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jueves, noviembre 21, 2024
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Distancia entre poderes judiciales

Poder Judicial Federal no encuentra eco en sus reclamos en quien -en teoría- debería ser su principal aliado en BC: el Poder Judicial del Estado

 

Así como ocurrió en todo el país, las oficinas del Poder Judicial Federal de todo Baja California pausaron sus actividades y se fueron a paro de labores, salvo para la atención de casos urgentes que requieran determinar libertad, proteger la propiedad y alimentos para personas que enfrentan un proceso en estos momentos.

Armados de valor, pero con evidente miedo de perder la forma en la que han trabajado toda su vida, funcionarios del Poder Judicial cerraron el acceso a las instalaciones e iniciaron una protesta en contra de la reforma emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de un plumazo pretende sacudir toda la estructura del Poder Judicial. Es innegable que su motivación es política y su reforma no ubica en ninguna parte esquemas para hacer eficiente al Poder Judicial; por el contrario, vuelve aún más complicado el proceso de selección de togados, pero también es política la motivación de la cúpula del Poder Judicial Federal.

En realidad, ninguna de las partes está viendo por el interés de los ciudadanos, sin embargo, ambos lo usan para presentar sus argumentos.

Pese a las turbulencias y advertencias de ministros, magistrados y jueces (los que se atreven a declarar públicamente), pareciera que dentro del Poder Judicial local no existe preocupación. De hecho, ninguno de los 17 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha emitido un posicionamiento público relacionado a la reforma.

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Maribel Datafolla, funcionaria del Poder Judicial Federal, fue cuestionada sobre los motivos por los que su homólogo local no se ha unido al paro de labores, a lo que sugirió que pudiera ser por miedo o por amenazas.

La realidad es que el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López comprende claramente que durante los casi tres años de gestión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al Poder Judicial le ha ido muy bien, al grado de aumentar hasta en un 75 por ciento el presupuesto que solía tener durante los gobiernos panistas y el bienio de Jaime Bonilla Valdez.

Sabe Fragozo López que su gestión es respaldada por el Ejecutivo y tiene una relación lo suficientemente estrecha como para comprender que emitir un posicionamiento en contra del planteamiento de AMLO les generaría un conflicto.

Mientras los actuales magistrados locales trabajan para estructurar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares -probablemente el cambio más grande en la historia de la impartición de justicia en México-, sus homólogos federales luchan por lo que consideran justo. Mucho perderían si rompen la paz entre ambos poderes y consideran que no vale la pena enfrentar una reforma federal, cuando fácilmente pueden cabildear mejores condiciones para homologar la reforma a nivel local con los diputados de Morena en el Estado, incluso hasta aspirar a una reelección como magistrado y presidente del TSJE, de llegar a concretarse.

El Poder Judicial local no está con los suyos porque no le conviene, además, es común conocer reclamos de magistrados y jueces locales, quienes han buscado algún acercamiento con los federales para temer profesionales y personales, sin éxito.

Para funcionarios judiciales locales, las puertas del PJF no son amigables, no están abiertas y no existe una interlocución, debido a que los togados federales decidieron cerrar esa puerta por una especie de visión de superioridad.

El Poder Judicial Federal cada vez está más solo y se nota que tardó mucho en tomar acciones en contra de la reforma, y mientras ellos no tienen capacidad de interlocución con la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo y el propio López Obrador, en BC se responden el teléfono, se reúnen frecuentemente y hasta hacen acuerdos sólidos.

Actualmente el Poder Judicial local cuenta con alrededor de 120 jueces, quienes están a la expectativa de lo que pasa en la Federación para negociar de la mejor forma un acuerdo con el Ejecutivo y Legislativo de Baja California.

Aquí no hay conflicto, hay conveniencias.

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Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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