Corporaciones municipales y estatales en San Quintín han documentado los presuntos robos a casa habitación cometidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en al menos ocho comunidades.
En imágenes en poder de ZETA es posible apreciar a distintos elementos castrenses ingresar a propiedades aparentemente en operativo para extraer artículos de valor, y aunque los agentes preventivos afirman que esta información radica en el 67 Batallón, no se ha levantado un procedimiento contra de los señalados.
“Tratamos de hablar con los del 67 Batallón de Infantería, pero dicen que no son ellos cuando tenemos las pruebas, han entrado a casas”, mencionan los estatales en denuncia anónima.
Las evidencias están respaldadas con partes policiacos de llamadas hechas por vecinos, testigos o incluso algunas víctimas que han logrado obtener videograbaciones del momento en que los militares intentan entrar a la fuerza a sus casas.
Las llamadas de emergencia han sido investigadas por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en respuesta a los reportes recibidos en el número de emergencias 911; los casos también se han denunciado en la Mesa de Seguridad.
Las delegaciones donde se han presentado reportes son Vicente Guerrero, Ejido Emiliano Zapata, El Choris, Vicente Guerrero, Camalú, Punta Colonet, San Vicente y Ejido Eréndira, más cerca del municipio de Ensenada.
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“Hay robos por todos lados, en estas ocasiones los graban con cámara, pero no en todos lados hay cámaras o quién los grabe, es un abuso de autoridad”, comentaron sobre las pruebas presentadas ante el Batallón, donde no quisieron poner atención.
Los afectados temen represalias por parte de los elementos, dejaron en claro que la gente no va a denunciar, no les interesa interponer una queja porque tienen miedo a que les vayan a sembrar droga o armas.
Los números de las unidades que los elementos tienen identificadas y las cuales presentaron ante las instancias militares correspondientes, son la 0867309, 08673111, 0767312 y 0767313.
Conforme al Código de Justicia Militar, en el apartado Cateos, refiere que cuando se trate de un delito flagrante, el elemento podrá proceder a la visita o reconocimiento, llamando en el momento de la diligencia a dos vecinos que estimen con la capacidad necesaria para intervenir en la diligencia. Pero si no hubiera peligro, se citará al inculpado para que presencie el acto.
“Toda vejación indebida que se cause a las personas, será castigada con la corrección disciplinaria que la autoridad que haya ordenado el procedimiento, estime procedente”, cita la Ley Militar.
INGRESAN A VIVIENDAS ENCAPUCHADOS Y ARMADOS
Protegidos con armas de grueso calibre, encapuchados y con equipo táctico se puede ver ingresar a militares a las casas, donde algunas habitaciones están vacías.
Se trata de un reporte al Centro de Control Cómputo y Comando (C4) por un supuesto caso de abuso de autoridades ocurrido en Calle Segunda y Niño Héroes de la delegación San Vicente, donde dos unidades de Sedena intentaron ingresar a un domicilio a la fuerza, pero las familias impidieron, pues no había un documento para justificar la presencia de la milicia.
En un hecho más reportado como abuso de autoridad, los afectados narraron cómo diez soldados estaban a una cuadra de la llamada Erizera 18 en camionetas color crema y entraron al lugar para comenzar una revisión que quedó video grabada. En este sitio escucharon a uno de los elementos reírse, al darse por enterado de que los habitantes realizaron una llamada al 911 para informar lo sucedido.
Otro reporte fue en el Ejido Eréndira. En imágenes se puede ver a un par de oficiales descansando sobre camionetas, mientras los compañeros entran a las propiedades, de las cuales salen con bolsas o cajas en color amarillo. Tres casas fueron intervenidas ese día.
RESTRINGEN ACCESO
Los primeros respondientes a casos de hurtos, son los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Cuestionado uno de ellos en San Quintín, respondió que ha atendido reportes relacionados con el ingreso de milicia a domicilios, pero nunca ha podido realizar una intervención.
Otro explicó que fue en la casa deshabitada de un hombre que trabaja en Estados Unidos.
“Le avisaron, llegó a los días (el propietario de la casa) y miró el desastre que le hicieron. Le dejaron vacía la casa. Cuando llegamos no nos dejan ni que nos arrimemos”, compartió un oficial. Sobre las órdenes de cateo, revelaron que ninguno portaba alguna.
Los últimos datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que en 2022 se tuvo un registro de 428 quejas contra Sedena y 577 contra de la Guardia Nacional, corporaciones que según el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, próximamente serán fusionadas.
Del total de esas quejas, 77 fueron por actos de detención arbitraria, 21 por actos de tortura, 48 por tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como siete por desaparición forzada.
En Baja California fueron 13 las quejas presentadas por ciudadanos en contra de la milicia; en cuatro de éstas no se acreditó hecho violatorio, tres de éstas fueron por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; dos, por impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno socialmente de útil; dos, por prestar indebidamente el servicio público; una por acciones y omisiones contrarios a la legalidad; y otra por detención arbitraria.
Dentro de la estadística, hay ciudadanos que además de no acreditar el presunto delito, han decidido desistir a interponer una denuncia, según los resultados del estudio de la CNDH.
En el caso de Guardia Nacional, fueron 577 quejas en todo México durante 2022, de ese total, en BC se presentaron 23; en 15 de éstas no se acreditó hecho violatorio. Le siguen tres por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y edificación en el desempeño; dos, por acciones y omisiones; dos, por emplear arbitrariamente la fuerza pública; una, por acciones y omisiones que transgreden los derechos a migrantes junto a sus familias; y una por omitir la protección y auxilio.
