La titular de la Fiscalía General del Estado defiende al equipo que la acompaña en caso de denuncias de corrupción: “Quien tenga evidencia, que la presente”
A semanas de que cumpla un año en el cargo de fiscal general del Estado, María Elena Andrade concedió una entrevista a ZETA. Habló de los señalamientos de corrupción en su equipo, el alza de homicidios en Ensenada, las investigaciones contra los ex gobernadores Vega y Bonilla, sobre los jueces que liberan detenidos y reconfirma: investiga delitos, personas, no cárteles.
En adelante, la entrevista:
En los últimos años, Ensenada ha sido epicentro criminal. Durante la semana en curso, el crimen de alto impacto fue el de la dirigente empresarial Minerva Pérez Castro, y Andrade reconoce tal inseguridad: “En febrero tuvimos en Ensenada un alza en homicidios, en ataques violentos, de los cuales en las mismas redes se dio noticia de esos hechos. Posteriormente intercambiamos las opiniones y la información, establecimos en la Mesa de Seguridad la atención específica para Ensenada. En el caso de la fiscalía, aunque no somos autoridad de prevención, participamos subiendo agentes de Mexicali, 120 agentes de Estatal de Investigación a Ensenada, inclusive investigamos y advertimos la participación de cuerpos policiacos en algunas de estas actividades directa o indirectamente. Intervenimos a la Policía Municipal de aquel municipio, obteniendo seis órdenes de aprehensión contra agentes del grupo Operaciones Especiales”.
De tal operación, resultaron varios policías detenidos:
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“Se nos proporcionó ayuda e información para intervenir a sus propios agentes. Detuvimos a dos de ellos y cuatro son prófugos de la justicia. En caso de que agentes de cualquier corporación se encuentren relacionados con esos acontecimientos o hechos delictivos, es más complicada la investigación y la prevención, porque ellos mismos pueden estar participando o prestando auxilio. Ahí intervino la Policía Municipal, creo que hace años no se llevaba una investigación a fondo contra elementos policiacos, y fue como logramos esas seis órdenes de aprehensión y el aseguramiento de dos de ellos”.
PERIODISTAS ASESINADOS: “YO NO INVESTIGO CÁRTELES”
De las investigaciones de los homicidios cometidos en enero de 2022 contra dos periodistas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, a pesar que los autores materiales están detenidos, de la autoría intelectual no hay norte y la fiscal no aporta mucho sobre el caso:
“Reforcé esa área para la investigación de esos delitos con cuatro fiscales más que están trabajando. Reforcé la Unidad con cuatro agentes de la Policía y dos de la fiscalía o agentes del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones relacionadas con el seguimiento de estos dos homicidios”.
Andrade acepta que por el crimen contra el fotoperiodista Margarito, sigue pendiente la vinculación a proceso de David López alias Cabo 20, también detenido: “Precisamente reforzar la Unidad fue para checar todo lo pendiente, y entre ese pendiente estaba esto. Si hay o no participación de este personaje en estos homicidios, nos han llegado muchas diligencias, todavía no hemos tomado algo para hacer una determinación final, pero sí, hemos llevado a cabo muchas diligencias”.
Respecto a Maldonado, la fiscal Andrade observa que Jaime Bonilla, el ex gobernador a quien la finada periodista le había ganado un litigio laboral, es todavía una línea de investigación, “sigue todavía, no se ha descartado”, y aclara: “Se ha retomado todo el análisis de la carpeta, se han tomado entrevistas, declaraciones, se han analizado documentos… todo lo que forma parte de la evidencia. En este caso, me tocó la investigación avanzada o ya iniciada, por eso estamos retomando y fue como pusimos al demás personal, que son los cuatro agentes de la Policía y dos del Ministerio Público”.
Con relación a que los asesinos materiales, en ambos casos de periodistas asesinados, pertenecían a células del Cártel Arellano Félix, la abogada insiste en que no investiga cárteles, sino personas: “Estamos viendo la participación de personas en este tema, no de cárteles. Vuelvo a reiterar: yo no investigo cárteles, son tema del fuero federal. Claro que investigamos hechos delictivos que en ocasiones tienen que ver con la participación, y siendo así, le damos vista a la Fiscalía General de la República”.
