por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.
Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.
