En el mismo mes de julio, con 21 días de diferencia, en dos de los estados más violentos del país, Baja California y Tamaulipas, dos líderes empresariales fueron asesinados a balazos. Ambos habían denunciado los ataques del crimen organizado hacia el comercio formal a partir de extorsiones, amenazas, cobro de piso.
La primera en ser acribillada fue Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (la CANAIPESCA). Sus asesinos le siguieron los pasos a la dirigente empresarial, que meses atrás había levantado la voz para denunciar extorsiones, cobro de piso, pesca ilegal, amedrentamiento; y cuando la encontraron concentrada en manejar su camioneta en el ocaso del día, le dispararon hasta matarla.
El segundo en ser asesinado fue Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (la FENACO). Sus verdugos le siguieron la pista en la camioneta que manejaba; y cuando pasaban las dos de la tarde del 30 de julio de 2024, y él -no queda claro si llegaba o salía- se encontraba a bordo, junto a su hermana, aun en las instalaciones de la Cámara en Matamoros, Tamaulipas, lo mataron a balazos. Almanza había denunciado la extorsión, la violencia y el cobro de piso contra los comerciantes organizados en Tamaulipas. La cadena Oxxo, de Femsa, ordenó el cierre de todas sus sucursales en aquella región debido al alto nivel de inseguridad y el riesgo que sus subsidiarios y empleados corrían. También detuvieron operaciones en gasolineras que operan en aquel estado.
El punto común entre Pérez Castro y Almanza Armas fue la valentía que tuvieron para denunciar públicamente lo que miembros de sus organizaciones padecían en silencio: la extorsión y el cobro de piso por parte de células de los cárteles de la droga que en sus estados pretendían, o pretenden, después de sus asesinatos, lucrar criminalmente con las cadenas productivas de empresarios, comerciantes y trabajadores de los sectores pesqueros en Baja California, y comerciales de Tamaulipas.
A Minerva y a Julio el gobierno les falló. Los de sus estados que no correspondieron a su denuncia con investigaciones y medidas cautelares tan necesarias hoy día para quienes acusan al crimen,; y el federal, que con la Guardia Nacional no protegió sus vidas, ni ha avanzado a partir de la Fiscalía General de la República, en dos casos a todas luces ligados a criminales del narcotráfico, con investigaciones, no sólo para determinar ejemplares procesos y castigos sobre los responsables, sino para iniciar el camino del Estado de Derecho que impida que otros líderes empresariales y comerciales sean asesinados por levantar la voz.
El narcotráfico funciona así: teniendo la impunidad de su lado, la protección a través de elementos de corporaciones corruptas y fuerzas armadas desleales; la no investigación sobre sus crímenes por parte de autoridades procuradoras de justicia, sea por incapacidad o por complicidad; y la evasión de gobernadores en el tema del combate a la criminalidad en sus estados; cuando algún otro medio de la sociedad levanta la voz para evidenciar sus delitos, sean dirigentes -como es el caso-, periodistas -como ha sucedido-, activistas o defensores de víctimas y derechos humanos -algo que no está en su control corrupto-, los matan.
Con tales crímenes pretenden seguir contando con impunidad. Saben que no serán investigados y los homicidios de estas personas claves en la denuncia, los cometen no sólo para eliminar a quien no los protege (y caso contrario, los evidencia), sino también para dejar el precedente del destino que tendrán aquellos que decidan seguir su ejemplo. Es su forma fatal de silenciar a la sociedad cuando ya cuentan con la complicidad del Estado.
En estas terribles condiciones de abandono institucional, de gobiernos que no respaldan a sus líderes sociales, de fiscalías cómplices o inútiles, los empresarios no tienen otro camino más que detener la producción para no ceder a la extorsión. Eso hizo Femsa el 25 de julio de 2024, cuando decidieron en el corporativo cerrar las 193 tiendas Oxxo y las siete gasolineras que surtían y ofrecían productos y servicios en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No ha sido gratuita esa acción; fue para poner a salvo a sus colaboradores, pues a pesar de pláticas con autoridades, éstas no han logrado establecer las condiciones de seguridad que garanticen la tranquilidad en la operación de la cadena. De hecho, han sido contundentes en el corporativo regiomontano: no reabrirán hasta en tanto no se garantice la seguridad de sus trabajadores y asociados.
Desafortunadamente, los empresarios, dirigentes, comerciantes, pescadores y tenderos de Baja California y Tamaulipas no son los únicos en sobrevivir, pese a los crímenes contra sus líderes, al crimen organizado. En otras regiones productivas de México, como Michoacán, Colima, Sinaloa, Nayarit, las células criminales de los cárteles de la droga hostigan todos los días a las personas de bien que llevan exitosas o bastas empresas en agricultura, pesca, comercio, servicios, productos; cualquier cadena que genere beneficios y rendimientos económicos para sí y la sociedad en la que se desarrolla, es objetivo de los criminales que quieren quedarse con un porcentaje de las ganancias, y lo hacen porque se les permite con impunidad, cero investigación y mucha corrupción.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se siente agredido cuando una parte de la sociedad denuncia la inseguridad en la que han de sobrevivir; él piensa -o así se evade de su responsabilidad y deber- que todo se exagera para dañar su imagen, cuando la inseguridad y la violencia han incrementado de manera considerable durante su administración, precisamente porque no toma el tema como una afrenta por parte de los grupos del crimen organizado a la sociedad, sino como algo personal, contra él.
En la mañanera, a la pregunta “¿No se le había dado protección?” respondió con su indiferencia habitual: “No, es que no la pidieron”.
En gran medida, esta actitud ha llevado a más impunidad para los delincuentes, favorecidos con los abrazos y no balazos, y contra la sociedad que, harta de pagar impuestos legales, la quieren obligar a pagar piso ilegal.
En Baja California el asesinato de Minerva Pérez Castro llevó a la sociedad organizada a levantarse y salir a la calle a manifestarse de manera pacífica, aun cuando fueron ignorados por el gobierno local. Seguramente en Tamaulipas habrá voces que se escucharán por el crimen contra Julio Almanza Armas, pero ¿cuántos más se requieren para que el gobierno de la República y de los Estados tomen el tema de la violencia con seriedad y actúen en consecuencia para garantizar la seguridad a los gobernados? No se sabe. La reacción tímida de los gobiernos y las fiscalías no es equiparable al tamaño colosal de la ola de violencia generada por los cárteles para adueñarse de negocios lícitos, arrebatándoles la vida a ciudadanos productivos y de bien.