OBJETIVOS PRIORITARIOS EN RESERVA
En la narrativa impuesta desde el Gobierno de México a los asesinos más buscados, dado que Baja California -con más de mil 200 asesinatos hasta el final de junio de 2024- es de los estados más violentos en ese criterio, se les llama objetivos prioritarios, es decir, aquellos que han cometido este delito y están prófugos, de sus nombres y facciones solía darse cuenta en administraciones pasadas, para motivar la denuncia ciudadana que resultara en su pronta captura. Sin embargo, eso no ha sucedido en lo que va de la administración de María Elena Andrade en la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Volvemos a lo mismo: nuestro objetivo es llevar a cabo las investigaciones. En la Mesa de Seguridad hay objetivos para en su caso detener y, claro, si nos toca y nos corresponde, lo vamos a hacer. Sin embargo, nuestro trabajo es la investigación, no es llevar a cabo el tema de prevención como sí le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el seguimiento de objetivos. Y si con nosotros no tiene orden de aprehensión, no es objetivo primordial para la fiscalía en las investigaciones”.
– Pero ustedes tienen órdenes de aprehensión pendientes con objetivos prioritarios…
“Sí, por homicidios o por delito de alto impacto. Por homicidios no puedo mencionar contra quién son esas órdenes de aprehensión, obviamente. Son contra sujetos que pueden o no ser parte de las bandas criminales, que seguramente sí, porque se organizan para llevar a cabo este homicidio”.
– ¿Y quién tiene ese paquete de órdenes de aprehensión?
0“Todos los de la Mesa de Seguridad”.
Respecto a hacer públicas tales órdenes, “si no lo creemos conveniente, no, porque la búsqueda se está haciendo independientemente de hacerla pública en un listado o no, nosotros tenemos esa información.
“¿Cuántas personas son? Bueno, son varias. Fluctúan diez, doce, catorce, algunos son detenidos”, indicó.
50% DE HOMICIDIOS RESUELTOS
Hasta el 30 de junio, en Baja California se registraron oficialmente mil 242 asesinatos, la mayor parte en Tijuana. De cuántos de esos casos han sido resueltos o están en proceso, la fiscal respondió:
“Creo que aproximadamente un 50 por ciento de los homicidios. Digo, cada uno tiene su grado de complejidad. Hay unos que, por ejemplo, si tú dices, bueno, son tantas detenciones, que se detuvieron esas órdenes de aprehensión a diez personas…”.
Entonces rectifica y baja la resolución de casos: “Sí, más o menos un 40 por ciento de las carpetas”.
– ¿Estaríamos hablando de un nivel de impunidad del 60 por ciento?
“No, no, no precisamente impunidad, quiero dejarlo claro, no quiero que por favor el viernes saquen que hay impunidad total en la fiscalía”.
– Pues está en 60 por ciento. Explíquenos.
“No, no, no. Hay homicidios que, por ejemplo, el de Kike Cosplay, ayer salió y lo mataron hace dos años. Entonces, hay investigaciones más complejas. El del ingeniero que mataron hace tres meses ya se resolvió, hay otros que a los tres o cuatro días se resuelven, la Marina hace como cuatro meses… el que mató a la esposa, que todo el mundo… que andaba ahí hasta el esposo repartiendo panfletos, y nosotros lo veíamos y sabíamos que él era y teníamos pendiente la orden de aprehensión. Sí, él iba y nos pegaba de gritos, con ganas de decirle, ¿verdad?, pero bueno. Entonces, más o menos así, y esa cifra es mundial o en varias partes del mundo. No es así de que 100 por ciento tiene que estar resuelto al día”.
– Para precisar: ha resuelto 40 por ciento de los mil 242 asesinatos.
“Más o menos, entre 40 o 50 por ciento. Los demás, obviamente están en investigación abierta, no están archivados porque ya no se hizo nada”.
