Esta teoría subraya la importancia de abordar la desigualdad y proporcionar oportunidades equitativas para todos los miembros de la sociedad.
El delito no sólo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un costo significativo para la economía en general. Los costos incluyen todos los gastos en los sistemas de justicia penal, pérdida de productividad, y costos de salud relacionados con las lesiones y los traumas recibidos en general por las víctimas. Además, el delito puede desintestinar la inversión y el desarrollo económico en áreas afectadas, perpetuando un ciclo de pobreza y de grave criminalidad.
Las políticas que abordan estos costos pueden incluir la mejora en la eficiencia del sistema de justicia penal para reducir todos los gastos innecesarios y la implementación de programas de rehabilitación y reintegración para las personas que han delinquido. Al reducir la reincidencia y ayudar a los exdelincuentes a convertirse en individuos productivos de una sociedad se pueden disminuir los costos a largo plazo del delito.
Existen ejemplos de cómo las intervenciones económicas pueden reducir la criminalidad. Un claro ejemplo de ello son los Estados Unidos de Norteamérica: el programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral en Nueva York ha proporcionado capacitación laboral a miles de personas, ayudando a reducir muy significativamente las tasas de criminalidad en áreas de personas de muy bajos ingresos. De manera similar, en Brasil, el programa de la Bolsa de la Familia ha demostrado que proporcionar apoyo financiero directo a las familias de bajos ingresos puede reducir la delincuencia juvenil al mejorar de manera sensible la estabilidad y la educación.
La economía del crimen ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo las condiciones económicas y las políticas pueden influir en la criminalidad. Al abordar factores como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, y al intervenir en la educación y el desarrollo económico, es posible reducir las tasas de incidencias delictivas y crear seguramente una sociedad más equitativa y segura.
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Esta interacción entre economía y criminología subraya la importancia de un enfoque interdisciplinario para abordar uno de los problemas más persistentes desde hace mucho tiempo en la sociedad en general.
Así, hay una serie de enfoques respecto de la conducta y el delito, y se pueden percibir análisis económicos respecto de algunos delitos como el homicidio o la violación, a fin de tratar de explicar el modelo de conducta psíquico-biosocial y el modelo puramente económico.
Es pertinente señalar que cuando se habla de crímenes contra las personas, nos referimos a los crímenes que atentan contra lo esencial del ser humano, su propia vida.
En México, en el año muy lejano del 2020 se realizaron más de 24 mil 784 homicidios, pero habrá que notar que este tipo de delitos representa un porcentaje bastante menor que los delitos contra la propiedad, aunque éste es bastante más severo por lo que hace a los daños. También difiere de los pasionales que se involucran en el delito y la importancia de los elementos psíquicos y de evidencia para su ejecución.
Es cierto que un gran fracaso, sociológicamente hablando y a manera de las políticas de prevención, consiste en que se ha encontrado poca luz sobre las causas y consecuencias del homicidio, sin dejar de anotar al margen que, de 12 años hasta la fecha en que escribimos las presentes líneas, cada año se ha ido incrementando peligrosamente la comisión de los delitos llamados “de sangre”: esto es, el homicidio agravado por razón del parentesco, el homicidio ya sea simple o intencional, el delito de lesiones.
México cada día se ha ido convirtiendo en un país sumamente violento; se mata por cualquier pretexto: por ebriedad, por rencor, por celos, por cuestiones pasionales; pero existe un gravísimo elemento que propicia que en cada ocasión aumenten más los delitos y esto es la impunidad. Mientras exista impunidad habrá cada día más delitos.
El bien jurídicamente tutelado que se tutela en el delito de homicidio siempre ha sido la vida de las personas; el homicidio es un delito instantáneo porque tan pronto se comete, se agota su consumación, pero al mismo tiempo es un delito permanente, ya que quien pierde la vida lo hace de forma permanente. Así, analizando el artículo 320 del Código Penal Federal se establece que: “Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de diez a cincuenta años de prisión”.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
