El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó, el 16 de agosto de 2024, que era falso que existiera un acuerdo relativo a una declaratoria de suspensión de labores a partir del día 21 del mismo mes y año, que fungiera como respuesta a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del mismo año, al Congreso de la Unión.
El mismo día, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) emitió una convocatoria, para votar por llevar cabo o no, un paro nacional, a partir de las 00:00 horas del 21 del mismo mes y año, en protesta por la reforma al PJF, enviada por el político tabasqueño.
El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del PJF, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Consejo de la Judicatura señaló que en redes sociales circularon documentos que afirmaban que el órgano centralizado del Poder Judicial de la Federación avaló dicha suspensión de labores. Sin embargo, indicó que dicha información era incorrecta y no cuenta con fundamento alguno.
“El Consejo de la Judicatura Federal informa que, en relación con diversos documentos que circulan en redes sociales, entre ellos un supuesto Acuerdo General 11/2024 relativo a la declaratoria formal de suspensión de labores a partir del primer minuto del 21 de agosto, dicha información es falsa, ya que hasta el momento este órgano colegiado no ha emitido pronunciamiento al respecto”, comentó el CJF, a través de un comunicado.
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“De igual forma, y con la intención de que este movimiento no altere el orden público, así como la protección de derechos y libertades de la sociedad en general relacionadas con el acceso a la justicia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en concordancia con los diversos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y en la observación general 37.50 del Comité de Derechos Humanos, donde se contemplan una lista exhaustiva de los fines legítimos que pueden restringir ese derecho; y, en términos del artículo 29 Constitucional, no se podrán restringir ni suspender el ejercicio de derechos, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de los mismos, incluyendo su tutela jurisdiccional, por lo que se mantendrá la atención de asuntos urgentes, que se realizará conforme al calendario de guardias regulares que establecido por el Consejo de la Judicatura Federal”, detalló la JUFED, en un comunicado.
“La relación de los asuntos urgentes se precisará en la declaratoria formal de suspensión de labores, que en su caso se emitirá una vez que se cuente con el acta de escrutinio, por lo anterior y de acuerdo al estado en que se encuentra el proceso legislativo de la llamada reforma judicial”, agregó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará, hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la JUFED. Esta asociación, está abierta al diálogo cierto que dé pauta a una negociación en la que a través de consensos se llegue a la mejor de las propuestas por el bien del Poder Judicial de la Federación como garante de la seguridad jurídica en México”, abundó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
“Concluido el proceso anterior, la Directiva Nacional de la Asociación, emitirá el comunicado en el que hará del conocimiento de los participantes, del Consejo de la Judicatura Federal y de la opinión pública, el resultado de la votación. Asimismo, se procederá en su caso, a emitir la declaratoria formal de suspensión de las actividades jurisdiccionales”, finalizó la JUFED, su posicionamiento público.
El 16 de agosto de 2024, Kenneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, advirtió que la elección directa de jueces propuesto en la iniciativa de reforma judicial de López Obrador, no era buen modelo.
“En el Estado de Texas, para hacer comparación, hay elección directa, donde salen los jueces a hacer campaña, a levantar dinero, a ser políticos en su esfuerzo para llegar a las cortes […] Ese sistema, para mí […] no me parece que es buen modelo el del Estado de Texas”, aseveró el diplomático estadounidense, durante una conferencia de prensa.
No obstante, Salazar enfatizó que la decisión final la tomará el Congreso de la Unión mexicano y que no estaba en posición de decirle al Gobierno de México, ni a los legisladores, qué deberían hacer al respecto.
“Mira, el temor que tengo yo es el ejemplo que veo en Texas, de la manera que se eligen los jueces en ese estado, porque ahí sí los jueces tienen que salir a campaña, levantar recursos”, respondió el embajador a la pregunta de un reportero respecto a si elegir a jueces de manera directa llevaría a recibir financiamiento del narcotráfico.
“Todavía no sé cuál va a ser el detalle, el propósito aquí en México, eso lo va a trabajar el Congreso en los días que vienen, pero ojalá que se vayan a un sistema […] sí pueden tener elección, como tenemos nosotros en Colorado”, expuso Salazar.
El diplomático estadounidense agregó que elecciones “de retención” permitía poner “la luz” a los jueces que no estaban haciendo bien su trabajo, o que enfrentaban problemas, a eventualmente removerlos.
“En inglés se dice ‘accountability’, me parece que eso es lo que (se) busca, y siempre celebrando lo que queremos hacer: tener una democracia en los Estados Unidos y México compartida”, refirió Salazar.
“Tener una certidumbre en las cortes, el Poder Judicial. Pero también aprendiendo que las cosas de allá, de acá, están perfectas”, insistió el embajador, quin también dijo que, con todo respeto a la soberanía de México, había que fortalecer al Poder Judicial en rubros como la duración de los procesos, el número de ministros y la disciplina judicial.
“Y eso, me parece, ojalá vaya a pasar. Yo veo una oportunidad de hacer cosas buenas, eso será en el detalle, obviamente, ya cuando comience el Congreso a determinar y votar esas cosas, será la responsabilidad de México”, expresó Salazar.
Asimismo, el diplomático estadounidense consideró que, al igual que en Estados Unidos, se requería poner límites a la temporalidad de los procesos, para evitar que capos del narcotráfico llevaran una década “sin decisión judicial”, a pesar de estar sujetos a proceso de extradición.
En segundo lugar, Salazar mencionó la posibilidad de reducir el número de ministros del máximo tribunal constitucional mexicano, de once a nueve, y en tercer sitio, llevar a cabo el establecimiento de un “cuerpo de disciplina” judicial.
“Eso también me parece para mí una buena idea, eso se requiere también en los Estados Unidos; esos tres propósitos me parece que es parte del debate que vamos nosotros, en este mismo momento, [a dar] en los Estados Unidos”, añadió el embajador.
“Me parece muy claro que quieren los mexicanos tanto como los Estados Unidos llegar a un Poder Judicial que esté más fortalecido, que sea independiente, que no tenga corrupción, donde hay disciplina para jueces”, finalizó el diplomático estadounidense.