Sobre el número de agentes de investigación que están en sus filas para solucionar los casos de delitos denunciados, no quiso revelar la cifra, pero mencionó la generación de agentes en su academia de Policía:
“Discúlpame, pero no te voy a dar los datos porque es parte de la propia secrecía y seguridad de las investigaciones. Es un tema de seguridad que pone endeble a la institución y a la investigación. Tenemos buen equipo, claro que ahorita estamos promoviendo más contratación de agentes, están a punto de salir 50 de la Academia, van a entrar otros 50. Eso de la salida de 100 agentes, antes, para que saliera una generación de agentes, era todo un tema, porque tenían que pasar todos los filtros, además, todos se capacitaban en la misma academia. Ahorita tenemos nuestra propia academia, la Fiscalía General del Estado. De hecho, esta generación es nuestra. Ya salió la primera… 50 en la primera y estamos en 50 de la segunda, y 50 por reclutar. O sea, 150 en diez meses”.
HABRÁ FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS
A semanas de que cumpla un año al frente de la FGE, María Elena Andrade, confirma que, para ella, el tema de la desaparición forzada es una prioridad:
“No nada más aumenté (el número de agentes), este delito se investigaba en una Unidad de Investigaciones Especiales que llevaba homicidio, desapariciones, delitos contra migrantes y otros delitos de no menor importancia. Se creó mediante el Acuerdo 5 de 2023, la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delito de Desaparición de Persona, ya para que se dedique únicamente a esas investigaciones.
“Estamos por designar al fiscal, ya está, pero se encarga de investigar muchas… las cinco investigaciones de alto impacto…. (y) nada más se va a encargar de ese rubro con equipo especial. ¿Cuánto fue del presupuesto? A ver, tenemos dos etapas. Una es para la instalación de edificios, saqué a Periciales del edificio de la fiscalía en Mexicali y a Delitos Electorales de aquí de Tijuana. Los enviamos a otro lugar para ampliar la Fiscalía en Desapariciones aquí y en Mexicali, pero se tiene contemplada la construcción de un edificio en Tijuana y otro en Mexicali, nada más una construcción desde abajo, desde los cimientos. Ya tenemos el presupuesto, son 60 millones de uno y 30 millones de otro, casi 90 millones de pesos.
“Mientras eso pasa, que es a mediano plazo, pues un edificio no se construye de la noche
a la mañana, sí reestructuré al equipo. Le pusimos cuatro agentes del Ministerio Público más, diez auxiliares del Ministerio Público y creamos una coordinación estatal de la Policía para la investigación de este tipo de delitos”.
DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN FGE: “QUE TRAIGAN LAS EVIDENCIAS”
En el primer trimestre de 2024, a escasos siete meses al frente de la Fiscalía, cartas y testimonios anónimos, denunciaron un círculo de corrupción alrededor de Andrade, empezando por quien coordina el gabinete en la FGE, Juan Carlos Buenrostro.
De entrada, a la entrevista con ZETA, medio que reportó e investigó periodísticamente tales denuncias en marzo de este año, la fiscal llegó acompañada de Buenrostro, y a la pregunta sobre las denuncias de corrupción, respondió: “A ver, pero quién denunció, para entenderte bien”.
Se le refieren las cartas anónimas y el hecho que ella fue uno de los destinatarios también:
“Ah, okey, hablas de las cartas. Se le dio vista a la Dirección de Asuntos Internos y Visitaduría como órgano interno de control, para que lleve a cabo la investigación correspondiente. Yo creo que nadie, ni un juez ni yo misma, nadie puede condenar a nadie porque alguien mandó unas cartas anónimas o por una nota periodística o por una publicación en redes. Se tiene que llevar a cabo la investigación.
“Yo, como les dije: en mi administración, cero tolerancia. Yo no tengo compromiso con nadie, y si algún servidor público está involucrado, pues que pase y responda de los hechos, por eso está precisamente el órgano interno de control. Ahora, entre esas cartas, o no recuerdo si en las cartas venía mencionado el nombre de Juan Carlos Buenrostro, pues aquí está, tiene 18 años trabajando conmigo, tiene sus exámenes en regla y, si hay alguna duda respecto… no tanto duda, si hay elementos, pruebas respecto a una conducta que representó un delito, pues hay que presentarlas, contra él y contra cualquier funcionario público”.
