Con al menos 100 modificaciones, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobaron, en lo general, el 26 de agosto de 2024, el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del mismo año.
Antes de comenzar la discusión en la citada Comisión, cientos de trabajadores del PJF se manifestaron afuera del palacio legislativo de San Lázaro. Los 22 votos a favor fueron emitidos por los grupos legislativos de Morena y de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). Mientras que los 17 sufragios en contra fueron de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
El proyecto planteó dos elecciones para renovar los cargos del PJF la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, para renovar la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los cargos de jueces y magistrados que se encontraban vacantes y dos magistraturas pendientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Además, el dictamen planteó la creación de tres comités de evaluación en cada uno de los poderes, para determinar la idoneidad de los aspirantes y la tómbola para seleccionarlos cuando hubiera más candidatos de los requeridos, tal como lo propuso el presidente López Obrador el 30 de julio de 2024.
Según el proyecto, los jueces, magistrados y ministros en funciones podrían ser incluidos automáticamente en las boletas, a menos que decidieran declinar o fueran postulados para otro cargo o circuito judicial distinto.
El dictamen también señaló que la Presidencia de la SCJN y del TEPJF ya no serían designadas por sus integrantes, sino que recaería en quien obtuviera la mayor cantidad de votos. Asimismo, prohibía la creación y el funcionamiento de fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación.
Durante el debate, que se extendió por más de 7 horas, legisladores de oposición advirtieron que, de aprobarse, la reforma judicial sería inoperante, además de contraria a los derechos humanos y perjudicial para los más pobres.
Mientras que los legisladores de Morena y sus aliados defendieron las modificaciones constitucionales, al afirmar que tenían como objetivo acabar con los “derroches” de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández y con el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.
En su turno, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Ignacio Moreira Valdez, adelantó que el voto de su bancada sería en contra, por considerar que la narrativa del dictamen no correspondía al resultado que tendría la reforma, que lo que proponía no era democrático, justo y prudente, además de que lo consideró un riesgo para el Estado mexicano.
El político coahuilense agregó que la propuesta también era inoperante, lesionaba el Pacto Federal y no representaba mejorar la calidad de las resoluciones, además de que era un peligro para el régimen de la protección de los derechos humanos y permitía la intromisión de los poderes fácticos.
El legislador priista advirtió que cambiar el mecanismo de elección de juzgadores no garantizaba que la justicia fuera pronta, porque el verdadero problema en el país era que en México existían tres jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en países como Grecia, eran 40 por cada 100 mil.
“Se acumulan los expedientes no porque tengamos jueces que no trabajan sino porque no tenemos suficientes jueces, los juzgadores están saturados a nivel local, en muchas entidades falta personal y los sueldos son muy bajos. Además, la reforma no contempla mejorar ni el Ministerio Público ni la defensa de personas, ni tampoco los peritos”, insistió Moreira Valdez.
Respecto a la elección de los juzgadores, dijo que era inexacto que los ciudadanos fueran a elegirlos, porque, según él, en los hechos, ibana a tratar de seleccionar entre una inmensa lista de personas que seguramente no iban a conocer, además de que no planteaba exámenes de oposición, lo que dejaba fuera a los más perfiles aptos.
“No hay referencia en el mundo de un proceso con el que acá se señala, ni en Estados Unidos, ni en Bolivia, son cosas muy diferentes, por eso se convierte en un riesgo para el país, la reforma, de concretarse, nos llevaría a una crisis institucional”, señaló el político coahuilense.
Como ejemplo, el legislador prisita dijo que tan sólo en la Ciudad de México, la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025 implicará llenar 25 boletas con 4 mil 125 nombres, de los cuales los ciudadanos deberían inscribir a 640. “¿Cuánto va a durar el proceso? Pero, además, lo estamos poniendo en la Constitución, cuando menos lo dejaran en la ley secundaria, encontraríamos una solución”, cuestionó,
Por su parte, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández lamentó que Morena y sus aliados continuaran impulsando la reforma al Poder Judicial de la Federación, pese a los pronunciamientos en contra de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de académicos, expertos, juristas, del propio PJF e incluso de socios comerciales de México, como Estados Unidos y Canadá.
Tras anunciar la presentación de un voto particular, el legislador del PAN acusó que la reforma respondía únicamente al deseo y al capricho del presidente López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, aun a sabiendas de las “consecuencias catastróficas” que, según él, tendría en la impartición de justicia.
Téllez Hernández afirmó que las 100 modificaciones propuestas por Morena, no sólo mantenían la propuesta presidencial, sino que la hacía más nociva, tóxica y dañina, porque desde su punto de vista, acababa con la independencia judicial, al incorporar evaluaciones y supervisiones inquisitorias, que podrían derivar en amonestaciones e incluso destitución de los jueces “que deberán ahora decidir sin libertad y sin autonomía”.
