En la conversación sobre la transparencia gubernamental se identifican dos obligaciones que deben cumplirse por mandato legal: En primer lugar, se requiere que las instituciones publiquen de manera constante toda la información estipulada por la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lo que llamamos “obligaciones de transparencia”); y en segundo lugar, que se respondan las solicitudes de acceso a la información que realicen las personas, sin distingo ni condiciones. Para facilitar la consulta de información y el acceso a ésta, como resultado de ambos procesos, en México contamos con la Plataforma Nacional de Transparencia que garantiza su disponibilidad.
En este orden de ideas, conceptualmente la transparencia se ha dividido en dos enfoques: la transparencia activa, que implica la publicación permanente de las obligaciones de transparencia a través del portal mencionado, de manera oficiosa y sin necesidad de ser requerida; y la transparencia reactiva, que consiste en responder solicitudes de acceso a la información formuladas por la ciudadanía, es decir, brindar la información en reacción a una solicitud de la misma. Pero, además, existe un tercer tipo de transparencia que va más allá de lo requerido por ley: la transparencia proactiva.
Como su nombre lo indica, la transparencia proactiva supone un esfuerzo adicional por parte de las instituciones públicas, dado que no es una obligación legal y depende del compromiso de la institución con la transparencia. Ahora bien, no se trata únicamente de proporcionar información adicional a la obligatoria, sino asegurar que dicha información tenga una utilidad para la sociedad y genere efectos positivos en el entorno.
En este sentido, para que la información tenga potencial de aprovechamiento, debe cumplir con ciertas características que le otorgan dicho valor; por ejemplo: que la información sea accesible, confiable, comprensible, oportuna, veraz, congruente, integral, actual y que su origen se pueda verificar. Además, es esencial que esta información a publicar haya sido definida como resultado de ejercicios de consulta a un público objetivo (la definición del público objetivo depende del ámbito de atribuciones de cada institución).
En el INAI hemos recibido y reconocido diversas prácticas que se pueden presentar de múltiples maneras: desde una revista de un sindicato cuyo objetivo es informar a su gremio sobre las últimas actualizaciones y avances en la industria eléctrica; o aplicaciones de teléfono que tienen el objetivo de informar sobre productos y servicios disponibles al público en general y de manera gratuita; hasta políticas públicas integrales que se plantean como objetivo el orientar a quienes visitan el país.
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Estas experiencias, junto con muchas otras nacionales e internacionales, se encuentran disponibles para su consulta en el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional. Éste es un repositorio disponible en el sitio de internet de Estado Abierto del INAI, que tiene entre sus objetivos facilitar la consulta y replicabilidad de ejercicios reales de transparencia proactiva y de apertura institucional.
Dichas prácticas muestran cómo diferentes formas de transparencia proactiva benefician a la sociedad. Por ello, tanto el INAI como los organismos garantes locales tienen como misión incentivar a las instituciones gubernamentales a dar este paso extra y reconocer a la transparencia en colaboración con públicos objetivo como factor de beneficio para la ciudadanía y también para la propia institución pública.
En los últimos años, la transparencia proactiva se ha instalado como la frontera en este ámbito y seguimos avanzando en ella. La misión de los organismos garantes de transparencia es trabajar para que esta práctica se convierta en la norma y no en la excepción. Fomentemos una transparencia más allá de la obligación, creando lazos de confianza y mejorando nuestra capacidad gubernamental para implementar nuevos mecanismos democráticos basados en esquemas de gobernanza.
Es momento de transitar hacia una nueva visión de gobierno, de estrechar lazos entre el gobierno y las distintas expresiones de la ciudadanía para avanzar hacia un gobierno de y para la sociedad. Dejemos de lado las viejas visiones de un gobierno unilateral y generemos puentes de comunicación continua y permanente con el objetivo de que, apoyados en la apertura institucional, realicemos esta transición juntas y juntos hacia un Estado Abierto.
Adrián Alcalá Méndez es bajacaliforniano, comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales).