– Y cómo va la investigación.
“Pues la lleva en integración el titular de la Visitaduría del órgano interno de control”.
– ¿Ha tenido algún avance?
“No sé el avance exacto, pero es una carpeta abierta donde él está recabando entrevistas, está revisando los documentos, se mandó a hacer un peritaje en cuanto a esas cartas… es la información que tengo”.
En las denuncias anónimas, también fue mencionada la esposa del coordinador de gabinete de la FGE, y ante la pregunta sobre el caso, Andrade se molesta y aclara:
“Todo está en investigación, pero sí quisiera ser bien clara y enfática: conozco a la esposa de Juan Carlos Buenrostro y se me hace muy delicado que en publicaciones anónimas se metan con la familia. Ella es un ama de casa que se dedica a cuidar a su hijo, tiene un solo hijo. No he tenido conocimiento, pero si hay alguien que tenga conocimiento de la comisión de un delito, de un funcionario público o de una persona que no sea servidor público, familiar o no, pues que proceda como corresponda. Pero si no es así, sí es muy delicado involucrar a una persona de familia, a un ama de casa que ni siquiera tiene un trabajo público ni privado, en hechos de esta naturaleza”.
De algunos de los mencionados en conductas irregulares, la fiscal indica cuando se le pregunta si los investigó antes de darles un nombramiento:
“A ver, yo aclaro, ¿eh? No a todas las invité a trabajar, unos ya estaban trabajando aquí y no tengo ningún antecedente para considerar que sean personas que no tengan la confianza para trabajar en estos puestos. Si alguien lo tiene, quien haya hecho esas cartas o haga cualquier tipo de comunicación, si la tiene, que me las traiga, que traiga las evidencias para presentarlas. No los voy a investigar directamente yo, pero sí el órgano interno de control para que se proceda como corresponda”.
Aun cuando la investigación no ha concluido, defendió a su equipo:
“Tendría que actualizarme en qué etapa están las investigaciones, pero hasta ahorita, nada más te quiero decir que el informe, porque estuve al pendiente de los hechos -entre miles de temas-, nadie ha ratificado esa carta y nadie ha ido a decir o a hacerse cargo de esos señalamientos. Por eso digo: tenemos que tener evidencias y no ahorita, sino desde antes. Si alguien señala a una persona, tiene que presentar pruebas”.
En cuanto a las remociones que sí hizo en el primer trimestre del año (Mario Alberto Cervantes, Federico Iván Miramontes y David Castro Jiménez), explicó:
“Creo que por eso siempre hay que hablar claro, ¿eh? Entra precisamente el comandante, ni el anterior comisionado se fue ni por esos hechos, ni por esa carta. Tengo muchos años de conocer al anterior comisionado, hubo un cambio precisamente porque él traía unas situaciones de carácter familiar, estaban los temas de Ensenada, sí ocupábamos alguien que estuviera al mil en esos temas y por eso se hizo ese cambio de personas que son de carrera en la institución. Al llegar el nuevo comisionado, hizo cambio de algunos mandos, no de todos, pero se le dio la oportunidad de decidir para que él pudiera trabajar las investigaciones”.
ABIERTAS, INVESTIGACIONES CONTRA EX GOBERNADORES
La Fiscalía Anticorrupción, a la cual corresponde a la FGE dotar de infraestructura y persona, ya está funcionando plenamente:
“Sí, también aclaro: sí tiene instalaciones. Originalmente sí se había puesto no el área administrativa, pero sí era una unidad que estaba al Oriente de Mexicali, estaba un poco alejada, en el área denominada Nuevo Mexicali, y ya tiene instalaciones con todo el equipo en un edificio. De hecho, es el edificio de Visitaduría, comparte instalaciones, están juntos, pero no revueltos, y cuenta con los agentes y presupuesto que él pidió (Javier Salas, el fiscal), con agentes de Investigación, con personal. Le turnamos seis fiscales y auxiliares, como diez… Obviamente que fue paulatina la conformación de la Unidad”.
Sobre el número de carpetas que investigan, no lo proporciona porque le han dado “cierta independencia de trabajo y tiene todas las herramientas para trabajar”.