“El Gobierno Federal y su grupo de legisladores han dejado de escuchar no una voz sino a millones de voces de las asociaciones de abogados, de las universidades, de los servidores públicos del propio Poder Judicial, de los representantes de los principales organismos internacionales de protección de derechos humanos, como lo es la Relatora Especial de la ONU y, por último, la de nuestros principales socios comerciales. Todos ellos han coincidido en que esta reforma afecta seriamente la independencia judicial y que la mayoría de las reformas llegan a ser incompatibles con los derechos humanos”, recordó el diputado del PAN.
En tanto que la panista Margarita Ester Zavala Gómez del Campo advirtió que la propuesta no reformaba ningún poder, sino que sustituía a quienes formaban parte del PJF, incluso sin visión de género, porque no consideraba la etapa en la que más mujeres se incorporaron a la Administración Pública Federal.
La ex primera dama y esposa del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa sostuvo que las modificaciones provocarían el despido masivo e injustificado de los trabajadores del PJF, además de que acabana con el principio de profesionalismo y con la carrera judicial.
Zavala Gómez del Campo enfatizó que el Tribunal de Disciplina Judicial estaba pensado como una instancia inquisidora, porque podría investigar y sancionar a juzgadores con discrecionalidad absoluta, lo que dejaría a los trabajadores del PJF, en total indefensión.
La legisladora del PAN alertó, también, que lo que más le preocupaba, era que la reforma quitaba los efectos generales de las sentencias de amparo, lo que, según ella, afectaría a los pobres, a quienes se obligaría a pagar despachos para defenderse.
“Vaya despropósito, ahora resulta que estamos obligando a litigar contra leyes y contra sentencias o contratos de Gobierno a los más pobres de nuestro país y los estamos obligando a juntar dinero, a pagar a esos despachos que dicen despreciar, pero que bien que contratan y que los integran a sus gobiernos”, explicó Zavala Gómez del Campo.
“Y están fomentando ese enriquecimiento de litigio sin sentido, porque lo que hace una sentencia de amparo con efectos generales es, precisamente, proteger a los más pobres () ¿No que primero los pobres?, ¿por qué los obligan a defenderse?, ¿por qué no bastaría una sentencia de amparo para protegerlos y cuidarlos?”, cuestionó la ex primera dama.
El dictamen de la reforma al PJF, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador -el 5 de febrero de 2024- fue presentado, el 16 de agosto del mismo año, por Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Durante una conferencia de prensa, el político poblano anunció que durante las próximas horas se haría circular el documento del dictamen en la materia, donde se incluyeron más de 100 modificaciones a la iniciativa que presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
De los cambios que propusieron los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y PT, en 60 de las modificaciones se incluyeron las aportaciones derivadas de los foros del Parlamento Abierto, que se realizaron en las nueve sedes del país.
Mier Velazco adelantó tres grandes cambios que se harían a la iniciativa de reforma, entre los que destacaron la selección de los candidatos y las fechas para la elección que se proponían para renovar al Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, el político poblano anunció que para renovar al PJF se proponían dos elecciones, una extraordinaria que sería en 2025 y una ordinaria, que se llevaría a cabo en 2027, la cual coincidiría con el proceso electoral federal.
En 2025 se votarían los nueve cargos de ministros de la SCJN, así como el 50 por ciento de magistrados electorales y cargos vacantes de jueces, entre los que encontrarían las cesantías, retiros, jubilaciones y prejubilaciones. Mientras que en 2027, se elegirían el resto de los cargos en las elecciones federales.
“Va a ser el mismo día, en 2025 la elección para la totalidad de los ministros de la Corte, para el 50 por ciento de magistrados y para todas las vacantes, cesantías, pre retiros, prejubilaciones de jueces”, explicó Mier Velazco, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Cualquiera podrá participar para cualquier cargo de judicatura cubriendo los requisitos mínimos que están propuestos en el proyecto de dictamen” y habría tres órganos de evaluación, uno en cada poder, que van a revisar los expedientes, los antecedentes de cada quien, para “dar como resultado un grupo muy numeroso o menos de candidatos para cada uno de los cargos”, agregó el legislador.
“Un juez podrá aspirar a ministro”, enfatizó Mier Velazco, quien respecto a la selección expuso que “se garantizó que quienes se hayan postulado y hayan llegado a la parte final después de la evaluación de personas que van a hacer postuladas por cada poder , sean insaculados, garantizado la paridad y dando siempre el primer espacio a mujeres”.
Además, el político poblano señaló que habría un consejo de evaluación en cada poder (Judicial, Legislativo y Federal). También indicó que si había muchos registrados para un cargo, se realizaría un proceso de insaculación, para disminuir dicho número.
“Fuera partidos, no habrá campañas, sino exposiciones de sus conocimientos en debates que organice el Instituto Nacional Electoral [INE]”, los medios públicos o privados de comunicación, afirmó, por su parte, Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