– Por ejemplo, si le pregunto cómo van las investigaciones contra los ex gobernadores Francisco Vega y Jaime Bonilla por temas de corrupción, o las que presentaron la Secretaría de Honestidad y las sindicaturas, ¿tiene información de eso?
“En general, sí. Hoy tratamos el tema de las investigaciones, están abiertas, iniciando o, se están retomando, pero ya los datos específicos que en su oportunidad habrá mayor con el licenciado Salas”.
“TENGO AUTONOMÍA PARA LA INVESTIGACIÓN”
Previo a que la propusiera para ocupar la titularidad de la FGE, María Elena Andrade había colaborado en dos áreas con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda como directora de Seguridad Pública en su gestión como alcaldesa de Mexicali, y en el Estado la nombró comisionada del Sistema Penitenciario. La pregunta ante la cercanía entre ambas, es obligada: ¿Tiene autonomía la FGE?
“Pues totalmente, totalmente tengo la autonomía para la investigación. Creo que la gobernadora está ocupada en gobernar el Estado en los temas políticos y sociales, claro que como gobernadora del Estado pues le interesa y tiene que saber lo que pasa en el Estado, en este caso, ella estuvo muy al pendiente del asesinato de Minerva, pero en cuanto a la investigación, trabajo con autonomía mis investigaciones con mi equipo de trabajo, y no ha habido ninguna situación que me afecte en la investigación”.
– Pero usted está presente en todas las mañaneras de la gobernadora, como si fuera parte del equipo…
“Sí, también esporádicamente está presente el Tribunal Superior de Justicia porque es tema de coordinación, están presentes las fuerzas federales y no depende de ella”.
ACUERDO ENTRE FGE Y TSJ SOBRE JUECES LIBERADORES
En los últimos meses se ha intensificado la denuncia de jueces que, a su determinación, liberan a detenidos presentados por las fiscalías; Baja California no ha sido la excepción, de esta denuncia que se ha hecho desde Palacio Nacional y que es uno de los argumentos para la reforma al Poder Judicial, sobre el tema y su relación con el Tribunal Superior de Justicia de BC, Andrade pronunció:
“Fíjate que precisamente hoy, y el lunes, tuve una reunión con el presidente del Tribunal y mi equipo. Hemos tenido casos que ya ha denunciado el fiscal general, de personas, de detenidos, de hechos delictivos de alto impacto y que posteriormente son liberados. Ya ni siquiera por el tema del IPH (Informe Policial Homologado) o que está mal la detención, porque traen el tema de la prisión preventiva oficiosa, que es un tema de temas que considero va a impactar directamente en la seguridad, donde ya hubo posicionamiento de la Federación, inclusive del presidente de la República, de los gobernadores de los estados.
“Y definitivamente ha habido algunas situaciones muy mediáticas que se han llevado a cabo por jueces federales, sin embargo, hemos tenido algunos casos, menos, pero sí, de jueces del orden común que dependen precisamente del Tribunal Superior de Justicia, el cual ha externado su opinión en ese sentido y se están tomando cartas en el asunto. Vamos a analizar con detenimiento este tipo de libertades, y si consideramos que se puede dar la comisión de un delito, vamos a iniciar la investigación correspondiente”.
Adelantó que, en el Tribunal local, ya investigan: “Independientemente de la resolución administrativa que llegue a tomar el presidente del Tribunal, quien ya se comprometió, aunque sea un Poder totalmente independiente, creo que la coordinación en temas de seguridad es básica y él también como parte de una sociedad se comprometió a analizar esos casos y a tomar cartas en el asunto de manera administrativa”.
Explicó sobre algunos casos, de hecho, denunciados por la gobernadora:
“Sí, tuvimos conocimiento de un caso, de una liberación reciente. Bueno, no se llevó a cabo la liberación porque la fiscalía se opuso rotundamente a esa libertad por cambio en medida cautelar, no en libertad por sentencia absolutoria ni libertad porque está mal el IPH, ni libertad porque la fiscalía no haya reunido elementos ni por un error policial. Es ese otro concepto de libertad que han estado utilizando últimamente algunos jueces –no digo que todos, los menos- y que empezó precisamente en la Federación con ese tema, que consideramos son libertades irregulares e ilógicas. La semana pasada estuvo a punto de ser liberada una persona de las instalaciones, que a nosotros nos convocaron para audiencia, y nosotros nos opusimos rotundamente…”.
– Cuál fue el acuerdo con el presidente del Tribunal.
“Va a revisar las atribuciones de los jueces administrativamente, si esas determinaciones tienen fundamento legal y administrativo o no es así, en todo caso sería un atropello de servidores públicos contra la administración de justicia. Digo atropello hasta ahorita porque no puedo asegurar que sea un delito, si advertimos de esa información que nos dé el presidente del Tribunal, ya vamos a tomar decisión, si abrimos las investigaciones en contra de los jueces, pero definitivamente nuestra postura es que no estamos de acuerdo en esas medidas que se están tomando”.
En la última edición de ZETA fue publicado el caso de la jueza María Elvira Luna Vargas, quien no concedió la prisión preventiva oficiosa a dos personas que presentaron como presuntos responsables de desmembrar cuerpos. Los dejó en libertad y ahora están prófugos, no acudieron a la cita que la juzgadora les puso. Explicó la fiscal:
“Creo que va a dar información la presidencia del Tribunal, pero es una de las principales que están en investigación administrativa interna, digamos, porque todavía no iniciamos una investigación penal. Consideramos que el criterio utilizado es totalmente aberrante, fuera de todo contexto jurídico. En ese caso de los descuartizadores, hasta el mismo domicilio donde descuartizaban a las víctimas era el domicilio utilizado. Es que no nada más hay que irnos a una investigación contra el tema del arraigo, porque pueden rentar un cuarto, o sea, ¿y el riesgo para la sociedad, el riesgo para la investigación? ¡Si son criminales asesinos, descuartizadores, que los encontraron con el cuerpo desmembrado! Eso creo que va a dar pie a que Presidencia del Tribunal tome medidas, estamos esperando esa determinación y en su caso vamos a analizarlo también la fiscalía, para ver si corresponde al inicio de una investigación penal o no”.
EXAMEN DE CONTROL ES CORRECTO, CONDUCTA EN CALLE CAMBIA
Con relación a los policías, de cualquier corporación o integrantes de las Fuerzas Armadas que han sido detenidos por colaborar con el crimen, se le pregunta a la fiscal Andrade si los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza funcionan, al no detectar o prever este tipo de conductas irregulares:
“Los Exámenes de Confianza son muy exhaustivos, yo misma los he llevado a cabo, los compañeros. Creo que aquí se requiere una vigilancia constante por parte de los órganos internos, porque una persona puede pasar los Exámenes de Confianza, y en esas condiciones, cuando los hizo, era apto para ingresar a la institución, sin embargo, conforme llevan a cabo el trabajo se pueden involucrar en actividades ilícitas, como pasa a veces con corporaciones policiales de cualquier país. Creo que el tema es la consecuencia, los Exámenes de Confianza son muy completos y no quiere decir en ese momento que no esté correcto que haya ingresado la persona, sin embargo, en el camino se perdió y hay que actuar en consecuencia, porque si no hay consecuencia, se da esta impunidad interna”.
– Los órganos internos de control, ¿funcionan?
“Sí, funcionan, ahí están las investigaciones, no hay compromiso con nadie, inclusive hay faltas y muchas que se llevan a cabo a veces, alguna amonestación, alguna suspensión. Muchos son temas administrativos, pero si no se atienden de esa manera, pueden ir ascendiendo y, por falta de consecuencia, llegar a la comisión de un delito. Un agente puede entrar a la Policía y está bien que haya pasado el examen porque está correcto, no es que haya habido un error, porque se investiga de todo a todo, pero si en el camino le invitan a robar la droga, como el caso este que fueron varias corporaciones y fue muy mediático hace meses, y él acepta, el examen está correcto. Su conducta ya en la calle fue distinta y dio motivo a una sanción, o una: o lo mataron, o lo suspendieron, o está en la cárcel”.
Muchas gracias.
